Desde el 27 de agosto la familia del abogado y asesor jurídico de Vente Venezuela, Perkins Rocha, no sabe nada de él. La opacidad en su caso hace que su esposa, María Constanza, mantenga la denuncia de que se trata de una desaparición forzada.
Caracas. Los viajes en familia, el tiempo con su mamá, las visitas a sus hijos, la graduación de uno de ellos. Todo eso se quedó en planes para el abogado Perkins Rocha, quien el 27 de abril cumplió ocho meses en prisión, presuntamente acusado de terrorismo.
El asesor legal del partido opositor Vente Venezuela se enfrenta al aislamiento en una de las celdas de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, donde presuntamente se encuentra privado de libertad.
Sobre este caso todo sigue en la opacidad. Su familia aún no está segura de su paradero, tras ocho meses, no tiene certeza de su situación jurídica y mucho menos de su estado de salud o las condiciones de su reclusión.
María Constanza Cipriani, esposa del dirigente político, cataloga el caso de Rocha como “una desaparición forzada” y lleva sus pastillas, comida y ropa todas las semanas a El Helicoide aunque no está segura de que él la reciba.
“Tantas cosas pendientes. Las visitas a nuestros hijos, que los dos viven afuera. Este año se gradúa mi hijo menor y, por los vientos que soplan, pues no sé si Perkins estará. Yo voy a hacer mi mejor intento para estar porque yo creo que Perkins hubiese querido que si él no puede ir yo esté presente”, dijo a Crónica Uno la esposa del asesor legal de Vente Venezuela.
Sin información
El también profesor universitario forma parte de las filas del partido de la líder opositora María Corina Machado y su liderazgo cobró especial relevancia en el período previo y posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando asumió la vocería de la organización política en materia legal.
Su detención ocurrió el 27 de agosto, en una farmacia de la avenida principal de Las Mercedes, donde compraba medicinas para su madre, según el relato de María Constanza.
“Él se estaba cuidando. Se cuidó un poquito antes de las elecciones y se cuidó bastante después de las elecciones, pero salió ese día porque tenía que comprar un medicamento para su mamá. Generalmente esas cosas las hacíamos juntos o trataba de hacerlas yo justamente para que él no se expusiera”,
contó su esposa.
Al exmagistrado le imputaron los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio y terrorismo. Sin embargo, su abogado aún no ha tenido acceso al expediente y los familiares no tienen certeza ni siquiera de los cargos por los cuales lo acusan.
“Él ya fue imputado, ya fue pasado a juicio y como no hemos tenido acceso al expediente porque no hemos podido juramentar defensa privada, pues no sabemos qué más ha pasado allí. La defensora pública impuesta por el régimen no nos dice nada y por supuesto no lo defiende”, explicó.
Desaparición forzada
María Constanza insistió en que ni ella, ni el abogado de confianza de la familia puede verificar el estatus de Rocha, recibir una llamada de su parte o al menos tener una visita en estos meses, por lo que considera que el caso debe ser catalogado como una desaparición forzada.
Además de tratarse de un delito reconocido y condenado en tratados internacionales a los que Venezuela está suscrita, la desaparición forzada está prohibida en el artículo 45 de la Constitución.
Art. 45: “Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes”,
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Este delito está descrito en el Código Penal Venezolano como el acto por el que una autoridad a servicio del Estado se “niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales”.
El testimonio de María Constanza ejemplifica este delito: “Estos ocho meses han pasado en la más absoluta incertidumbre y cuando la gente me pregunta si tengo certeza de que está en El Helicoide, pues no, no puedo tenerlas porque en ocho meses ni lo he visto ni he conversado con él y el único contacto que tengo con él es a través de las personas que supuestamente lo tienen allí dentro”, dijo.
¿Cómo está Perkins?
El 3 de septiembre de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CHDH) dictó una medida cautelar al coordinador jurídico de Vente Venezuela, al considerar que, tras su detención, “los derechos a la vida e integridad personal de Perkins Rocha se hallan en una situación de grave riesgo”.
Su esposa manifestó que la preocupación más importante es el estado de salud del abogado, ya que padece hidrocefalia y tiene una válvula de derivación cráneo peritoneal para controlar esta condición.
Su familia ha explicado que cualquier impacto en la cabeza o estómago podría mover este artefacto en su organismo y causar graves alteraciones.
“Esa válvula funcionaba bien porque él tenía un régimen de vida saludable, con una dieta más o menos controlada, pero no sabemos si la alteración de su estilo de vida saludable, el hacinamiento ha causado algún daño”,
indicó.
Además, el abogado padeció una meningitis por tuberculosis, un punto de alerta en su historial médico que requiere chequeos constantes a los que la familia no cree que Rocha sea sometido.
María Constanza dijo que la familia pidió intervención a la Cruz Roja y solicitó a las autoridades el ingreso del médico tratante para que chequee su condición, pero esta posibilidad fue negada.
Y aunque varias veces a la semana ella visita El Helicoide y lleva todo lo que cree necesario para que su esposo tenga mínimas comodidades, jamás tiene certeza de si él recibe sus comida o pastillas.
María Constanza incorporó en su rutina la incertidumbre de velar por alguien que no sabe si recibe sus atenciones y cuya condición no puede constatar.
“Los que lo cuidan supuestamente en El Helicoide me dicen que él está bien, que él se porta bien, a lo que yo siempre contesto: cómo se porta mal alguien que está privado de libertad, pero no tengo más información realmente de cómo puede estar y no hay comodidad que yo pueda facilitarle que le sirva para algo”.
Según datos del Foro Penal, hasta finales de marzo se registraron 903 presos políticos en Venezuela y el paradero de 62 de ellos es completamente desconocido.
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