Un proyecto de ley, que ya fue aprobado de forma expedita en primera discusión por la Asamblea Nacional, busca acelerar trámites y reorganizar la administración pública en Venezuela. Especialistas alertaron a Crónica Uno que la norma otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo y erosiona los contrapesos institucionales.
Caracas. En un país donde los trámites públicos suelen asociarse a demoras, discrecionalidad, sobornos, gestores y opacidad, desde permisos comerciales hasta simples registros administrativos, la Asamblea Nacional (AN) abrió el debate sobre una ley que promete “agilizar” el aparato del Estado, pero que también enciende alertas por el alcance del poder que concentra en la Presidencia.
El pasado jueves, 22 de enero, la AN de mayoría oficialista aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública.
Según el texto legislativo preliminar, al que tuvo acceso Crónica Uno minutos antes de la sesión ordinaria, el objetivo central es reducir cargas burocráticas. E decir, requisitos, permisos, licencias y autorizaciones que hoy ralentizan los procesos administrativos; y acelerar la respuesta del Estado frente a ciudadanos y empresas.
Su aprobación definitiva, que requiere una segunda discusión y la sanción de Delcy Rodríguez —quien ejerce la presidencia encargada luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado— redefiniría el funcionamiento interno de ministerios, institutos y entes adscritos.
Desde la bancada oficialista, la diputada María Gabriela Vega, presentadora del proyecto, durante la plenaria, recalcó que la iniciativa busca agilizar la burocracia estatal.
“Existe un consenso general acerca de la necesidad de transformar los trámites y procedimientos administrativos del Estado para hacerlos más simples, más expeditos”, afirmó la legisladora por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado La Guaira.
Los índices internacionales reflejan esta realidad: en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el puesto 178 de 180 países, con 10/100 puntos.
En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, está en el último lugar, 143 de 143, con 0.26 de puntuación. Asimismo, en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, ocupa el puesto 31 de 32 en América.
Facultades extraordinarias para el Ejecutivo
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el artículo 7. El apartado otorga al presidente de la República la facultad de suspender, reducir, suprimir o modificar trámites y procedimientos administrativos, sin necesidad de una reforma previa de las leyes que los regulan.
Durante su intervención, la diputada Vega resumió el alcance: “Suspender, reducir, suprimir, derogar y modificar”.
En la práctica —como señalaron a Crónica Uno fuentes jurídicas que pidieron no ser identificadas— esto supone que el Ejecutivo podría dejar sin efecto requisitos establecidos incluso en leyes orgánicas, que ocupan una jerarquía superior dentro del ordenamiento jurídico venezolano.
El artículo 8 amplía este poder. En el numeral se establece quelas decisiones presidenciales tendrán aplicación preferente y que las normas legales que entren en contradicción quedarán suspendidas “de pleno derecho” —una figura jurídica que implica la inaplicabilidad automática de la norma— hasta que sean reformadas formalmente por la Asamblea Nacional.
Este esquema introduce lo que especialistas califican como una “supra-legalidad administrativa temporal”. Con esto, el presidente de turno se convierte en el eje del rediseño institucional. De esta manera, concentraría atribuciones que tradicionalmente corresponden al Poder Legislativo.
“Estamos frente a una habilitación encubierta”, advirtió una de las juristas entrevistadas, especialista en gobernanza y políticas públicas.
En su opinión, el instrumento legal encubre en la práctica una ley habilitante. Pues, se diluyen los contrapesos al poder presidencial amparándose en la búsqueda de “eficiencia”.
En ese sentido, subrayó que uno de los mayores riesgos de la implementación de esta ley, tal como está planteada en su versión inicial, es lo que denominó como “hiperpresidencialismo”. Así se conoce al sistema o práctica en el que el presidente concentra un poder excesivo y desequilibrado sobre los otros poderes del Estado. Por eso, instó a un cambio de enfoque.
“El éxito de estas reformas depende de descentralización, participación multisectorial y evaluaciones transparentes”, agregó.
Un trámite rápido, pero sin consenso
El proyecto de ley se ha discutido con rapidez al declararse urgencia parlamentaria. Este mecanismo permite priorizarlo temporalmente y eludir los plazos habituales de revisión y debate. Sin embargo, no ha recibido la misma atención mediática ni política que otras iniciativas, como la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
Para esta última, figuras como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez han emprendido una gira explicativa por estados productores —como Anzoátegui el fin de semana pasado— y han sostenido encuentros con actores clave del sector, como Chevron, este lunes, 26 de enero. El objetivo: detallar los alcances de la primera modificación sustancial en casi dos décadas.
En contraste, la socialización de la ley de simplificación de trámites se ha limitado, en gran medida, a la distribución del borrador. La primera vicepresidencia de la AN lo distribuyó entre legisladores y medios, apenas una hora antes del inicio de la sesión ordinaria del 22 de enero pasado.
En el debate parlamentario, el diputado de Un Nuevo Tiempo por el estado Zulia, Ezio Angelini, ilustró el problema con un ejemplo concreto, acerca de lo que implica intentar constituir hasta un pequeño emprendimiento en Venezuela.
“Los emprendedores y empresarios que quieran registrar una empresa tienen que inscribirse en 17 organismos; es una espiral sin fin donde, al terminar el último trámite, el primero ya se ha vencido”.
Este hecho ha sido documentado por indicadores internacionales. El Doing Business del Banco Mundial ha situado históricamente a Venezuela entre los peores países de Latinoamérica para emprender. En total, se requieren de al menos 17 procedimientos y hasta 230 días para abrir una empresa. Mientras que el promedio regional es de entre 8 y 9 trámites y unos 30 días.
Esta traba ha limitado la creación de negocios, reflejándose en una tasa de propiedad empresarial de apenas el 4,5 %.
Previamente, durante la presentación del borrador legal, Vega insistió en que “en nuestro país existe un consenso general acerca de la necesidad de transformar los trámites y procedimientos administrativos para hacerlos más simples, más expeditos y profundos”.
Entonces, el desacuerdo fundamental no radica en el diagnóstico ni en la meta, sino en el camino escogido para lograrlo, que es lo que genera los mayores cuestionamientos.
Reordenamiento institucional y eliminación de organismos
El proyecto también contempla una reconfiguración del entramado administrativo vigente. El artículo 12 ordena la liquidación del Instituto Nacional de Gestión Eficiente de Trámites y Permisos. Este organismo fue creado en 2008 con la misión de coordinar políticas de simplificación administrativa.
Desde el oficialismo, la diputada del PSUV por el estado Lara Carolina García Carreño defendió el rediseño institucional. Al respecto, aseveró que “esta ley elimina el cobro de dádivas y ordena la digitalización de trámites para reducir el uso del papel”, como parte de una estrategia para combatir prácticas discrecionales en la administración pública.
La norma, sin embargo, no precisa qué entidad asumirá las funciones técnicas del instituto ni cómo se garantizará la continuidad de competencias clave, como la estandarización de procesos y la supervisión interinstitucional. Lo que, a juicio de expertos, abre vacíos operativos relevantes.
Para *Abelardo Jiménez, un consultor en administración pública y exfuncionario ministerial, eliminar organismos sin definir sustitutos claros “puede traducirse en mayor discrecionalidad y menor capacidad técnica dentro del Estado, justo lo contrario de lo que se promete”.
Entre los posibles beneficios, los expertos citan la digitalización de trámites y la creación de ventanillas únicas. Esta modalidad ya se ha probado con éxitos en países como Chile y México, por citar dos casos en la región.
“Si se aplican correctamente, estas medidas podrían reducir tiempos de gestión y costos para la ciudadanía”, aseguró Jiménez, aunque añadió que su implementación depende de la infraestructura tecnológica y del capital humano disponible.
Un debate que trasciende la burocracia
Aunque el discurso oficial sostiene que la ley apunta a combatir la ineficiencia y reducir la corrupción asociada a trámites engorrosos —un problema histórico de la administración venezolana—, el debate legislativo ha derivado hacia una discusión más amplia sobre la concentración del poder.
Desde la llamada oposición moderada, el diputado de Alianza Democrática, Alfonso Campos, sintetizó esa preocupación con una frase. “Es sorprendente que la burocracia parezca ser parte de la democracia y definitivamente hay que hacer algo urgente”.
En el expedito debate, sectores críticos dentro del Parlamento alertaron que la simplificación administrativa no exige necesariamente la suspensión de leyes, sino su reforma a través de los procedimientos ordinarios, mientras que los defensores del proyecto argumentaron que la emergencia institucional del país justifica medidas excepcionales y expeditas.
El proyecto fue aprobado en primera discusión durante la sesión ordinaria, hecho que quedó formalmente declarado por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, quien anunció: “Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos de la Administración Pública y se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión”, que podría ocurrir tan pronto como esta misma semana.
Hasta entonces, el texto seguirá bajo escrutinio, en medio de un debate que ya no se limita a trámites y permisos, sino que interpela el equilibrio de poderes y el modelo de Estado que se busca consolidar.
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