El expreso político Ramón Bejarano relató lo que vivió tras más de un año detenido arbitrariamente en el contexto postelectoral. El coordinador de DD. HH. de Vente Venezuela afirmo que “detrás de cada dato hay una historia de horror”.
Puerto Ordaz. Expresos políticos del estado Bolívar, en su mayoría militantes de Vente Venezuela, ofrecieron una rueda de prensa junto al coordinador de Derechos Humanos del partido, Orlando Moreno, para exponer sus testimonios y presentar un balance sobre la situación actual de los detenidos por razones políticas.
Durante el encuentro, denunciaron la persistencia de detenciones con fines políticos, es decir, arrestos vinculados a la actividad o militancia opositora, condiciones de reclusión precarias y la falta de garantías judiciales para los afectados.
Para Moreno, “aún se está en dictadura”, al señalar que persiste la práctica de mantener bajo medidas restrictivas de libertad a parte de la población, como presentaciones periódicas ante tribunales o prohibiciones de salida del país.
Al respecto, insistió en que estas medidas incluyen privaciones de libertad prolongadas y procesos judiciales que, según afirmó, carecen de garantías básicas como el debido proceso.
Entre los testimonios destacó el de Ramón Bejarano, coordinador de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela en Caroní. Lo detuvieron el 17 de diciembre de 2024 a las 9:00 a.m., cuando se dirigía a la sede de la Corporación Venezolana de Guayana, empresa estatal clave en el desarrollo industrial del sur del país, para protestar junto a jubilados y pensionados en reclamo de sus beneficios.
“Yo compartía mi comida. Yo bajé 20 kilos en una prisión, porque es imposible sentir el dolor ajeno y tú estás comiendo y tienes que compartir con los demás”, relató.
Negligencia y desatención
Bejarano permaneció detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Ciudad Guayana, y posteriormente fue trasladado a la sede de El Helicoide, centro de detención ubicado en Caracas y señalado por organizaciones de derechos humanos por denuncias de torturas, antes de ser llevado a la cárcel La Pica, en Maturín.
Aseguró que la escasez de alimentos obliga a los internos a dividir raciones mínimas, mientras se propagan enfermedades como la tuberculosis y el dengue. Estas patologías, asociadas a condiciones de hacinamiento y falta de higiene, han sido advertidas por organizaciones humanitarias como riesgos frecuentes en centros de reclusión del país.
También denunció la falta de atención médica oportuna para los privados de libertad.
“Veía compañeros que se caían en la celda y pedían ser atendidos, pero no eran asistidos. Como le pasó a ellos, me pudo haber pasado a mí”,
señaló.
Por ello, solicitó el ingreso de organismos humanitarios y de personal médico independiente. “Es la oportunidad para que entren no solamente la Cruz Roja, también Médicos Unidos de Venezuela”, dijo. Estas organizaciones han participado en labores de asistencia humanitaria y documentación de la situación sanitaria en el país.
Más de 3000 casos
Por su parte, Orlando Moreno indicó que el equipo de derechos humanos de Vente Venezuela ha documentado más de 3.000 presos políticos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, proceso en el que sectores de la oposición denunciaron irregularidades y falta de transparencia en los resultados.
“Estamos hablando de más de 3.000 presos políticos solo después del 28 de julio, sin olvidar los preelectorales”, afirmó.
Aunque Moreno atribuye esta cifra al trabajo de documentación de su equipo, no precisó públicamente el informe, metodología o base de datos en la que se sustenta el registro.
Precisó que cerca de 500 de estos casos corresponden a estructuras vinculadas al Comando con Venezuela, distribuidos entre distintas organizaciones políticas. La mayoría, 220, fueron de Vente Venezuela.
“Estamos hablando de muchísima gente. Ese monstruo sigue allí, la estructura represiva sigue allí”, agregó.
Lesa humanidad
Moreno insistió en que estos casos, que constituyen violaciones graves de derechos humanos, deben investigarse por parte de organismos internacionales. Es decir, por instancias externas al sistema judicial venezolano, como organismos multilaterales o tribunales internacionales.
“Los crímenes de lesa humanidad están por encima de cualquier acuerdo político. Primero debe haber justicia, luego reparación y garantías de no repetición”,
sostuvo.
Asimismo, denunció la existencia de una “lista negra” de funcionarios y familiares que reciben amenazas para evitar denuncias. El señalamiento implica posibles mecanismos de intimidación extrajudicial. Hasta la fecha, no ofreció detalles verificables sobre la conformación o documentación pública de este listado.
“Hay personas que no pueden hablar porque sus familias son amenazadas de muerte”, advirtió.
Moreno planteó la necesidad de preservar la memoria histórica y “convertir los centros de tortura en museos para recordar por siempre lo que ocurrió”. Esta propuesta apunta a procesos de memoria, justicia y reparación en contextos de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, insistió en la necesidad de eliminar fuerzas represivas y de persecución como el Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Exigen condiciones electorales
Tras los testimonios individuales y las cifras expuestas, los voceros vincularon la situación de los detenidos con el contexto político general del país y la ausencia de garantías institucionales.
Ambos coincidieron en que la solución pasa por la realización de elecciones con garantías. Para esto hacen falta, alegó, condiciones equitativas de participación, observación internacional independiente y respeto a los resultados.
“Cuando haya elecciones de verdad y se respeten, habremos entendido que está comenzando la libertad”, añadió Bejarano.
Moreno, por su parte, aseguró que la organización ciudadana se mantiene activa. “Seguimos teniendo la fuerza de ganar cualquier elección que venga, pero debe ser en igualdad de condiciones”, indicó.
En su balance, Moreno se refirió al daño psicológico que sufrieron presos políticos y sus familiares, incluyendo secuelas emocionales derivadas del encierro, la incertidumbre judicial y la separación prolongada, y afirmó que “detrás de cada dato hay una historia de horror”.
Por eso, insistió en que la documentación de estos casos busca no solo visibilizar las denuncias, sino también sentar bases para eventuales procesos de justicia, reparación y garantías de no repetición.
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