Juan Raffalli: Lo que ha ocurrido en Venezuela es la “erosión de la columna vertebral de la Constitución” que es el sufragio

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El abogado constitucionalista consideró necesario un acuerdo entre las fuerzas políticas para “darle credibilidad y confianza al voto”.

Caracas. El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli señala que la confusión sobre la legitimidad de los poderes públicos en Venezuela no es exclusiva de los venezolanos, como lo han demostrado los comunicados de los distintos países en el inicio de 2021. “Hay países que han dicho que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, otros que no. El Parlamento Europeo dice que reconoce la Asamblea Nacional de 2015, la Unión Europea parece que tiene dudas al respecto. Hay muchos países que han preferido quedarse callados por el momento. Esa confusión afuera es la misma que tienen los ciudadanos”.

A su juicio, la raíz de este desconcierto radica en la “erosión de la columna vertebral de la Constitución” que es el sufragio como mecanismo legitimador de los poderes públicos. El académico advirtió sobre las consecuencias que trae la degeneración de esta institución. “Cuando el sufragio se erosiona se debilita la gobernabilidad y empieza a ser ejercida por la fuerza”.

El jurista considera necesario un acuerdo en torno la designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que genere suficiente credibilidad y confianza para que las próximas elecciones sean aceptadas por la población. “Lo más importante sería que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas para poder reencontrar a la gente sobre la base de darle credibilidad y confianza al voto”.

¿Existen en Venezuela dos asambleas y dos presidentes o, como argumentan algunos, no existen poderes legítimos en el país?

—No cabe en la cabeza de nadie que en un país haya una doble institucionalidad. Un país que tiene dos parlamentos, dos tribunales supremos, dos presidentes de la República, eso no existe como país, eso es un país bicéfalo, eso no puede existir si hay una Constitución que funcione. Esa manifestación de confusión ahora se agudiza porque toca al Parlamento, pero eso viene desde enero de 2016, cuando el Poder Judicial anula las competencias de la Asamblea Nacional (AN). Sigue en mayo de 2018 cuando Nicolás Maduro monta su evento electoral, continúa con una constituyente que al final no fue tal porque no hizo una nueva Constitución y ahora termina con esta situación del 6-D y la consulta popular, el principio de continuidad, etc.

Eso es una manifestación clara de que la Constitución no está teniendo el efecto que la sociedad persigue a través de ella, que es organizar el poder público y darle funcionalidad de una manera que toda la sociedad lo acepte. ¿Por qué no se está cumpliendo ese efecto constitucional? Porque, en el fondo, lo que no se está cumpliendo tampoco es el efecto legitimador del sufragio para el ejercicio del poder público. Cuando lees la Constitución y ves los artículos 186 y 228 te dicen claramente que el presidente de la República es electo por votación universal, directa y secreta y los diputados también, a través de circunscripciones regionales. Todo lo que ha ocurrido es una degeneración, una mengua progresiva, del instituto del sufragio y eso lo vemos sobre todo en los altísimos niveles de abstención y en la falta de pluralidad del Parlamento. Lo vemos en la creencia de mucha gente de que hay dos instituciones, o ninguna, o de que no sabemos dónde estamos parados. Cuando hablo de que un indicador de la degeneración del sufragio es la abstención, no es porque la oposición la haya convocado o no. La gente no está concurriendo a votar porque no sabe si su expresión popular se va a respetar y si es útil para generar un cambio político. La gente prefiere no votar en un país con una enorme tradición electoral.

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Incluso si los procesos electorales hubieran sido limpios y prístinos, lo que trae como consecuencia es que esa especie de pacto de compromiso de la sociedad con sus principios democráticos y republicanos se rompe. El resultado de un acuerdo social para tener un poder público que gobierne, como elemento del Estado, se esfuma. Eso complica la gobernabilidad y esa gobernabilidad puede sustituirse por amenazas o por actos efectivos de fuerza. Allí es donde cabe la pregunta: ¿Qué sentido tiene hacer lo que se está haciendo? Porque esto no puede durar para toda la vida.

En los países en donde funciona el sufragio la gente no se pregunta si hay dos asambleas o dos presidentes. Simplemente los que ganan ejercen el poder, apegados al principio de la legalidad, y los que pierden van ser oposición democrática. Ahí no hay intentos de magnicidio, enormes marchas para pedir el cambio del presidente, represión, no hay drones, no hay nada de eso. Porque el sufragio extermina toda posibilidad.

Cuando creas unos eventos que no son percibidos como válidos por la sociedad en general se ejerce el poder con una falta de legitimidad estructural. No importa lo que diga Maduro, lo que diga el TSJ, lo que diga el CNE, lo que diga la oposición, o los diputados de 2015. Lo que termina pasando es que la gente no siente que ha legitimado el ejercicio del poder a través de su expresión popular y ahí es donde vienen todos los problemas.

Esta pérdida de valor del sufragio, entonces, ha venido marcada por lo que ha hecho el mismo Estado.  

—Sí, sin duda es una política desde el ejercicio del poder. Nombrar ocho veces al árbitro electoral omitiendo la participación de la sociedad civil y la representación popular de la AN es una política clara. Dictar decisiones en donde a través de una medida cautelar, ni siquiera una sentencia de fondo, anulaste las competencias funcionales de la AN de 2015, es una política de Estado. Haber hecho una constituyente que no produjo una Constitución, sino que se dedicó a suplantar al Parlamento, electo popularmente en 2015, es una política desde el poder. Hacer este tipo de elecciones, como pasó con las regionales y ahora las parlamentarias, donde no puede competir libremente la oposición, no hay transparencia, no hay observación internacional, incluso se niega el voto universal, directo y secreto a los indígenas. Se crean circunscripciones nacionales que no están previstas en la Constitución para aumentar el número de diputados y luego asignarlos a dedo.

¿Qué puede pasar? Que la inmensa mayoría de las democracias occidentales dicen que aquí no se están cumpliendo los estándares internacionales. No se reconoce el efecto del 6-D y por eso es que esa AN del 6-D está confrontando algunos pronunciamientos negativos, como también la enfrenta la comisión delegada que deja la oposición sobre la base del principio de continuidad, que implica justamente la inexistencia del parlamento, de manera temporal, porque es para operar en los recesos parlamentarios. No puedes decir que eso es un parlamento propiamente dicho.

Por eso muchos países dicen, y hasta el padre (José) Virtuoso lo dice, que en Venezuela no hay ningún parlamento, ninguno de los dos es legítimo. La raíz de todo es el desorden constitucional de los poderes públicos, derivado de la erosión deliberada del sufragio y eso hay que recomponerlo, porque si no el país no va a conseguir enrumbarse por un camino de gobernabilidad, de paz, de reconocimiento integral nacional e internacional y no vamos a poder mejorar para sacar a la gente de las penurias en las que vivimos.

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¿La comisión delegada puede asumir funciones como parlamento y durante tanto tiempo?

—Normalmente no. Los parlamentos tienen que ser una representación popular variopinta derivada del sufragio. Si no, sería un parlamento de segundo grado. Lo que han llamado comisión delgada, evocando lo que dice la Constitución, esa comisión que se designó, no ha sido designada de acuerdo a la Constitución. Sino que ha sido designada de acuerdo al estatuto de transición, basado en el 333 de la Constitución. Que se llame igual que lo que dice la Constitución no quiere decir que sea eso mismo. No creo que la comisión delegada que se definió sea la que está prevista en la Constitución, sino en un estatuto de transición, que además fue declarado nulo por el TSJ del régimen con unas funciones que no son las muy limitadas y temporales que están en la Constitución. Yo creo que fue el recurso que ellos buscaron para tratar de evitar la situación de riesgo personal que corrían quienes han ejercido sus curules después del 5-E.

¿Qué observaciones puede hacer sobre lo que se aprobó en el estatuto acerca de la continuidad constitucional?

—La continuidad es una figura que, desde el punto de vista del derecho constitucional y académicamente, es absolutamente inobjetable. Saquemos del análisis de esa figura lo que está pasando en Venezuela hoy. Imaginemos que todo el mundo hubiera participado y estuviera contento con las elecciones del 6-D, pero dos semanas antes, sucede lo que le pasó a Eduardo Semtei con el “28, el 28, el 28”. Hay un desastre tecnológico o se queman las máquinas, o un problema de salud pública por el COVID-19 y no se pueden hacer las elecciones. ¿Se acaba el parlamento? Si es así deja de funcionar el Estado, porque depende de la composición de los poderes públicos y ese es uno de los elementos esenciales del Estado. ¿No hay parlamento en Venezuela porque no hubo elección? Si hay un problema de ese tipo y las elecciones se hacen en cinco o seis meses, continúan los diputados que estaban y siguen en sus curules.

Eso es lo que reconoció el TSJ por primera vez en la sentencia 1300 del año 2005, que fue la del caso del gobernador de Amazonas. Lo ha repetido en el caso de extensión de mandatos de alcaldes y concejales y finalmente cuando interpretó el 231 de la Constitución, con motivo de la enfermad de Hugo Chávez. Tiene sentido. No puedes acabar con un poder público por el diferimiento de una elección. El problema es que aquí hay una parte del país que dice que hubo una elección y otra que dice que no la hubo porque no es válida y ahí es donde comienzan las dudas de cómo resolver esto. La respuesta no está en la Constitución. Si a lo que está pasando se le consiguiera repuesta dentro de la Constitución, y esa repuesta fuera aceptada por todos, las fuerzas políticas y la sociedad en general, no hubiera crisis. No se trata de ver quien está más apegado o no a la Constitución, porque el problema integral es que la Constitución se erosionó, y sobre todo su espina dorsal que es el sufragio para elegir a los poderes públicos.

La confusión también está afuera de Venezuela. El comunicado de la Unión Europea habla de una AN “saliente”, ¿significa que no reconoce a la comisión delegada?

—Hace varias semanas Josep Borrell dijo que Venezuela avanza hacia una desinstitucionalización definitiva, ¿qué es lo que estaba diciendo? No tengo ninguna duda de que cuando ellos dicen “AN saliente” es porque ya no la consideran en el cargo. Más allá de lo que haya dicho el Parlamento Europeo, pero eso no quiere decir que hay una AN entrante, ese es el problema, porque no ha habido una elección generalmente aceptada por la sociedad. Los que están diciendo que no hubo elección el 6-D no son cuatro locos que andan por ahí dando gritos. Son países de mucho peso, incluyendo la propia comunidad europea, nada más y nada menos, que el G4 (AD, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo) que, guste o no, son las cuatro fuerzas políticas más representativas de la oposición. Son partidos que obtuvieron, en el parlamento de 2015, más de dos terceras partes de la AN. Gente que fue capaz de organizar una consulta popular que no sé si fueron uno, tres o siete millones, no lo sé, pero armaron aquí y en el mundo entero una organización de participación política y hubo gente que se activó y hubo puntos de participación. No es la mesita, son las cuatro fuerzas más representativas de la oposición.

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¿Cómo queda el parlamento elegido el 6-D, como se puede ver a esa instancia desde el punto de vista jurídico?

—Puedes hacer el ejercicio académico, como la UE y el padre Virtuoso, y decir que no hay parlamento, pero el problema es que lo que salga de ahí sean acuerdos parlamentarios o leyes propiamente dichas, van a tener detrás un aparato de ejecutoria. ¿Le vas a decir a los empresarios que no cumplan con una reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta? El acto normativo que salga de ahí va a tener ejecutoria porque hay una fuerza para hacerla cumplir. Es exactamente lo contrario de lo que pasaba con Guaidó y el parlamento anterior, que no podía ejecutarlas materialmente. ¿Eso quiere decir que son leyes legítimas que cuentan con el respaldo de la población, que le dan validez, confianza, credibilidad y legitimidad al órgano legislativo? Son leyes que se van a tener que cumplir bajo la amenaza de que si no se hace puedes ser constreñido. Cuando el sufragio se erosiona se debilita la gobernabilidad y empieza a ser ejercida por la fuerza, eso es lo que va hacer la AN.

¿Cuál sería el camino para retomar la institucionalidad y la institución del voto?

—Lo primero que veo es que el CNE ya cesó en sus funciones, porque era un CNE ad hoc para la elección del 6-D. con las proclamaciones y la asunción de la nueva AN no existiría. No debería poder organizar ningún evento electoral, lo que debería implicar un nuevo acuerdo nacional. Independientemente de quien lo dicte o no, lo más importante sería que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas para poder reencontrar a la gente sobre la base de darle credibilidad y confianza al voto. El problema es que a una de las partes eso no le interesa porque es muy fácil ser demócrata cuando eres mayoría, el problema es cuando eres minoría. Ese es el primer peldaño: un CNE que sea producto de un acuerdo de las fuerzas políticas y no de una sola parte. El segundo peldaño es que ese CNE genere credibilidad y confianza con unas condiciones que, si bien no son las condiciones absolutamente deseables, como si estuviéramos en Finlandia, permitan que el proceso sea aceptado por la población. La tercera pata es que vienen dos hitos electorales importantes: las elecciones regionales y la posibilidad de activar un revocatorio. Si sumas todo eso, pareciera que ahí pudiera haber una ruta.

Foto: El Mercurio Web


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