La “nueva” Sala Constitucional se estrena anunciando que revisará una sentencia de la Sala Civil

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El cambio del TSJ hecho por el Parlamento prácticamente paralizó al organismo, donde algunas salas siguen sin emitir una sola decisión pese a que han transcurrido más de dos semanas desde que se produjeron las designaciones de los magistrados, denunció Transparencia Venezuela, en una investigación en la que reveló que cientos de causas pendientes han debido ser reasignadas a otros magistrados.

Caracas. Más de 15 días después de que la Asamblea Nacional electa en 2020 la interviniera, la “nueva” y reducida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha puesto manos a las obras y ha dictado su primera sentencia. La intérprete de la Carta Magna se ha estrenado anunciado que revisará una decisión que en 2019 dictó la Sala de Casación Civil, en la cual condenó a una empresa a pagarle 35 millones de bolívares a otra por incumplimiento de contrato.

La decisión, contenida en el fallo número 37 , es apenas la cuarta que emite el máximo juzgado desde que el pasado 26 de abril la Asamblea Nacional lo reestructurara, lo cual deja la sensación de que los cambios introducidos por los parlamentarios han puesto en pausa al organismo rector del Poder Judicial.

Los otros tres dictámenes fueron emitidos por la Sala de Casación Penal el pasado 6 de mayo, de acuerdo con la información que figura en el sitio web del máximo juzgado, donde además se observa que las salas de Casación Social y Civil, Electoral y Político Administrativa no emiten un solo dictamen desde mucho antes que los diputados designaran a los magistrados. Solo el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa ha registrado alguna actividad al dictar 32 autos en lo que va del mes.

El pasado día 11, la Sala de Casación Civil emitió una resolución en la que anuncia que a partir de este lunes 16 comenzará a despachar, informó el abogado Ramón Escovar León en su cuenta de Twitter . El abogado tenía días denunciando la paralización en la que se encuentra el TSJ.

Reorganizando todo

La parálisis del TSJ parece ser una consecuencia inevitable de la remodelación hecha por la AN al organismo rector del Poder Judicial, la cual incluyó la reducción de sus integrantes desde los 32 magistrados anteriores a los 20 actuales, la incorporación de ocho verdaderamente nuevos y el traslado de tres de los “reelectos” a instancias distintas a las que venían ocupando hasta ahora. Así lo revela una investigación publicada por Transparencia Venezuela, a través de Suprema Injusticia , un proyecto que busca monitorear el funcionamiento del sistema judicial venezolano.

En la averiguación se afirma que los ajustes antes mencionados han hecho que cientos de casos hayan cambiado de manos. Solo en las salas Político Administración y de Casación Penal 252 expedientes habían sido reasignados a otros magistrados hasta el pasado día 10 de mayo.

La Sala Político Administrativa es la que más causas vio como pasaron de un magistrado a otro, con 213, según figura en la cuenta número 32 de la instancia, fechada el 3 de mayo. Una revisión de dicho documento deja en claro que no solo los procesos de reciente data se verán demorados, sino también el plan puesto en marcha desde esa instancia para cerrar casos que reposaban en sus gavetas desde hace décadas.

Entre las causas que terminaron siendo reasignadas figura un juicio que data de 1953 y que involucra a una empresa canadiense, a la República y a una petrolera; varios relacionados con expropiaciones decretadas por sucesivos gobiernos en las décadas de los 60 y 70 para ejecutar numerosas obras públicas o para crear parques nacionales e incluso uno interpuesto por la desaparecida aerolínea estadounidense Pan American Airways (Pan Am) contra una decisión de tribunal de instancia.

Por su parte, en la Sala Penal la solicitud de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, interpuso en 2020 con la finalidad de determinar si el partido político Voluntad Popular es una organización terrorista fue a parar a manos de la recién electa magistra Carmen Marisela Castro.

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