El Ejecutivo ha creado programas y organismos para combatir la escasez, que han contado con el apoyo de los militares, pero los resultados han sido negativos, porque la ausencia de productos aumenta por los controles.
Mayela Armas/@mayearmas
Caracas. El pasado 11 de julio el Presidente Nicolás Maduro lanzó la Gran Misión Abastecimiento Soberano bajo el argumento de “resolver el problema de la economía criminal” y este plan, que se ejecuta con los militares, es el séptimo que crea para intentar garantizar el suministro de artículos básicos, cuya producción se ha desplomado ante las restricciones impuestas por el propio Ejecutivo.
A lo largo de tres años el jefe de Estado ha achacado los males de la economía a la llamada “guerra económica”, para la cual se han creado un conjunto de organismos, programas y medidas con resultados desfavorables para corregir la inflación y la escasez. Pese a la poca efectividad de las acciones, Maduro insiste en recurrir a esas vías.
El mandatario asegura que nueva la misión atenderá ocho “graves problemas” económicos: aumento de precios; acaparamiento, especulación, contrabando y bachaquerismo; bajo rendimiento productivo; sistema de distribución; cultura de consumo; ocupación territorial limitada del aparato productivo; deficiencia en los sistemas de mantenimiento y deficiencia en los mecanismos de articulación entre los actores económicos
No obstante, el Estado ya regula la distribución y además impone un control de precios y de cambio que tiene a las industrias contra las cuerdas, lo que ha agudizado el desabastecimiento, que firmas como Datanálisis, calculan en 82,8%.
Los ensayos y errores
El Presidente en septiembre de 2013 conformó el Órgano Superior de la Economía, cuyos objetivos eran: inspeccionar a las empresas de producción de alimentos así como a las distribuidoras y compañías de transporte e identificar los factores de “perturbación” que afectaban la cadena de distribución de alimentos hasta el consumidor final.
Dicha instancia estuvo a cargo del para entonces Vicepresidente Territorial y ministro de Transporte Acuático, Hebert García Plaza (mayor general), quien además fue el promotor del “Dakazo”, el operativo que ordenó bajar precios de electrodomésticos y otros productos y del cual los comercios siguen sin recuperarse. Durante su gestión, García Plaza hasta prometió acabar con las empresas maletín, pero el pasado año fue acusado de corrupción en Bolipuertos y Conferry.
Para ese período la economía empezó a desacelerarse, La industria terminó con una caída de 0,3% y la escasez superó el 20%.
A la par de las acciones del Órgano Superior de la Economía, el Gobierno empezó a instrumentar mecanismos para regular las ventas de los productos básicos, y en abril de 2014 anunció el lanzamiento de la tarjeta de abastecimiento seguro. En aquel momento, Maduro apuntó que entre 30% y 40% de los alimentos producidos en Venezuela salen del país por contrabando, y por lo tanto, con la tarjeta se frenaría el problema.
La necesidad de controlar más llevó a que en noviembre del mismo año se aprobara la Comisión de Inteligencia Económica en la que actuarían el Cencoex, el Seniat, la Superintendencia de Precios y el Sebin para afianzar las inspecciones a las industrias y comercios y garantizar el abastecimiento.
El jefe de Estado dijo que esa comisión funcionaría permanentemente, “para garantizarle al pueblo todas las condiciones para adquirir los productos”. Pero en 2014 los sectores clave de la economía terminaron con saldos negativos, la inflación se disparó al igual que la escasez de artículos esenciales.
De la Comisión de Inteligencia las autoridades no dieron balance y otra vez con el objeto de atacar la guerra económica, en enero de 2015, el Gobierno constituyó el Estado Mayor contra la Guerra Económica para “el abastecimiento y la tranquilidad económica del pueblo”, indicó Maduro. En esta instancia se incorporó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el fin “de vencer a las estructuras que propician el desabastecimiento”.
En paralelo a la conformación de la instancia, las colas en supermercados, abastos y cadenas de farmacia se recrudecían. El mandatario designó jefes para la fiscalización a los comercios, y en ese contexto, se sancionaron establecimientos, detuvieron ejecutivos y se ocupó la cadena de supermercados Día a Día.
Sin embargo, las distorsiones de la economía se agudizaron. Las restricciones en las entregas de dólares a las empresas aumentaron, lo que limitó más la producción. Ante la baja oferta, se elevaron las regulaciones, y desde el pasado año las compras de productos básicos se realizan según el terminal de la cédula de identidad y con captahuellas.
En el transcurso de 2015 el Gobierno siguió atribuyendo los problemas a la guerra económica y al contrabando, y en agosto de ese año cerró la frontera para garantizar así el abastecimiento, pero la medida no sirvió, porque la escasez siguió y la actividad comercial en las zonas fronterizas se hundió.
Los ensayos no han cesado y en abril de 2016 el Gobierno estructuró los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que están integrados por los consejos comunales, las Ubch y los representantes del Frente Francisco de Miranda y Unamujer.
Esas instancias están autorizadas para repartir bolsas de comida casa por casa y tienen poder para controlar la producción y la distribución de las empresas gracias al decreto de emergencia. De hecho, el jefe de Estado en reiteradas ocasiones ha indicado “todo el poder para las Clap” y ha aseverado que esa es una vía para el abastecimiento seguro. El Vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, además dijo que 70% de la producción de alimentos se tiene que orientar a esos comités y esta semana apuntó que “todos los rubros regulados deben ir a los Clap”.
Esa distribución de productos por medio de los Clap ha sido discrecional. Hay comunidades que reciben las bolsas una vez al mes, otras no han visto la primera. Los paquetes la mayoría de las veces llegan con menos productos de los prometidos. Los consejos comunales en cada zona exigen requisitos diferentes y no hay control de los despachos.
Aunque las autoridades dicen que los Clap se mantienen, esta semana el mandatario creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano con el apoyo de la FANB. El jefe de este plan es el ministro de la Defensa, Wladimir Padrino López, quien aseveró que la misión “no es un asunto de militarizar, no me gusta el militarismo, se trata de poner un poco de disciplina”.
Pero el ministro tiene un amplio poder sobre la producción y la distribución y con la misión puede tomar medidas para regular. En uno de los apartes del decreto se indica que el Comando puede dictar “medidas especiales y regulaciones sobre la compra, comercialización y distribución; financiamiento al sector productivo primario y al sector industrial; mecanismos especiales de financiamiento; normas especiales de control y cumplimiento de deberes formales por parte de productores agrícolas, sujetos de la agroindustria y de las industrias vinculadas al sector salud, y a la producción de bienes para el higiene personal y aseo del hogar; así como otras medidas y normas destinadas a la cabal implementación de la misión”.
Bajo esa misión ya se crearon autoridades únicas en los puertos. Istúriz expresó en el Congreso de la Patria Internacional que “tenemos un bachaqueo corporativo, porque lo que llega a los puertos desaparece. Hay toneladas que llegan y no van a las plantas”. No obstante, desde hace siete años el Gobierno controla todas las operaciones en los puertos.
Analistas consultados indican que esas medidas demuestran que el Ejecutivo sigue sin atender el problema que es la caída de la producción que causa la severa escasez de comida, medicinas y artículos de higiene personal.
Foto: Angeliana Escalona