El Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció el otorgamiento de medidas cautelares a 99 personas privadas de libertad en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han podido confirmar al menos 45 excarcelados.
Caracas. Como una “expresión concreta del compromiso del Estado con la paz” el Ejecutivo ordenó la excarcelación de 99 personas, detenidas en el contexto de las elecciones presidenciales efectuadas en julio de 2024.
El otorgamiento de estas medidas cautelares fue confirmado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario que publicó en redes sociales un comunicado, en el cual informa sobre la decisión “dirigida a garantizar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos”, sin pronunciarse sobre el resto de casos de detenidos o por las irregularidades que las personas excarceladas han vivido durante su proceso judicial.
Sin embargo, organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón confirman hasta ahora la excarcelación de al menos 45 personas de este grupo y recordaron que se trata de una medida “insuficiente”. Mientras que el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) ha verificado 71 casos, de los cuales 63 ya están identificados.
De acuerdo con Justicia, Encuentro y Perdón las excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo cual dificulta la confirmación directa de los casos para las organizaciones defensoras. Actualmente, según esta ONG, hay más de 1000 presos políticos.
“Si bien toda excarcelación tiene un impacto positivo e inmediato en la vida de la persona afectada y de su entorno familiar, la liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no corrige la ilegalidad de fondo. Aún en el escenario más favorable, de tratarse de aproximadamente 75 excarcelaciones, más de 1000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada”, publican en su cuenta de X (antes Twitter).
Según las organizaciones defensoras de derechos humanos las excarcelaciones se produjeron a personas detenidas en las cárceles de Tocorón, Las Crisálidas, Santa Ana del Táchira y La Guaira.
Casos emblemáticos
Entre los excarcelados, hasta el momento, destacan tres adolescentes de 17 años de edad, que permanecían detenidos en La Guaira: Dainer Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneider Ángel Zúñiga.
Abraham Rivero y Luisneider Zúñiga fueron arrestados la noche del 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidennciales, en Macuto, por hombres encapuchados a bordo de una camioneta negra, sin placas. Luego los trasladaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Guaira.
En el caso de Ángel González, lo detuvieron en su vivienda, en agosto de 2024, y lo acusaron de participar en el derribo de una estatua del expresidente fallecido Hugo Chávez.
Además de los adolescentes, recibieron medidas cautelares Eduak Ramírez, Luiz Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales, Frank Revilla y María Elba Delgado.
Destaca también la excarcelación de la doctora Marggie Orozco, detenida el 5 de agosto de 2024, por enviar un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado Táchira, en el que instaba a votar en contra de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.
El 16 de noviembre pasado la condenaron a 30 años de cárcel, la pena máxima en Venezuela. La jueza Luz Dary Moreno Acosta la acusó de la comisión de los delitos de traición a la patria y conspiración e incitación al odio.
La doctora fue excarcelada la madrugada del 25 de diciembre junto con Alayne Rangel Gómez, la empresaria Jenny Núñez y la profesora María Elena Becerra, quienes permanecieron privadas de libertad más de un año en la cárcel de Santa Ana del Táchira.
“Libertad para todos”
Para el Clipp “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.
Sin embargo, insistió, como otras organizaciones en que, “mientras exista una sola persona detenida por motivos políticos, la exigencia sigue siendo la misma: libertad plena e inmediata para todos”
Las ONG exigieron la liberación del adolescente Gabriel Rodríguez, a quien recientemente condenaron a 10 años de cárcel por delitos de terrorismo. La sentencia establece seis años de prisión y cuatro años de trabajo comunitario.
Además, activistas recordaron que ninguno de los denominados “presos de conciencia” recibió los beneficios otorgados por el Estado. Es el caso de los activistas Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejada.
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