Tan solo en los primeros cinco meses de 2025, la ONG Provea ha recibido un total de 16 denuncias de desapariciones forzadas. En la mayoría de estos casos se han entregado comunicados y recursos a distintos organismos gubernamentales, sin lograr una respuesta positiva a cambio.
Caracas. Desde el inicio de 2025, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas se han convertido en prácticas recurrentes, que amenaza con consolidarse como parte habitual del sistema judicial venezolano.
Un ejemplo de ello es la reciente declaración del fiscal general —designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC)—, Tarek William Saab, quien evitó pronunciarse sobre la detención arbitraria del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres.
En su comunicado, publicado el 14 de mayo pasado, es decir, 96 horas después de la desaparición del abogado del Programa de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea), el titular del Ministerio Público aseguró que a Torres se le habían respetado sus derechos y garantizado el debido proceso.
En lo que va de año, Provea ha recibido 16 denuncias relacionadas con detenciones forzadas.
Según un vocero de la organización que prefirió mantener su identidad a resguardo por temor a represalías, la mayoría de estos casos involucran a personas extranjeras, activistas políticos o defensores de derechos humanos.
Se han enviado comunicaciones y recursos a la Defensoría y la Fiscalía, pero hasta ahora no han ofrecido ninguna respuesta.
El 19 de mayo pasado, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifestó su “preocupación y rechazo” frente a acciones que forman parte de la violación del debido proceso, a la libertad individual e integridad física y moral.
La OMCT señaló que desde las elecciones del 28 de julio de 2024 se ha registrado un aumento significativo de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, especialmente durante las manifestaciones poselectorales en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante ese período, según cifras oficiales, al menos 2400 personas fueron detenidas en un lapso de nueve días.
115 días
Desde su detención arbitraria en su residencia en Los Jardines de El Valle, el 24 de enero de 2025, la familia de Henrry Castillo no tiene noticias sobre su paradero.
La única información que manejan es que su captura fue ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro, que lo vinculó con una presunta acción “terrorista” denominada Operación Oro, prevista para diciembre de 2024.
Junto al rostro de Henrry, mostrado en cadena nacional por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se presentaron las acusaciones.
Aunque sus familiares han acudido al Palacio de Justicia, donde tiene un expediente abierto y un defensor asignado, este último asegura desconocer el lugar en el que Henrry está recluido.
“Es insólito porque estas defendiendo a un ciudadano y no sabes la ubicación de esta persona. Ahí se ve cómo se violan los derechos humanos tanto de él, como de nosotros como familia”,
enfatiza una familiar de Castillo que reside en el exterior del país.
Por ello, sus allegados han realizado recorridos por centros como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, y la cárcel de El Rodeo I, sin obtener pistas ni respuestas.
“Esto genera un deterioro psicológico porque uno no sabe a dónde más ir. Ya ni nos dan información. Muchas veces solo nos dejan esperando. Deberían decirnos algo porque si ya fue presentado, nosotros como familia y él como detenido tiene derechos como una llamada”, insiste.
Para la hermana de Castillo, además de la preocupación por su hermano, está la salud de sus padres debido a que ambos son hipertensos. También los hijos de Henrry, de seis y nueve años de edad.
“El mayor no sabe aún, el más pequeño pregunta por él. Dice que cuándo va llegar”, lamenta.
Agrega que Henrry es comerciante y que nada tiene que ver con las acusaciones. A juicio de la familia, los señalamientos podrían estar relacionadas con su sobrino Cristian Hernández, un exteniente vinculado a la Operación Oro.
Sin noticias
Como en el caso de Henrry Castillo Molero, otros familiares consultados por Crónica Uno denuncian que desconocen el paradero de sus seres queridos detenidos.
“Tenemos ya 118 días sin saber de nuestros familiares”, dice la madre de Génesis Rodríguez Araña, quien desde finales de enero desconoce la ubicación de su hija sus dos sobrinos, Daniela Araña y Gilbert Araña. Todos fueron detenidos y mostrados en televisión nacional.
Aunque la sede del Dgcim en Boleíta es punto de encuentro para unas 60 personas que acuden semanalmente con la esperanza de obtener información, algunos han optado por buscar en otros lugares.
Mayra Boscán, madre de Eudy Boscán, cambió su búsqueda a la cárcel de El Rodeo, donde le aseguraron que estaba su hijo. No obstante, al llegar al penal en el estado Miranda, le informan que no se encuentra allí.
“Ya tengo un mes yendo los sábados y domingos, pero nada. El Día de las Madres mi regalo fue ir con la esperanza de que se conpadeciersn y me dejaran verlo”, afirma la madre.
Afirma que algunos funcionarios del penal adoptan actitudes hostiles frente a las preguntas, pero ella se mantiene firme, sin dejarse intimidar.
Eudy Boscán, de 26 años, fue detenido el 29 de enero de 2025, mientras prestaba un servicio como mototaxi.
Su familia sospecha que su detención se debe a que la pasajera que transportaba en ese momento es pareja de Cristian Hernández, el exteniente vinculado a las operaciones Aurora (2019) y Oro (2024).
Opinión internacional
El lunes 19 de mayo, expertos designados por la Organización de Estados Americanos (OEA) publicaron un informe en el que señalan la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“El Panel concluye que la represión electoral marca un punto de inflexión crítico: el momento en el que el Estado venezolano avanzó desde la comisión sistemática de graves crímenes de lesa humanidad hasta la consolidación de una infraestructura autoritaria plenamente madura que mantiene el poder a través del miedo, la violencia y la supresión”,
aseguraron los panelistas.
Santiago Cantón, presidente del panel, destacó que el gobierno de Nicolás Maduro ha perfeccionado sus mecanismos represivos.
“Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual se han convertido en instrumentos de un sistema autoritario que opera con total impunidad”, dijo.