La Cámara Federal de Buenos Aires solicitó el arresto internacional de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y más de 30 funcionarios del chavismo por violaciones a los derechos humanos cometidas contra venezolanos actualmente refugiados en Argentina. La diligencia fue encargada a Interpol.
Caracas. En un fallo histórico que marca un hito en la lucha por los derechos humanos en América Latina, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó este lunes, 23 de septiembre, solicitar la “inmediata detención” de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dos de los principales líderes del Gobierno en Venezuela.
A ambos se les acusa de graves violaciones a los derechos humanos, que incluyó un plan sistemático de detenciones, secuestros y torturas de ciudadanos venezolanos. La decisión implica un pedido a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que emita alertas rojas que faciliten su captura internacional.
La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, tras una solicitud de los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, que apoyaron la demanda presentada por víctimas del Gobierno venezolano, residentes en Argentina con estatus de refugiados, asilados y exiliados.
Encomendar al magistrado de grado que diligencie de inmediato las órdenes de detención de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, debiendo disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la República Argentina”, reza el histórico fallo de 248 palabras.
La investigación que sustenta la decisión judicial ha revelado un patrón de represión y desapariciones forzadas que se ha extendido desde 2014.
Más de 30 represores
Además de Maduro y Cabello, más de 30 altos funcionarios y militares venezolanos están bajo la mira de la justicia argentina. La Cámara ha ordenado al juez Sebastián Ramos que profundice la investigación. Para esto puede revisar documentación de organismos internacionales. En esta fase podrían incluirse los informes de la Organización de Naciones Unidas y expedientes de la Corte Penal Internacional.
También podrán escuchar a nuevos testigos que aporten información sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Elisa Trotta, defensora de derechos humanos venezolana exiliada en Argentina, destacó la importancia de las órdenes de captura en favor de la lucha de más de una década que han llevado las víctimas.
“Este es un logro de las víctimas, que con mucho coraje han dado sus testimonios y persisten en la búsqueda de esa justicia que ha sido denegada en Venezuela, para que de una vez por todas los perpetradores paguen por los crímenes cometidos”, escribió en su cuenta en X Trotta, quien integra el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), ONG que a finales de 2023 introdujo la demanda que dio lugar a la decisión.
El fallo se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a Argentina investigar y juzgar delitos graves sin importar dónde se hayan cometido. Este principio fue fundamental para que el FADD, con el acompañamiento de Waldo Wolff, ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impulse denuncias contra el Gobierno chavista desde 2023.
En paralelo, horas antes de conocerse la decisión de la Justica de Argentina, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la solicitud de orden de captura contra el presidente argentino, Javier Milei, y funcionarios de su gobierno.
La solicitud está asociada a la investigación por la incautación de un avión vinculado a la administración de Maduro. No obstante, la confiscación fue ejecutada en el Gobierno anterior del izquierdista Alberto Fernández.
Para defensores de derechos humanos, el acuerdo entre el TSJ y el Ministerio Público venezolano busca politizar el avance de la investigación en suelo argentino. Con esto llevarían la discusión a un ámbito ideológico que demerite, al menos en la opinión pública, la causa a favor de los derechos humanos en Venezuela.
¿Primera de muchas?
La petición de la Justicia argentina implica un importante precedente, al ser la primera solicitud de captura internacional por crímenes de lesa humanidad contra figuras del chavismo.
Hasta el fallo de la Justicia argentina de este 23 de septiembre, Maduro no tenía en su contra ninguna orden de captura internacional. Tampoco era objeto de condenas firmes que exigieran su arresto, tanto dentro como fuera de Venezuela. Así lo recordó a Crónica Uno un abogado que pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias.
El abogado subrayó que, aunque algunos tribunales de diferentes países han solicitado su captura, no existía un fundamento sólido en la justicia internacional que justificara la detención de un presidente en funciones en un tercer país. Lo que convierte la petición de Argentina en un hecho nunca antes visto.
Asimismo, el especialista afirmó que no hay precedentes de arrestos de líderes en ejercicio en terceros países. Al respecto, recordó que casos como los de Augusto Pinochet y Alberto Fujimori ocurrieron años después de que dejaran sus cargos. Ante esto, se desconoce cómo se ejecutaría la eventual detención.
Hasta este pedido judicial argentino, no estaba vigente ninguna notificación de alerta roja contra Maduro, en instituciones de cooperación policial internacional como Interpol. Por lo que el procedimiento inaugura una nueva etapa en largo camino por la justicia y reparación de las víctimas.
Terrorismo y narcotráfico
Acusaciones como la millonaria recompensa que el Gobierno de Estados Unidos ofreció por pistas que permita concretar la captura de Maduro y otros funcionarios están relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo.
En marzo de 2020, un tribunal federal de Nueva York acusó a Maduro de “narcoterrorismo”. A propósito ofreció una recompensa de $15 millones por información que facilite su arresto. Esta orden la promovieron recientemente figuras como Elon Musk y el senador Marco Rubio, especialmente en el contexto de las elecciones pasadas.
Aún están en trámites otras peticiones. Entre estas figuran la que formalizó la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, en noviembre de 2012, o la que adelantó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en agosto pasado.
De ahí que, remarcó el abogado, la decisión de la Justicia argentina es un paso significativo en la lucha por la justicia y los derechos humanos. Además, envía un mensaje claro a los responsables de crímenes en Venezuela y resalta la necesidad de rendir cuentas a nivel internacional.
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