Miembros de comunidades indígenas asentadas en distintas zonas de Venezuela manifestaron su inconformidad con la elección en segundo grado de sus autoridades, un proceso adoptado así desde 2021 y que, creen, es contrario al derecho al voto directo.
Caracas. Como “fichas políticas” y “lejanos” califican varios miembros de pueblos indígenas a los 69 elegidos y sus respectivos suplentes este domingo, 3 de agosto, para ser su representación en los concejos municipales de los ocho estados habitados por pueblos originarios de Venezuela.
Se trata de unas elecciones de segundo grado en las que estaban convocados a votar 6598 representantes de 44 pueblos indígenas para elegir a los concejales y suplentes que formarán parte de los concejos municipales en los estados Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Apure, Monagas, Zulia y Delta Amacuro.
El pasado domingo se escogió la representación indígena a los concejos municipales en los estados donde habitan 44 pueblos originarios del país, tras lo cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó 69 cargos con sus respectivos suplentes.
A la mayoría de los candidatos electos los postularon con la tarjeta de la Cátedra Guaicaipuro, organización nacional vinculada con el chavismo.
Sin voto directo
De acuerdo con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, en el evento del domingo votaron 92,27 % de los voceros convocados y previamente elegidos en más de 4000 asambleas, que, según el Ejecutivo, se efectuaron entre estas etnias.
Crónica Uno conversó con al menos cuatro miembros de comunidades indígenas en varias zonas del país y coincidieron en que el cambio en la legislación de 2021, que pasó a una elección de segundo grado esta votación de estas autoridades nacionales, regionales y municipales para los indígenas, no representa el deseo de las mayorías dentro de estas comunidades ancestrales.
“Son elecciones de segundo grado. Una de las molestias y la apatía es que las comunidades no votan, sino que son delegados seleccionados, lo que obvia el mandato de la participación directa de toda la población indígena”, explicó a este medio un miembro de los pueblos yekuanas.
fuente anónima
“Le damos privilegio nada más a una persona para que vote en representación de una comunidad de 600 habitantes, no lo considero justo, lo correcto es que participe la comunidad entera, deberían asignarse centros de votación a las comunidades con mayor población”, cuestionó.
El CNE establece un procedimiento especial para la elección de la representación indígena, en el que los voceros de estas comunidades, previamente seleccionados en asambleas locales, acuden a una asamblea general para votar por los candidatos.
Sin representatividad
Se trata de una forma de sufragio indirecto que ha sido motivo de críticas por parte de organizaciones indígenas, que consideran que restringe la participación directa de sus comunidades y no garantiza plenamente el derecho al voto libre y secreto establecido en la Constitución.
En su artículo 125, el texto constitucional establece que estos pueblos tienen derecho a una representación política adecuada y que sus representantes deben ser elegidos “de acuerdo con sus costumbres y prácticas ancestrales”.
Esta disposición se desarrolló posteriormente en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que consagra el principio de la interculturalidad electoral y reconoce el derecho de los pueblos originarios a elegir a sus autoridades de forma diferenciada, sin que esto implique menoscabo de los principios democráticos, diferenciándose entonces de un proceso tradicional.
Esta diferenciación del proceso, para algunos indígenas, no es representativa del sentir de esta población que tiene “múltiples problemas” y que también enfrenta “presiones y hostigamiento”, por lo que los entrevistados se niegan a dar sus nombres a este medio.
“Los representantes indígenas ya no hablan sobre los problemas de los indígenas”, dijo un Yukpa a Crónica Uno y aseguró que se trata de un malestar que afecta a muchos de los miembros de estas poblaciones que viven, en muchos casos, en zonas apartadas y con escasos o ningún acceso a los servicios públicos.
Sin voz
Los consultados coinciden en agradecer el “reconocimiento” que creen que adquirieron tras la llegada al poder de Hugo Chávez Frías (1999-2013), pero insisten en que pese a las “leyes robustas” no hay apoyo “en los múltiples problemas que enfrentan”.
“Jamás lees en ninguna parte que los diputados, electos en estos días, que los concejales reclaman que nos quita espacio la minería, o que no tenemos ni comida, que no nos llegan servicios de salud, que no nos atienden, que nos roban nuestras tierras”,
alegó un Wayú.
Admiten que hay un reconocimiento promovido por Chávez, pero que también hay “descontento por los chantajes, los abusos, el silencio”.
Este mismo indígena opinó que al ser elecciones de segundo grado, no hay participación de esta población “como tal, sino un cogollo que elige a unos que hace tiempo guardan silencio, son actores políticos y no visibilizan la situación”.
En este sentido, esperan que los recién electos puedan tener mayor participación en los espacios políticos para los que resultaron ganadores y, más allá de votar por las causas chavistas, puedan exponer los problemas de los pueblos originarios.
De acuerdo con los datos divulgados a través del canal de Telegram del CNE, la mayoría de los cargos fueron adjudicados a las organizaciones Cátedra Guaicaipuro, con al menos 40 cargos electos, y al Consejo Nacional Indio Venezuela (Conive), ambas afectas al chavismo.
El ente comicial publicó los resultados y su vicepresidente habló de resultados irreversibles, pese a que no se hizo pública la cantidad de votos o el porcentaje por el que resultaron electos los proclamados ganadores.
Lea también:
Fuerza Vecinal se afianza como la “nueva oposición” que dialoga con el chavismo