La Alianza por la Libertad de Expresión presentó un decálogo que exige cesar la persecución judicial y garantizar la libertad de prensa en Venezuela. La propuesta incluye desbloqueo de portales y redes, restitución de concesiones y liberación de periodistas detenidos.
Caracas. Con un decálogo de diez acciones inmediatas, la Alianza por la Libertad de Expresión instó este miércoles, 25 de febrero, al Estado a revertir restricciones contra periodistas y medios.
El documento plantea desde la derogación de leyes que limitan la libre expresión, hasta la devolución de equipos y sedes confiscadas a medios de comunicación, medidas que buscan garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información diversa sin censura.
El documento suscrito por una coalición de nueve organizaciones gremiales, sindicales y académicas insta al Estado a iniciar un proceso de restitución de los derechos civiles y políticos mediante el cumplimiento de diez puntos urgentes.
Entre las peticiones figuran el desbloqueo de portales digitales y redes sociales, la restitución de concesiones de radio y televisión, la liberación de todos los trabajadores de la prensa detenidos en el ejercicio de sus labores, y el cese de la vigilancia sobre ciudadanos y comunicadores.
Con vigilancia se refirieron al monitoreo de comunicaciones, correos electrónicos, publicaciones en redes y el seguimiento físico de periodistas y medios, prácticas que vulneran la privacidad y libertad de expresión.
Exigencias legales y fin de la censura
La propuesta contempla, además, la derogación de leyes que restringen el debate público, como la Ley contra el Odio. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, señaló que esta normativa ha sido utilizada para criminalizar la crítica y perseguir a la disidencia.
En la práctica, esto ha implicado que ciudadanos y periodistas pudieran enfrentar procesos penales por el solo hecho de expresar opiniones críticas hacia el Gobierno o funcionarios públicos, una situación que recientemente ha sido reconocida incluso por algunos de esos mismos funcionarios.
El decálogo exige el cese de la persecución judicial. Esto implica la libertad plena para quienes permanecen detenidos por sus opiniones y el sobreseimiento de las causas abiertas.
Ruiz detalló que hasta este 25 de febrero, de una lista inicial de 40 casos, 38 comunicadores y trabajadores de la prensa han sido excarcelados. Sin embargo, la mayoría enfrenta medidas cautelares que restringen su libertad de movimiento y sus derechos civiles.
Estas medidas pueden incluir prohibición de viajar, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales o limitaciones para ejercer su trabajo profesional.
Casos críticos de detención y salud
El representante gremial detalló que todavía dos comunicadores siguen privados de libertad. El primero de ellos es Jonathan Carrillo, un estudiante comunicación social de 35 años a quien detuvieron el 20 de julio de 2022, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
A Carrillo se le imputan los presuntos delitos de usurpación de funciones y asociación para delinquir. A estos le sumaron migración ilícita de personas extranjeras y uso de documento público falso. Su madre ha denunciado que su hijo presenta un marcado deterioro anímico y físico. Está recluido en Yare II.
El segundo caso es el de Pedro Urribarri. Al periodista de 30 años lo acusaron de supuestos delitos de conspiración e instigación al odio por la publicación de unos tuits. Al comunicador, quien se dedicaba al mercadeo y la consultoría, lo detuvieron el 21 de mayo de 2025 en un parque de Cumbres de Curumo, en Caracas.
Aunque en su expediente figura que la detención ocurrió dos días después, el 23 de mayo, tras publicar mensajes en los que presuntamente instaba a sabotear las elecciones regionales, permanece recluido en el Centro Penitenciario de Yare II.
Los cargos por instigación al odio se basan en leyes que penalizan publicaciones críticas o de opinión consideradas “ofensivas” para el gobierno. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado este criterio al que consideran vago y arbitrario.
Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), explicó que la reconstrucción de la democracia en Venezuela requiere garantías mínimas para el ejercicio del periodismo y el derecho a la información de la ciudadanía.
Por ello, la Alianza solicitó la devolución de las sedes y equipos confiscados a los medios de comunicación. También pidió que instituciones públicas, como la Asamblea Nacional y el Palacio de Miraflores, reabran sus salas de prensa a todos los reporteros sin discriminación.
Esto incluye permitir el acceso a todas las fuentes oficiales y cobertura de eventos sin filtros ni permisos selectivos.
Compromiso con la libertad plena
Durante una ronda de preguntas, los voceros mencionaron casos específicos de vulnerabilidad en el medio periodístico. Canelón solicitó atención urgente para el periodista Ramón Centeno, quien requiere una cirugía inmediata para recuperar su movilidad.
Centeno, a quien excercelaron el 14 de enero pasado, permaneció cuatro años recluido tras ser acusado de tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación para delinquir, junto con su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra.
El periodista fue aprehendido, el 2 de febrero 2022, tras realizarle una entrevista al diputado del chavismo Jean Silva, en la sede del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el sector Las Acacias, Caracas.
Aunque ingresó en 2022 en muletas debido a una cirugía previa, tras cuatro años de reclusión perdió la capacidad de caminar y actualmente se desplaza en silla de ruedas.
Canelón detalló que Centeno padece una afección grave en la cadera derecha y requiere una cirugía reconstructiva inmediata para volver a caminar. No obstante, aunque existe un cirujano dispuesto a realizar la operación de forma gratuita, el proceso permanece paralizado por trabas judiciales.
Estas trabas, a su juicio, reflejan cómo la burocracia y la falta de acceso a la justicia obstaculizan derechos básicos de los periodistas.
En relación con este caso, organizaciones como el CNP y la Alianza por la Libertad de Expresión exigieron la intervención humanitaria ante el Tribunal Supremo de Justicia y la comisión presidida por el diputado Jorge Arreaza, para que se le permita operarse sin más dilaciones.
Los representantes gremiales indicaron que, aunque observan señales de voluntad política en el gobierno para revisar excesos del pasado, mantendrán la vigilancia sobre los tribunales para que las solicitudes de amnistía y libertad plena se tramiten con la celeridad que exige la ley.
A continuación el decálogo:
- Cesar de inmediato la persecución judicial por ejecer la libre expresión que afecta a activistas, infociudadanos, periodistas y trabajadores de la prensa.
- Detener ataques discursivos, amenazas, intimidación y agresiones contra la prensa. Evitar listas discriminatorias y estigmatización
- Ordenar el desbloqueo de páginas web, portales de medios, redes sociales como X y redes virtuales (VPN)
- Derogar leyes restrictivas. Entre estos citaron artículos que comtemplan el vilipendio y los delitos de desacato en el Código Penal, La ley Contra la Delincuncia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacifica y la Tolerancia, La Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos
- Restituir el carácter técnico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, reformar su composicion y directiva bajo criterios de transparencia.
- Ordenar y ejecutar la devolcuoon de la sedes, equipos de transmisión, antenas y mobiliarios confiscados a medios de comunicación-
- Ordenar la renovación automática de concesiones de radio y televisión revocadas arbitrariamente.
- Garantizar la emisión o restitución de documentos de identidad a periodistas y trabajadores de la prensa
- Ofrecer acceso pleno, seguro e independiente a las fuentes de información oficiales.
- Cesar la vigilancia y monitoreo de contenidos, equipos electrónicos y comunicaciones por parte de funcionarios y civiles.
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