Juan Carlos Monasterios, sargento mayor de primera retirado de la GNB, fue trasladado al Rodeo I el pasado 4 de abril, desde entonces su hermana Giowanna Monasterios no tiene información de él. Monasterios fue condenado a 30 años de prisión por estar presuntamente involucrado en un supuesto atentado en contra de Nicolás Maduro en agosto de 2018.
Caracas. Se suman dos meses desde que la familia Juan Carlos Monasterios, sargento mayor de primera retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), no tiene noticias de él. El 4 de abril fue trasladado junto con otros presos políticos a El Rodeo I, en el estado Miranda, y desde ese entonces no se le permite ningún tipo de comunicación con su familia.
Quien está a cargo de él es su hermana Giowanna Monasterios, quien se encuentra en el exilio. Cuando Juan Carlos estaba recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), solo se comunicaban por llamadas telefónicas cada dos días.
“Pido que por favor ya dejen las torturas porque hoy se cumplen dos meses desde que no sé nada de él. Le están violando sus derechos, ni siquiera le han dejado hacerme una llamada telefónica a mí que soy la única familia que tiene”, dijo.
Juan Carlos fue detenido en Caracas el 5 de agosto de 2018. Lo condenaron a 30 años de prisión por supuesto intento de magnicidio en contra del mandatario Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, en medio de un desfile militar en conmemoración del 81º aniversario de la GNB, en la avenida Bolívar de Caracas.
Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz para entonces, informó que dos drones fueron cargados con explosivos C4 y usados para atacar a Maduro.
No avisaron del traslado
Tanto Giowanna como otros familiares de presos políticos denunciaron que no les notificaron el traslado de los detenidos y que los llevaron bajo engaño para una supuesta revisión médica. Manifestaron que el acceso a la visitas y las condiciones se recrudecieron.
Solo familiares cercanos pueden ver a los detenidos. Además, denuncian deben ingresar encapuchados y tienen 15 minutos para conversar a través de un locutorio. También están acompañados de custodios.
Las celdas son de 2×2 metros y usan letrinas. Las celdas están llenas de mosquitos lo cual hace que se salgan ronchas a los privados de libertad. Los parientes denunciaron que los privados de libertad bajaron de peso.
El domingo 2 de junio el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el Ministerio de Prisiones trasladó a presos de la antigua cárcel de La Planta de Caracas de forma arbitraria y sin consultar a sus familiares. El OVP manifestó que les quitaron los alimentos y medicinas.
Siguen los traslados inconsultos y arbitrarios. Ministra @CelsaBautistaO los familiares de los presos tienen derecho a saber adónde fueron trasladados sus seres queridos, qué día tienen visita y cuáles son sus condiciones de encarcelamiento.
Durante los traslados de la antigua… pic.twitter.com/d2EsIUYf36
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 2, 2024
Salud en deterioro
A Juan Carlos Monasterios lo operaron de la columna y de la vesícula. Por la última intervención quirúrgica su madre, Yosida Vanegas, de 68 años de edad, viajó a Venezuela para verlo, después de estar tres años fuera del país. Era la única que podía visitarlo. Ahora se encuentra detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) por solo querer ver a su hijo.
Juan Carlos necesita atención médica periódica y debe mantener una dieta estricta por sus patologías. Con la ayuda de otros familiares de presos en El Rodeo, su hermana le envía algunas cosas que necesita pero no tiene seguridad de que las esté recibiendo.
“Exijo fe de vida de mi hermano y hago responsable a Maduro y su cadena de mando de todo lo que le pase a mi hermano y mi mamá. Tienen algo en su contra por haber dejado la Guardia Nacional solo por pensar diferente a la dictadura”, sostuvo Giowanna Monasterios.
Denunció que su hermano fue víctima de torturas que le dejaron secuelas y que empeoraron sus patologías previas. Le pusieron electricidad en los testículos, costillas, en los pies y le arrancaron las uñas. Lo asfixiaron con bolsas, en agua, y le dieron golpes en varias partes del cuerpo y en el rostro. También le partieron un diente.
Contó que lo esposaron y lo guindaron; todo el peso de su cuerpo quedaba en las muñecas con las esposas. Igualmente lo rociaban con líquidos y excremento para que lo picaran zancudos.
La detención de esta familia la denunció la abogada Tamara Suju ante organismos internacionales como Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Casla.
Según Foro Penal en Venezuela hay 274 personas detenidas por razones políticas. 147 de ellos son militares.
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