Aunque la excarcelación del trabajador petrolero, Darío Estrada, reavivó la esperanza de otras medidas humanitarias el pasado fin de semana, no hay respuesta aún para quienes aguardan por la libertad de los otros tres jóvenes neurodivergentes acusados de presunto terrorismo e instigación al odio.
Caracas. Gabriel Sánchez Piña, Gilmari Alcalá Lasala y Juan Nahir Zambrano son los tres jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que siguen a la espera de su excarcelación, pese a la exigencia de organizaciones civiles y activistas que denuncian que el entorno carcelario representa una amenaza para la integridad de quienes tienen esta condición.
Aunque la excarcelación de Darío Estrada, un ingeniero petrolero diagnosticado con síndrome de asperger, reavivó la esperanza de otras medidas humanitarias, no hay respuesta aún para el resto de los casos.
Estrada, quien cumplía una condena de 30 años por homicidio y terrorismo, fue excarcelado el domingo, 8 de febrero, tras casi seis años de reclusión. En el año 2020 fue detenido sin la presentación de una orden judicial. Las autoridades le imputaron cargos por participar en una presunta conspiración tras las elecciones parlamentarias de ese mismo año.
En 2024, el sistema de justicia le dictó la pena máxima en la legislación venezolana luego de tres juicios. Cumplía su condena en la cárcel de Yare II, estado Miranda.
Su caso contrasta con el calvario de los familiares que aguardan por la libertad de los otros tres jóvenes con autismo, también acusados de presunto terrorismo.
Crisis sensorial tras las rejas
Hasta el momento, el sistema penitenciario mantiene a los tres jóvenes en custodia indefinida. Fuentes vinculadas al activismo por los derechos humanos explicaron a Crónica Uno que Zambrano, Sánchez y Alcalá permanecen recluidos bajo imputaciones de presunta asociación y terrorismo.
Sus procesos judiciales carecen, hasta la fecha, de las medidas humanitarias necesarias para su condición. Organizaciones de la sociedad civil como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón denuncian que los procesados no cuentan con las condiciones mínimas para su bienestar mental y físico.
El domingo 8 de febrero la Organización Venezolana de Autismo (OVA), advirtió a través de un pronunciamiento que el entorno carcelario constituye una tortura sensorial y emocional para quienes pertenecen al espectro autista. Además de provocar regresiones psicológicas irreversibles en los procesados.
Según La Clínica Mayo, el trastorno del espectro autista (TEA) abarca una serie de afecciones neurológicas y del desarrollo que alteran el comportamiento, la comunicación, el aprendizaje y la interacción con los demás.
Aunque el autismo no empeora como enfermedad, los síntomas y manifestaciones se agravan debido al estrés elevado, sobrecarga sensorial (luces/ruidos), cambios drásticos en la rutina, falta de apoyo, acoso o problemas médicos.
Gestiones ante el Estado
Ante el riesgo de un deterioro en la salud de los detenidos, los esfuerzos de los activistas se centran en la validación de los diagnósticos médicos. Una fuente vinculada al activismo aseguró a Crónica Uno que Juan Zambrano ya cuenta con una verificación forense, mientras que el círculo cercano de Gabriel Sánchez notificó recientemente su condición ante los tribunales.
Los tres jóvenes tuvieron contacto con sus familiares y abogados y tienen una salud estable. No obstante, aunque la defensa ya consignó comunicaciones ante la Comisión de la Verdad, para exigir que el Estado aplique medidas humanitarias inmediatas en estos tres expedientes, no se han tenido mayores avances.
“Entre el 5 de enero y el 15 de febrero, se consignó una misiva a la presidenta (E) Delcy Rodríguez y a la Comisión de Paz y Convivencia. Pese a la promesa de gestiones correspondientes, las liberaciones no se concretan y seguimos a la espera”, cuenta la fuente, quien por medidas de seguridad prefirió el anonimato.
El caso de Gilmari Alcalá
Gilmari Alcalá posee un diagnóstico de TEA grado uno y permanece en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, bajo cargos de presunta traición a la patria y terrorismo.
La joven carece de una validación oficial por parte de los organismos forenses, lo que la mantiene en un estado de indefensión legal. Esta falta de certificación técnica impide que el tribunal reconozca su discapacidad psicosocial.
Fue detenida en el estado Aragua junto con sus padres, lo que fracturó su núcleo de apoyo. La defensa solicitó con urgencia una evaluación médico-forense, requisito indispensable para que el sistema de justicia considere su condición especial y proceda con su excarcelación.
El caso de Gabriel Sánchez
Gabriel Sánchez, de 19 años, está recluido en la PNB de Boleíta, desde el 30 de noviembre de 2025. Al igual que Alcalá, posee un diagnóstico de TEA grado uno, sin validación médica oficial ante el tribunal.
Las autoridades le imputan presunta traición a la patria y financiamiento al terrorismo. El joven, residente de Maracaibo, fue arrestado en su domicilio durante un operativo donde funcionarios con rostros cubiertos y armas largas irrumpieron sin orden judicial.
El caso de Juan Nahir Zambrano
Juan Nahir Zambrano, de 23 años, padece TEA grado uno con verificación de la medicatura forense. Se encuentra en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, desde mayo de 2022. Su detención ocurrió junto con la de su hermano, Josué Zambrano, bajo acusaciones de supuesta conspiración contra Nicolás Maduro.
Informes médicos de la Corporación de Salud del estado Táchira, emitidos en junio de 2024, revelaron que Zambrano presenta una agudización de su condición, desorientación y ansiedad severa.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón solicitó de forma reiterada una evaluación psiquiátrica ante los episodios de depresión desarrollados durante su estancia en prisión.
La permanencia de estos tres jóvenes en centros penitenciarios comunes ignora sus diagnósticos de TEA y vulnera sus derechos fundamentales. Sin embargo, en años anteriores denuncias similares han hecho eco de la situación. Tras las elecciones presidenciales de 2024, diversas organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentaron denuncias de tortura y tratos crueles contra adolescentes en Zona 7.
Familiares y víctimas denunciaron el uso de descargas eléctricas, golpes con bates y tablas, y asfixia con bolsas plásticas durante los interrogatorios para forzar confesiones. También se documentó el confinamiento en celdas sin luz natural, la negación de agua potable y la prohibición del uso de baños, lo que obligó a los adolescentes a realizar sus necesidades en bolsas plásticas.
En su más reciente informe, el OVP reveló que la sede de la PNB en Boleíta, conocida como Zona 7, diseñado originalmente para detenciones preventivas de máximo 48 horas, alberga a más de 420 personas en celdas subterráneas. Según la organización, los calabozos carecen de circulación de aire y luz solar. En sus espacios circulan enfermedades como tuberculosis, escabiosis (sarna) y VIH.
A pesar de a las gestiones ante la Comisión de la Verdad y la existencia de certificados médicos, el sistema judicial mantiene las acusaciones de terrorismo y posterga las evaluaciones forenses necesarias para sus liberaciones.
Los especialistas de distintas organizaciones califican como una contradicción los discursos de reconciliación nacional mientras persiste el encarcelamiento de ciudadanos vulnerables, cuya salud mental se deteriora debido al aislamiento y ruptura de sus rutinas en entornos hostiles.
Lea también:
Bolívar suma nueve mujeres presas políticas excarceladas en lo que va de 2026