En 2015, cuando el general Gustavo González López fue ministro de Interior, Justicia y Paz, se llevó a cabo la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) la cual dejó a 505 personas asesinadas, según cifras oficiales del Ministerio Público.
Caracas. El general Gustavo Enrique González López vuelve a ocupar un cargo estratégico dentro del aparato de seguridad del Estado: guardia de honor presidencial, luego de un decreto que firmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien juramentaron durante la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero.
El nombre de González López no es nuevo en la estructura de poder. En febrero de 2014, año en el cual registraron por protestas antigubernamentales que estuvieron plagadas de denuncias por detenciones, tortura y represión, asumió por primera vez la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Ese mismo año, en octubre salió del cargo tras ser designado como ministro de Interior, Justicia y Paz, cargo que asumió hasta 2016. Durante ese período tuvo rectoría sobre los principales cuerpos policiales del país, que a su vez acumularon múltiples acusaciones por cometer actos que constituyeron una violación de los derechos humanos.
Esto no lo alejó de volver a estar frente al Sebin en 2018, donde solo estuvo cuatro meses, tras la muerte del concejal Fernando Albán (8 de octubre) mientras estaba en custodia de este organismo.
Una fuente consultada por Crónica Uno, quien pidió no revelar su identidad por medidas de seguridad, explica que la designación de González López reaviva cuestionamientos durante su paso por cargos en organismos estratégicos y que en la actualidad lo hacen parte de la lista de nombres de funcionarios acusados por organizaciones internacionales con denuncias que incluyen tortura, tratos crueles y detenciones arbitrarias.
A juicio del experto en materia de derechos humanos esta es una prueba de la forma en la que prevalece la impunidad en Venezuela. “También de cómo el Ministerio Público no ha tenido la voluntad de investigar crímenes de lesa humanidad”.
Patrón de abusos
En 2015, en su rol como ministro de Interior, Justicia y Paz, González López coordinó los cuerpos policiales que participaron en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), creadas por el Ejecutivo como una política de Estado para combatir la delincuencia.
No obstante, de acuerdo con Provea, los operativos llevados a cabo durante este plan desataron una ola de detenciones arbitrarias, allanamientos y más de 850 ejecuciones extrajudiciales, incluso a menores de edad.
Sin embargo, según el registro del Monitor de Víctimas, entre julio de 2015 y julio de 2017, se registraron 560 homicidios en las OLP. Mientras que la información oficial, del Ministerio Público, apunta que, entre marzo de 2015 y julio de 2017, hubo 505 personas asesinadas en estos operativos.
Además de las ejecuciones extrajudiciales Provea denunció la desaparición de personas durante las redadas policiales que por años sembraron terror en las comunidades a las que llegaban comandos tácticos, por lo general vestidos de negro, armas largas, rostros cubiertos y, en ocasiones, portaban máscaras con la imagen de una calavera como forma de intimidación.
A pesar de las denuncias, González López fue uno de los defensores de dicho plan. En su informe de 2016, Human Rights Watch advirtió que las OLP evidenciaban un patrón “grave” de abusos “particularmente en comunidades pobres”.
Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que sus operativos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza y una repetición sistemática de vulneraciones a los derechos humanos de la población.
Los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU identifican a González López como uno de los responsables de la estructura de mando que permitió torturas sistemáticas en sedes del Sebin, en El Helicoide, y «la tumba», en Plaza Venezuela.
En 2017 el Ministerio Público citó a González López en calidad de imputado en una investigación relacionada con el ejercicio de sus funciones como ministro. Sin embargo, el proceso quedó sin efectos más allá del registro que no lo alejó en años posteriores de cargos de alto poder, por lo que su reciente designación ocurre sin que las denuncias hayan sido esclarecidas.
Una figura reciclada
En 2019, tras la deserción de Manuel Christopher Figuera, González López retomó el mando del Sebin, desde donde lideró las detenciones a los señalados por participar en la Operación Gedeón, una acción en la que presuntos “mercenarios terroristas” intentaron entrar a las costas venezolanas para asesinar y derrocar a Nicolás Maduro. Este proceso fue marcado por denuncias por falta del debido proceso en contra de los acusados.
Entre las figuras conocidas por el caso está Josnars Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Baduel, quien paga una condena de 30 años en la cárcel el Rodeo I. Sus familiares son víctimas de persecución por denunciar vulneraciones de los derechos humanos a los presos políticos.
Después de su salida del Sebin, en 2024 González López ocupó el puesto de control estratégico en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como intendente de Asuntos Estratégicos. Actualmente, forma parte de la lista de funcionarios sancionados por la Unión Europea, Suiza, Canadá y Estados Unidos.
Antes del nombramiento este martes, 6 de enero, el cargo como guardia de honor lo ocupaba Javier Marcano Tábata, quien fue reemplazado posterior a los eventos del sábado, 3 de enero, que derivó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y Cilia Flores. En varios puntos de la capital se registraron bombardeados, así como en La Guaira, Miranda y Aragua.
La entrada del general Gustavo Enrique González López como guardia de honor de presidencia lo lleva de una figura de inteligencia, que operaba en la sombra de organismos del Estado, a ser la cara principal del anillo de defensa en el poder, que intenta reforzar su estructura que se mostró desestabilizada por la falta de respuesta a la acción militar de EE. UU.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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