En el sector público y en pequeñas y medianas empresas ya se evidencia el efecto de la pandemia. Y los empleados son los más afectados. Solo en el sector industrial 250.000 puestos de trabajo penden de un hilo. Aunque es ilegal, en algunas empresas ya prescinden del personal pese a que el Gobierno asumió el pago de las nóminas hasta agosto y prohibió los despidos hasta el 31 de diciembre.
Caracas. “Apenas logro sobrevivir en pandemia con un solo sueldo. Desde que me quedé sin entrada, como dos veces al día puros granos porque es lo que rinde y lo que puedo comprar”, relata Ana Herrera, una funcionaria legislativa con 30 años de experiencia que fue ilegalmente despedida de la Asamblea Nacional; en plena cuarentena y sin justificación pese al decreto de inamovilidad laboral que el Gobierno decretó hasta el 31 de diciembre.
La decisión de dejarla sin empleo se debió a una depuración de nómina en la que se removió el personal que supuestamente cobraba sin trabajar, como señaló la administración del diputado Luis Parra en un documento dirigido a los directores y jefes de área del Parlamento.
No me notificaron que me botaron. Simplemente me sacaron de nómina y me dejaron sin ingresos. Ahora vivo del sueldo de mi esposo. Jamás fui sometida a una vejación semejante“.
La historia de Ana es una de muchas, porque además de ella otros 649 trabajadores de la AN se quedaron sin empleo desde el viernes 27 de marzo. Pero esta realidad no solo se reduce a la administración pública sino también a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que comienzan a percibir las repercusiones de la falta de ingresos necesarios para cubrir los gastos fijos como el pago de los sueldos, alquileres y créditos obtenidos, todo a causa de la paralización de la actividad económica en confinamiento.
Aunque el Ejecutivo prohibió los despidos y asumió pagar las nóminas de las pymes hasta agosto, todo apunta a que la medida solo contempla depositarles a los trabajadores el salario mínimo, un monto que queda muy por debajo de los ingresos que las empresas pagan a través de las bonificaciones.
A la deriva y en incertidumbre
Ricardo Sucre de 28 años es fotógrafo y comunicador social. Se desempeñaba en el departamento de mercadeo de un pequeño emprendimiento de publicidad para el momento en que comenzó la cuarentena. Pero hace 15 días fue despedido a través de una llamada telefónica.
Mi jefe me dijo a mí y a otros dos compañeros que la empresa no podría sostenerse con esta situación y no me sorprendió. Si no hay actividad ni flujo de caja no pueden sostenerse pese a lo que diga el Gobierno“, dijo.
El sueldo que Sucre percibía como fotógrafo era su único ingreso y cuadruplicaba el salario mínimo. Aunque sus padres lo ayudan económicamente, al joven le preocupa su futuro en vista de que la cuarentena fue prolongada otro mes más. Por el momento, solventa con su liquidación, que, según calcula, lo ayudará a cubrir algunos gastos por unas tres semanas.
“Ahorita ninguna empresa está contratando personal y no se sabe cuándo va a acabar esto. La incertidumbre es lo que me genera más nervios”, comentó.
El efecto de la pandemia sobre la economía y los empleos es global y tiene varias lecturas. Un estudio de la Oficina Mundial de Trabajo (OIT) de la agencia de las Naciones Unidas publicado el 31 de marzo, revela que 1250 millones de trabajadores están empleados en sectores proclives a los despidos y a la reducción de salarios.
La misma investigación concluye que solamente en el segundo trimestre de este año podrían desaparecer 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo a causa de la pandemia en todo el mundo.
Al referirse a Venezuela, Adán Celis, presidente de Conindustria, aseguró que en el sector industrial podrían perderse entre 250.000 y 300.000 puestos de trabajo en las 2600 empresas que aún operan en el país. Esto si el Gobierno no accede a tomar medidas económicas más concretas como liberar 60 % del encaje legal a través de la banca y desplazar el impuesto sobre la renta, el IVA y los aranceles mientras se mantienen paralizadas las actividades comerciales.
En el sector industrial llegamos a un acuerdo de pagar hasta abril a los trabajadores, pero el sector necesitará oxigenarse. Hasta 1.200.000 familias que viven de la industria podrían verse afectadas por la pérdidas de los empleos“, subrayó.
Sin empleos ni salarios
Simón Jurado Blanco, especialista en Derecho Laboral, hace énfasis en que cualquier despido es ilegal y atenta contra los derechos humanos en vista de la ratificación de la inamovilidad laboral decretada el 13 de marzo en el contexto de la pandemia.
El abogado explicó que en este momento el estado de alarma generado por el COVID-19 constituye un caso de fuerza mayor para el cumplimiento de las relaciones laborales. Lo que significa que las actividades quedan suspendidas y que, por lo tanto, el trabajador no estará obligado a prestar servicio ni el patrón a pagar el salario. Como lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
Jurado Blanco indicó que en este contexto, en el artículo 73 de la misma ley, se prohíben los despidos, desmejoras y traslados. “Los trabajadores que están siendo removidos de sus puestos deben hacer derecho de una solicitud de reenganche ante el Inspectoría del Trabajo amparados por el artículo 425 de la LOT. Una vez que todo se regularice podrán retomar sus empleos”, apuntó.
Sin embargo, quienes opten por ejercer su derecho solo dispondrán de 30 días para solicitar la acción ante la Inspectoría. Lo que se complica debido al aislamiento y la paralización laboral. Con las oficinas de atención cerradas el panorama es poco alentador, además, la alternativa tampoco le garantiza a los trabajadores alguna oportunidad de tener una entrada. Se recupera el empleo pero no el sueldo, lo que podría dejar desprotegidos y a merced del hambre a miles de empleados y familias en las próximas semanas.
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