En apenas 48 horas el Tribunal Supremo de Justicia ha aceptado las solicitudes de extradición que el Ministerio Público intervenido ha formulado contra la destituida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y contra el exministro de Energía, Rafael Ramírez.
Caracas. Los temores de que el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro pudiera ser utilizado por el chavismo para perseguir a la oposición y a la disidencia se confirman. Así, tras la cuestionada detención del diputado Juan Requesens, las autoridades han puesto la mira en las personalidades que desde el exterior vienen cuestionando sus ejecutorias, en especial aquellas que hasta no hace mucho formaban parte del oficialismo, como la fiscal general de la República removida por la Constituyente, Luisa Ortega Díaz; o el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez.
Ortega Díaz y Ramírez figuran en la lista de ocho extradiciones que en las últimas 72 horas ha aprobado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a solicitud del Ministerio Público intervenido, las cuales están dirigidas a los gobiernos de Colombia y España.
Desde que en agosto de 2017 debiera huir a Bogotá tras ser removida de su cargo por la Constituyente, Ortega Díaz se ha convertido en una feroz crítica del Presidente Maduro, al que denunció en noviembre pasado ante la Corte Penal Internacional por la comisión de delitos de “lesa humanidad” desde 2013 y posteriormente lo ha acusado ante el TSJ en el exilio de diversos delitos, entre ellos el de corrupción por el caso Odebrecht.
Por su parte, Ramírez se ha convertido en otro duro detractor y constantemente publica artículos de opinión y da entrevistas, en las cuales acusa al mandatario de acabar con el legado del fallecido Hugo Chávez.
La lista para el gobierno de Bogotá la completan el abogado Zair Mundaray, director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio; los ciudadanos Elvis Rivas Barrios y Oswaldo García Palomo, señalados de ser los responsables de preparar los explosivos colocados en los drones que fueron empleados en el suceso de la avenida Bolívar.
El último solicitado a Colombia es el expresidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, quien se encuentra en el vecino país desde principios de año y al que el presidente Maduro responsabiliza de fraguar su intento de asesinato.
Las peticiones a España, por su parte, no se relacionan con el supuesto magnicidio, pero sí con casos de corrupción. Así la Sala de Casación Penal autorizó al Ejecutivo a pedirle a Madrid la entrega no solo del exministro Ramírez, cuyo paradero desde que renunció a la Embajada en Naciones Unidas se desconocía, sino de dos empresarios señalados de participar en el desfalco a Pdvsa y en el caso de las cuentas en Andorra: Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Ramón Sánchez.
Rodríguez Cabello es mencionado como el testaferro de Diego Salazar, el polémico primo de Ramírez que presuntamente amasó su fortuna al manejar los contratos de seguros y reaseguros de la petrolera. El solicitado fue detenido en diciembre pasado por blanquear capitales a través de una red que manejó fondos estimados en más de 2000 millones de dólares entre 2011 y 2012, luego de pedir sobornos a empresas chinas para presentarlas en licitaciones de proyectos de energía.
A Sánchez Rodríguez, de 68 años, lo detuvieron esta semana funcionarios de la Interpol en Madrid, España, luego de haber estado solicitada su captura internacional por el Juzgado Sexto de Control de Caracas, también por delitos de corrupción.
Una excusa para perseguir
Para el constitucionalista Alí Daniels, las extradiciones no tienen validez, porque el sistema judicial no ha seguido el procedimiento para estos casos. “Los países a los que se les están haciendo las peticiones no han informado que las personas requeridas estén allí”, afirmó, al tiempo que agregó: “Si uno lee las sentencias se llega a la conclusión de que las pruebas para sustentar las medidas fueron fabricadas u obtenidas ilegalmente”.
A juicio del jurista es evidente que a las autoridades no les interesa realmente que les entreguen a las personas. “El mensaje parece ser: los estamos persiguiendo y sepan que vamos tras ustedes”, dijo, y añadió: “Están aprovechando el caso del magnicidio para perseguir a opositores y a disidentes del chavismo”.
Por su parte, uno de los afectados, el abogado Zair Mundaray, en conversación con Crónica.Uno desde Colombia, calificó la medida en su contra y la fiscal general en el exilio de “payasada” que solo busca “tapar lo medular, el fracaso económico y social” del Gobierno.
Sobre su caso en particular, el profesional del Derecho agregó:
“El tribunal que acuerda mi extradición no existe. En la Sala Penal ninguno tiene credenciales para ser magistrado. Es un delito inexistente, porque el hecho de pedir el cumplimiento del deber a los fiscales no es un delito”.
A través de su cuenta de Twitter, Mundaray llamó a los fiscales que investigan el caso del magnicidio a conducir las averiguaciones según lo que establecen la Constitución, las leyes y tratados internacionales, so pena de ser responsables de cualquier trasgresión.
Foto referencial: AVN
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