Las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, abrió una expectativa sin listas oficiales ni libertades plenas. Parientes de presos políticos pernoctan en cárceles y centros de detención preventiva acompañados por el desgaste físico, la incertidumbre y reclamos no atendidos por las autoridades.
Caracas. A 15 días del anuncio oficial de excarcelaciones la espera se traduce en desgaste físico y emocional para quienes permanecen a las afueras de penales como Rodeo I, Ramo Verde, Tocorón y Yare III, y en centros de detención de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta.
Fiebre, náuseas, dolor muscular y malestar estomacal –por dificultades para evacuar– son algunos de los síntomas que presenta Zoraida González desde que duerme en las afueras del penal Internado Judicial Rodeo I, en Guatire, estado Miranda.
Otras personas también pernoctan en carpas y colchones improvisados en el piso de un comercio cercano a la cárcel. Aseguran a Crónica Uno que los malestares son consecuencia del estrés constante al que están sometidos.
Consideran que estar en esas condiciones es una forma de tortura contra los familiares, quienes permanecen en vigilia tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de venezolanos y extranjeros detenidos, el 8 de enero pasado.
“Nosotros comemos bien, eso no se puede negar. Las organizaciones que han venido, y hasta personas de la comunidad, nos han ayudado mucho, pero es inevitable. Esta situación enferma a cualquiera”, dice Zoraida, mientras observa a una madre que intenta dormir, luego de tomarse unas pastillas para aliviar un dolor de cabeza.
El anuncio
Este viernes, 23 de enero, se cumplen 15 días del anuncio transmitido por televisión nacional. Para quienes tienen meses o años, con familiares detenidos por motivos políticos, el mensaje significó una esperanza.
Sin embargo, la ausencia de información en los centros penitenciarios y la falta de explicaciones oficiales sobre por qué el proceso de excarcelaciones es “tan lento” prolongan la zozobra de los parientes que viajaron desde distintos puntos del país.
“Queremos y necesitamos una respuesta, que nos den la cara”,
exige una familiar.
Los testimonios se repiten con matices similares: abandonar el hogar, reorganizar el cuidado de los hijos, pedir permisos laborales o, en otros casos, perder el empleo.
Cifras
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos verifican las cifras de excarcelados, así como de personas que permanecen detenidas y de casos cuyo paradero todavía no se confirma.
Aunque los números varían ligeramente, todos coinciden en cifras elevadas. Hasta el 21 de enero, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba 949 personas detenidas por motivos políticos.
Mientras que el Foro Penal, hasta el 19 de enero, registraba 777 casos, mientras que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reporta 1338 personas privadas de libertad.
Sin listas
Posterior al anuncio de Jorge Rodríguez, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró que el Estado avanzaba en nuevas liberaciones y defendió el proceso como un gesto de “coexistencia pacífica”. Sin embargo, el gobierno chavista no publica listas oficiales de los excarcelados.
En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente a la existencia de un sitio de torturas en el centro de Caracas y vinculó el tema de los presos políticos con las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, lo que puso la situación carcelaria venezolana en el foco internacional.
Aunque el Ejecutivo insiste en hablar de “liberaciones”, en la práctica lo que ocurren son excarcelaciones: salidas condicionadas bajo medidas cautelares como régimen de presentación, prohibición de declarar ante los medios de comunicación y restricciones de movilización. En estos casos las personas no recuperan plenamente sus derechos ciudadanos.
Cámaras y opacidad
En la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, los familiares denuncian amedrentamiento de los funcionarios, quienes intentan desmovilizarlos. A pesar de ello mantienen la protesta pacífica para exigir información sobre sus seres queridos y el respeto a sus derechos.
El martes, 20 de enero, un muro metálico de uso antimotín conocido como “el murciélago”, junto con un grupo de funcionarios, separó las carpas –en las cuales pernoctan cerca de 20 personas– de la sede policial. Al inicio el plantón no superaba las 10 personas, pero se sumaron más familiares con el paso de los días.
La última acción de la PNB, para forzar la desmovilización, se registró el miércoles, 21 de enero, cuando instalaron cámaras de vigilancia que apuntan directamente a las carpas y a los espacios ocupados por las familias.
En las adyacencias de la antigua zona 7, de la extinta Policía Metropolitana, permanecen mujeres y hombres quienes cuentan que sus seres queridos fueron detenidos entre el 25 y 27 de noviembre de 2025.
Sede fantasma
“Aquí no hay presos”, repiten algunos uniformados. “¿Entonces quién se murió, un fantasma?”, responden los familiares al referirse al fallecimiento de Edison José Torres, preso político desde el 9 de diciembre de 2025.
La muerte se registró el 11 de enero pasado, e incrementó el temor entre quienes denuncian que el recinto no cuenta con condiciones mínimas para los privados de libertad. Y la preocupación se intensificó el 20 de enero, cuando se viralizó en redes sociales la noticia de otro presunto fallecimiento.
“Yo me enteré por una persona que tiene allí a su familiar detenido. Como es amigo nuestro, nos dijo que mi hermano estaba muy mal”, contó a Crónica Uno, Eloísa Hernández, hermana de José Gregorio Hernández, señalado como el supuesto fallecido.
Eloísa reclama que en la PNB de Boleíta nadie le ha confirmado ni desmentido la información y exige una fe de vida que permita aclarar la situación de su hermano, detenido en Maracaibo, el 25 de noviembre de 2025.
Un año de silencio
“Mi muchacho está bien. Pude verlo y está bien”, le dijo Sara* a su hermana tras salir de la visita en el Rodeo I, donde logró ver a su hijo un año después de su detención, que ocurrió finales de enero de 2025.
Lo único que sabía era que el Gobierno lo acusaba de ser copartícipe de un presunto plan terrorista. Primero acudió a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, donde negaron su presencia. Luego supo extraoficialmente de su traslado al Rodeo, sin obtener información oficial.
El viernes 16 de enero las personas que llevaban meses, y hasta un año, en aislamiento prolongado lograron su primera visita y constataron el estado de salud de los detenidos. Afuera del penal las familias celebraron con abrazos y lágrimas lo que calificaron como “un logro colectivo”.
Entre ellas estuvo Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien pudo ver a su esposo Rafael Tudares, preso desde el 7 de enero de 2025. Tudares fue excarcelado en la madrugada del jueves, 22 de enero, y llevado directamente a la Embajada de Suiza.
Más espera
El 20 de enero los parientes de los presos políticos acudieron al Ministerio Público, para exigir información sobre los detenidos y reclamar la opacidad en los procesos de excarcelación anunciados por el Gobierno.
Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía no recibieron a la comisión de familiares que pretendían consignar un documento, en el cual también alertan sobre 200 personas en desaparición forzada.
Ante la ausencia de respuestas los asistentes reiteraron que mantendrán la presión mediante concentraciones y denuncias públicas. Insisten que aún hay personas detenidas sin juicio ni información oficial, lo que prolonga una espera marcada por el desgaste, la incertidumbre y el temor.