Human Rights Watch, HRW, presentó este 28 de marzo un informe sobre lo que acontece en la frontera colombo-venezolana donde cohabitan y hacen operaciones conjuntas los grupos armados irregulares con integrantes de la FANB a quienes acusan testigos de ser cómplices de los abusos del ELN. HRW insta a la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela de la ONU a determinar la responsabilidad de altos oficiales en estos crímenes.
Caracas. Human Rights Watch, HRW, presentó un informe sobre la situación de violencia, entre otras cosas, que se vive en la frontera colombo -venezolana, específicamente entre el Arauca, colombiano y el estado Apure en Venezuela.
La organización corrobora y documenta las cientos de denuncias que han formulado ONG tanto colombianas como venezolanas, así como habitantes de las localidades mencionadas y medios de comunicación venezolanos, como Crónica.Uno, sobre asesinatos, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado de miles de personas.
Este informe pone de relevancia dos hechos que develan la gravedad de la situación: los grupos armados irregulares imponen sus propias reglas, funcionan como un Estado dentro del Estado, y con ellas norman la vida cotidiana de los residentes de el Arauca y de Apure y la convivencia y complicidad de la FANB en los crímenes y desmanes que cometen los grupos armados irregulares colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC.
En el texto se señala que: El 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente –una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las FARC– y el ELN. Estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el Arauca y Apure.
“Los grupos armados cometen abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
La directora de HRW agregó: “Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”.
La ONG visitó los departamentos colombianos de Vichada y Arauca en febrero de 2022 y entrevistó a más de 100 personas. Los entrevistados incluyeron 43 personas que habían huido de Apure, así como líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
Desde que iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente el 1 de enero, al menos 3. 860 personas se han desplazado internamente en Arauca y más de 3.300 personas han huido de Venezuela al Arauca y a Vichada.
Ambos grupos armados han matado a decenas de personas. Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC. Los miembros del ELN mataron a algunas de estas personas, dijeron testigos, y se llevaron a otras. Algunas fueron asesinadas días después; las familias de muchas otras no saben qué ocurrió con ellas.
El 19 de enero, un carro bomba explotó cerca de un edificio en el centro de Saravena, Arauca, donde tienen su sede varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos. Al menos 50 líderes comunitarios locales y defensores de derechos humanos estaban refugiados allí. El Frente 28 de las disidencias, parte del Comando Conjunto de Oriente, reconoció su responsabilidad en el ataque y señaló que el edificio era el “centro de mando urbano” del ELN.
La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero. Esa es, por lejos, la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010. Varias fuentes creíbles indicaron que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles. El dramático aumento de homicidios en Arauca este año refleja un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad para civiles, señaló HRW.
El 20 de enero, miembros del ELN irrumpieron en una casa en la zona rural de Puerto Páez, Apure, y se llevaron a la fuerza a una niña de 14 años y a su hermano de 18, dijo un familiar. El 28 de enero, una vecina le dijo a su madre que sus hijos habían sido asesinados durante enfrentamientos con una disidencia de las FARC y le indicó dónde encontrar sus cuerpos. La madre fue a la zona y encontró los cuerpos de sus hijos. Dijo que había muchos más cadáveres allí.
Miembros de la FANB y la GNB han participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y han sido cómplices de sus abusos, dijeron numerosos testigos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, debe evaluar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure e identificar la responsabilidad individual de funcionarios de alto nivel, señaló HRW.
Las operaciones militares colombianas no han protegido suficientemente a la población de Arauca, concluyó Human Rights Watch, y los esfuerzos para asistir a las personas desplazadas en Arauca y Vichada han sido insuficientes.
A pesar de los esfuerzos de las agencias humanitarias internacionales, cientos de desplazados no tienen suficiente acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud, especialmente en Vichada. Muchos indígenas desplazados a Vichada desde Venezuela viven a orillas del río Meta en albergues improvisados. En Arauca y Vichada, los grupos armados han amenazado a algunas personas desplazadas, y las agencias humanitarias dicen que los niños desplazados están en riesgo de ser reclutados por grupos armados.
En Vichada, deberían considerar decretar un “estado de calamidad pública”, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del gobierno nacional para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Las autoridades colombianas también deberían garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos obligados a huir de Apure.
Asesinatos
HRW ha recibido denuncias sobre múltiples asesinatos de civiles cometidos por grupos armados en Arauca y Apure. En la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros grupos armados, una práctica que ha sido común entre los actores armados en Colombia durante décadas.
- Santiago Urrutia (seudónimo) dijo que el 1 de enero miembros del ELN fueron a buscar a su hermano Javier (seudónimo), de 26 años, a su casa en una zona rural de Tame, Arauca. Los miembros del ELN acusaban a Javier, un campesino, de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente. Lanzaron a Javier al suelo, le ataron las manos y lo subieron a una moto.
Horas después, Santiago recibió un mensaje de un amigo con una foto del cuerpo de su hermano. La foto, a la que tuvo acceso HRW muestra que tenía una herida de bala en el cuello.
“[Mi amigo] me dijo que era mejor que fuera y lo recogiera rápido antes de que lo lanzaran al río”, dijo Santiago, quien recogió el cuerpo de su hermano y lo enterró.
En ese lugar había más cuerpos”, dijo. Santiago huyó del municipio esa noche y no denunció el homicidio.
- Dos miembros del ELN y un soldado de la FANB llegaron a la casa de Darío Salcedo (seudónimo) en El Ripial, Venezuela, la madrugada del 2 de enero, preguntándole dónde podían encontrar a su vecino Fernando Murillo (seudónimo), contó Salcedo que dijo que no sabía. El soldado de la FANB acusó a ambos de ser “informantes” del Comando Conjunto de Oriente. Salcedo lo negó y los miembros del ELN lo amenazaron de muerte, dijo. Otro miembro del ELN llegó a la casa y dijo que habían encontrado a Murillo.
Salcedo informó que, cuando los guerrilleros se fueron, vio a través de una rendija en su puerta cómo dos miembros del ELN empujaban a Murillo, que estaba atado de pies y manos, al suelo en el patio trasero de Salcedo. Un miembro del ELN le disparó dos veces a Murillo y los guerrilleros arrastraron su cuerpo a una camioneta.
- El 2 de enero, miembros del ELN se llevaron a Pedro Benítez (seudónimo), un campesino de 42 años, de su casa en una zona rural de El Ripial, Venezuela. Los guerrilleros ataron a Benítez de pies y manos y lo subieron a la fuerza a una camioneta, dijo un familiar que presenció los hechos. Un miembro del ELN acusó a Benítez de ser informante del Comando Conjunto de Oriente y le dijo a la familia que abandonara la comunidad de inmediato, dijo el familiar.
Algunos huyeron al departamento de Arauca, pero dos de sus hijos, que estaban trabajando en una finca cercana ese día, no aparecían, dijo el familiar. Días después, una vecina le dijo al familiar de Benítez que guerrilleros del ELN habían matado a Benítez y a sus hijos, según contó. La vecina le mostró dos fotos de los cuerpos. La vecina confirmó que quienes aparecían en las fotos eran los familiares de Benítez.
- El 17 de enero, dos hombres armados dispararon contra el activista comunitario Miguel Alexis Amado Carrillo cuando salía de su casa en Arauquita, Arauca. Carrillo murió en un hospital horas después. Al parecer, fue asesinado por miembros del Comando Conjunto de Oriente, quienes lo acusaron de simpatizar con el ELN, según funcionarios locales que investigaron el caso.
- El 25 de enero, dos hombres armados mataron a balazos a Álvaro Peña Barragán mientras trabajaba en una finca en Tame, Arauca. Al día siguiente, otros dos hombres asesinaron a su esposa, Rosalba Carmenza Tarazona Ortega, durante su funeral, dijo un testigo. La evidencia inicial indica que miembros del Comando Conjunto de Oriente asesinaron a ambos, alegando que habían cooperado con el ELN, según dijeron funcionarios locales a HRW.
Desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado
La ONG recibió denuncias sobre varios casos de desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado, incluyendo de niños, por parte de grupos armados.
- En la madrugada del 2 de enero, guerrilleros del ELN ingresaron a la finca donde vivían Celina Franco (seudónimo) y su familia en una zona rural de El Amparo, Apure. Franco dijo que los miembros del ELN la acusaron a ella y a su esposo, Pedro Ramírez (seudónimo), de dar alimentos a miembros del Comando Conjunto de Oriente y ser sus informantes. Ellos negaron las acusaciones, dijo, pero los guerrilleros amenazaron con reclutar a sus hijos, de 8 y 15 años, si la familia no abandonaba la zona de inmediato.
Franco, su esposo e hijos comenzaron a caminar hacia el río Arauca para huir a Colombia. Pero los guerrilleros del ELN detuvieron a Ramírez, lo golpearon con la culata de un rifle en las costillas y le amarraron las manos. Franco huyó a Colombia. Tres días después, un hombre que no conocía se le acercó y le dijo que no debería preguntar por su marido.
- Elvia Rodríguez (seudónimo), una mujer indígena sáliba de 34 años que vivía en una zona rural de Puerto Páez, Apure, dijo que el 26 de enero guerrilleros del ELN irrumpieron en su casa, donde ella y su esposo, Ramiro Meneses (seudónimo), dormían con sus cuatro hijos. Los hombres dijeron a su esposo que “él ya estaba advertido; o se iba con ellos o se llevaban a sus hijos”. “No tenía opción, le tocaba irse con el grupo”, dijo Rodríguez. El 29 de enero, su suegro le dijo que Meneses había muerto en un enfrentamiento con disidentes de las FARC.
- El 2 de enero, guerrilleros del ELN llegaron a una zona rural de Arauquita, Arauca, y sacaron de sus casas a por lo menos 20 jóvenes, dijo una mujer que presenció los hechos. La testigo no pudo determinar si alguno de ellos era menor de edad. Los guerrilleros les ataron las manos y los obligaron a subir a camionetas y motocicletas, dijo. Cuatro miembros del ELN irrumpieron en la casa de la mujer y se llevaron a su hijo de 18 años, diciendo que debía unirse a la guerrilla, dijo. Los guerrilleros le apuntaron a ella con un arma y la amenazaron de muerte si no se iba de la comunidad. La mujer se fue y no ha sabido nada de su hijo desde entonces. “Todas las familias del pueblo huimos asustadas”, dijo.
Complicidad de las fuerzas de seguridad de Venezuela
Múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios dijeron que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular de la FANB y la GNB habrían sido cómplices del ELN y de sus abusos.
Esa mañana llegaron más de 10 hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana”, dijo una testigo. “Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”.
Otro testigo dijo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente. “Los militares llegaron junto con los del ELN, pensé ‘nos van a matar a todos’”, dijo. “[Los militares y miembros del ELN] empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados”.
En 2020, Human Rights Watch concluyó que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades eran tolerantes y a veces actuaban con connivencia con los grupos armados en Apure.
Si bien la evidencia sugiere que tanto el ELN como las disidencias de las FARC generalmente han operado de manera más abierta en zonas de Venezuela que en Colombia en los últimos años, a partir de enero de 2021 las fuerzas de seguridad venezolanas comenzaron a enfrentarse al Frente 10 “Martín Villa”, uno de los miembros del Comando Conjunto de Oriente.
Desde enero de 2022, las autoridades venezolanas han dicho que las fuerzas venezolanas han destruido campamentos guerrilleros y laboratorios de drogas y han arrestado a 35 miembros de grupos armados a los que llaman “Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia” (Tancol). Sin embargo, todas esas operaciones parecen haber tenido como objetivo al Frente 10 y otros elementos del Comando Conjunto de Oriente, no a otros grupos.
Respuesta humanitaria en Colombia
Entre el 1 de enero y el 11 de marzo, más de 3.800 personas se desplazaron internamente en Arauca, de acuerdo con estadísticas del gobierno colombiano. Además, nueve comunidades indígenas y un grupo de desmovilizados de las FARC han denunciado que sus miembros no salen de sus comunidades por temor a sufrir abusos por parte de grupos armados, una situación conocida en Colombia como “confinamiento”.
Con arreglo a la Ley de Víctimas de Colombia, los gobiernos municipales deben proporcionar asistencia humanitaria a las víctimas de abusos relacionados con el conflicto armado, incluyendo un albergue digno y alimentos. Ello debe ocurrir tan pronto como estas personas soliciten ser registradas como víctimas. La ley establece que, si un gobierno municipal no puede ofrecer dicha asistencia, el gobierno departamental o una agencia nacional, conocida como Unidad de Víctimas, debe intervenir.
Organizaciones humanitarias internacionales y la Unidad de Víctimas han entregado alimentos y suministros de salud a desplazados internos en Arauca. Pero estos han sido insuficientes para atender sus necesidades, dijeron víctimas y organizaciones humanitarias. Debido a las deficientes condiciones en que se encontraban, algunas personas han decidido regresar a sus comunidades a pesar de los graves riesgos de seguridad, dijeron los trabajadores humanitarios.
Varias alcaldías, que dicen carecer de recursos para asistir a las víctimas, se ofrecieron a albergar a los desplazados en estadios de fútbol y escuelas. Pero nadie aceptó por temor a que los grupos armados pudieran atacarlos allí. La mayoría de los desplazados viven con conocidos en los municipios de Arauca y Arauquita, a menudo en condiciones de hacinamiento.
Las autoridades no han evaluado el número de personas “confinadas” y sus necesidades, según señalaron organizaciones humanitarias. Estas restricciones al movimiento a menudo significan que los pueblos indígenas, que dependen más que muchos otros de la caza y la pesca para su sustento, no pueden trabajar ni alimentar a sus familias.
Una deficiencia clave es que el gobierno del departamento de Arauca no ha coordinado los esfuerzos humanitarios de las alcaldías y las organizaciones humanitarias, dijeron trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.
Huyen de Venezuela
Hasta el 11 de marzo, más de 3.300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia el Arauca y a Vichada. Esto se suma a las personas que se encuentran desplazadas internamente en Arauca.
En Arauca, la Defensoría del Pueblo realizó un censo sobre la cantidad de personas que llegaron de Apure, pero las autoridades aún no han evaluado sus necesidades humanitarias, dijeron trabajadores humanitarios y autoridades locales a HRW. Las organizaciones humanitarias han proporcionado alimentos y medicamentos y servicios de salud, pero estos han sido insuficientes, señalaron los funcionarios humanitarios.
La alcaldía de Puerto Carreño, Vichada, dice no tener fondos suficientes para brindar ayuda a las personas que llegan de Apure. La asistencia humanitaria del gobierno está a cargo de la oficina local de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGDR), una entidad que responde ante desastres naturales y de otro tipo, y que tiene un solo funcionario municipal en Puerto Carreño.
La asistencia humanitaria ha sido muy limitada en Vichada. Cientos de indígenas viven en “autoalbergues”, en su mayoría chozas construidas con palos de madera y techos de plástico, en Puerto Carreño, a orillas del río Meta. Estos albergues no tienen divisiones internas; allí están hacinados y expuestos a peligros naturales, incluyendo inundaciones por el aumento estacional del caudal del río.
Otras personas viven con familiares o amigos, a menudo en condiciones de hacinamiento. El acceso a agua potable, productos de higiene y alimentos ha sido insuficiente, y algunos menores indígenas corren el riesgo de desnutrición, dijeron trabajadores humanitarios.
Los organismos humanitarios trabajaron con la alcaldía de Puerto Carreño para diseñar un “plan integral de asistencia humanitaria” destinado a coordinar los esfuerzos para ayudar a las personas que huyen de Apure. El plan está listo desde el 4 de febrero, pero al 23 de marzo el alcalde aún no lo había aprobado oficialmente.
Los trabajadores humanitarios y las personas desplazadas dijeron que la discriminación contra los pueblos indígenas también ha debilitado la respuesta humanitaria. Algunos funcionarios del gobierno local expresaron sentimientos discriminatorios en sus reuniones con Human Rights Watch; algunos dijeron que los indígenas que habían llegado “arruinaron el paisaje” y los describieron como “las peores personas” entre los que llegaron a Colombia.
Algunas personas entrevistadas, incluyendo los trabajadores humanitarios, dijeron que las personas de Apure desplazadas a Arauca y Vichada temen regresar a sus hogares y probablemente solicitarán refugio para poder quedarse en Colombia.
La mayoría de los venezolanos que huyen de los abusos recientes de Apure parecen haber ingresado a través de cruces informales y por ello, no estarían cobijados bajo el régimen de protección temporal a los venezolanos que permite a los venezolanos que viven en Colombia obtener estatus legal por 10 años.
Enfrentamientos entre grupos armados
Los grupos armados que operan en Arauca y en Apure, utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas. Imponen sus propias reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares; y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos.
Recomendaciones
A la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela:
- Investigar las denuncias de complicidad por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure, incluyendo el ELN y los grupos disidentes de las FARC, como parte del mandato de la misión de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.
Al gobierno de Colombia:
- Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de todas las personas obligadas a huir de Apure que se encuentran en Arauca y Vichada, así como de los desplazados internos.
- Garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos forzados a huir de Apure, incluyendo los indígenas que necesiten protección internacional.
- Adoptar e implementar un plan integral de respuesta humanitaria que asegure que los venezolanos que lleguen a Arauca y Vichada tengan acceso a asistencia humanitaria básica, incluyendo alimentos, albergue, equipos de protección personal y artículos de higiene necesarios para evitar la propagación de la COVID-19; atención médica, incluyendo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; y acceso a agua potable y saneamiento básico.
- Tomar medidas para garantizar que toda la ayuda humanitaria que se brinde a la población indígena desplazada tenga en cuenta su cultura, usos y costumbres y sus necesidades.
- Trabajar con el gobierno municipal de Puerto Carreño para decretar e implementar un “estado de calamidad pública”, lo que permitiría asignar mayores recursos del gobierno nacional para apoyar los esfuerzos humanitarios para brindar ayuda a las personas desplazadas.
- Garantizar que las fuerzas de seguridad en Arauca y Vichada prioricen la protección de la población, en particular de los desplazados y de los líderes indígenas y comunitarios en riesgo.
- Garantizar que los menores de edad, incluyendo los desplazados, estén protegidos contra su reclutamiento y uso por grupos armados en el conflicto, y que se garantice su acceso a la educación.
- Llevar a cabo campañas contra la xenofobia y la discriminación en Arauca y Vichada, trabajando con las autoridades locales, grupos de la sociedad civil y la población local.
- Asegurar que la Unidad Nacional de Protección, organismo gubernamental encargado de proteger a las personas en situación de riesgo, fortalezca los esquemas de protección para defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, comunidades indígenas y excombatientes de las FARC en Arauca y Vichada, tomando en cuenta el aumento de la violencia en la región.
- Velar por que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se convoque de forma periódica y desarrolle una política de desmantelamiento de grupos armados, según dispone el punto 3.4 del acuerdo de paz.
A la Fiscalía de Colombia:
- Priorizar las investigaciones sobre abusos cometidos por grupos armados en Arauca, aumentar el número de fiscales e investigadores en la zona, garantizando su protección, e incrementar su capacidad técnica para investigar estos delitos.
A los gobiernos donantes y las agencias humanitarias internacionales:
- Apoyar a las agencias humanitarias que trabajan en Apure, Arauca y Vichada para brindar asistencia adicional a colombianos y venezolanos en riesgo.
- Aumentar la presencia de trabajadores humanitarios en Apure y Vichada y asegurar que las agencias humanitarias a ambos lados de la frontera coordinen su respuesta para atender las necesidades de colombianos y venezolanos.
- Coordinar esfuerzos para garantizar que haya suficiente ayuda humanitaria disponible, incluyendo mediante la creación y administración de albergues para las miles de personas desplazadas que huyeron recientemente de Apure.
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