Aunque Hugo Chávez llegó al poder luego de un indulto, el oficialismo rechazó siempre la amnistía y en las escasas ocasiones en las que la promovió durante los últimos 25 años, lo hizo de forma selectiva y con algún objetivo electoral. En esta cronología reseñamos algunos de esos momentos.
Caracas. Atrás quedaron los más de 20 años en los que el chavismo enfilaba sus argumentos y maquinaria para rechazar y condenar las peticiones de amnistía promovidas por sus contrarios.
Hoy es el propio oficialismo, en la voz de su más alto funcionario, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el que promueve un perdón general para delitos políticos y lo hace bajo el umbral de la amenaza de Estados Unidos.
El pasado 30 de enero, Rodríguez hizo el anunció de impulsar “una ley de amnistía general”, en el que aseguran que pretenden que sirva “para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”.
Sus palabras contrastan con Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, que en 2016 gritaba en la Asamblea Nacional (AN): “Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, soberanía, independencia”.
A 10 años de ese momento, y luego de un bombardeo estadounidense en suelo venezolano que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la posición de quienes aún ostentan el poder político ha variado.
En esta cronología contamos las veces que la amnistía ha sido discusión en Venezuela, desde la instauración de la llamada revolución bolivariana y cómo se ha zanjado el tema:
El perdón para los del golpe del 92
El primer intento significativo fue en el 2000, con la Ley de Amnistía Política General. Esta fue promovida principalmente por la Comisión Legislativa Nacional, conocida como el Congresillo, un órgano transitorio establecido tras la aprobación de la Constitución de 1999, bajo el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
El Congresillo estaba compuesto mayoritariamente por aliados chavistas, miembros del Movimiento Quinta República (MVR), el partido fundado por Chávez.
Este grupo promovía una amnistía política general para delitos políticos o conexos cometidos hasta el 31 de diciembre de 1992, incluso a participantes en golpes de 1992 y conflictos armados previos, con exclusiones por crímenes contra la humanidad.
Fue aprobada como medida de pacificación en el nuevo marco constitucional, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.934 el 17 de abril de 2000.
Para los participantes del golpe de 2002
En 2005, se registró un intento fallido de una Ley de Amnistía impulsada por sectores opositores, en respuesta a las detenciones tras el golpe de 2002 y el paro petrolero.
Los promotores principales fueron grupos de la oposición agrupados en la Coordinadora Democrática, una coalición predecesora de la MUD, que incluía partidos como Acción Democrática (AD), Copei, Primero Justicia (PJ) y Proyecto Venezuela.
El proyecto de amnistía, avalado también por organizaciones civiles y sindicales como la Confederación de Trabajadores de Venezuela promovía perdón para los involucrados en el golpe de 2002, paro petrolero y protestas en la búsqueda de liberar a detenidos considerados presos políticos.
El proyecto fue rechazado por la Asamblea Nacional dominada chavismo, que lo consideraron una concesión a “golpistas” y generaba impunidad para actos desestabilizadores.
La amnistía de Hugo Chávez
En 2007, el propio Hugo Chávez promovió el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, en el contexto del referendo para la reforma constitucional.
El decreto fue emitido bajo la habilitante concedida por la Asamblea Nacional chavista y no involucró a la oposición como promotora, aunque benefició a algunos de sus miembros, pero ofreció un perdón selectivo para participantes en el golpe de 2002, paro petrolero y protestas hasta 2007.
Pese a su aplicación, mantuvo inhabilitaciones contra líderes opositores clave y fue visto por muchos sectores como una herramienta de control político.
La sancionada por la AN de mayoría opositora
En 2016, la oposición promovió la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Esta fue impulsada por la AN, controlada por la oposición tras las elecciones de 2015.
La organización Foro Penal contribuyó activamente, presentando una propuesta técnica en enero de 2016 con observaciones para excluir crímenes graves y garantizar el cumplimiento constitucional.
El proyecto promovía amnistía para delitos políticos desde 1999, entre ellos protestas, expresión política y eventos de 2002-2015, con exclusiones por crímenes graves; pero no se concretó porque fue rechazada por Nicolás Maduro y declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia en abril de 2016.
La propuesta del “gobierno interino”
En 2019, durante la crisis presidencial con Juan Guaidó como presidente interino, se aprobó la Ley de Amnistía y de Reconocimiento de Todas las Garantías Constitucionales para Militares y Civiles. Promovida por la Asamblea Nacional opositora.
El Foro Penal también fue parte de este proyecto con cláusulas expresas de exclusión para violaciones a derechos humanos y que promovía amnistía para colaboradores en la restauración constitucional, incentivando defecciones del chavismo y protegiendo a perseguidos políticos.
Este proyecto tampoco vió luz luego de ser aprobado por la AN, pues tanto el Ejecutivo como el máximo tribunal del país se negaron a promulgarla.
Un indulto presidencial
En 2020, aunque no fue una Ley de Amnistía, se emitió un indulto presidencial a 110 personas. Promovido por Nicolás Maduro y el Poder Ejecutivo, en coordinación con el PSUV, para fomentar la participación en elecciones parlamentarias. Esto significó un perdón selectivo para varios opositores.
Seis años después, la amnistía viene directamente de quienes ostentan el poder y proponen el perdón como un gesto de reconciliación, uno que busca calma en medio de protestas por desapariciones forzadas, de desmayos de madres que están por cumplir un mes durmiendo afuera de los penales donde están encerrados los presos políticos y del retorno de la sociedad civil a las calles exigiendo respeto a los derechos humanos.
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