Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, expresó que tras los comicios presidenciales del 28 de julio hubo «registros sin precedentes» de detenciones de adolescentes y mujeres en Venezuela.
Caracas. Desde el 28 de julio se documentaron una “multiplicidad de violaciones” de derechos humanos, que van desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violaciones al derecho a la defensa y “asesinatos” por uso excesivo de la fuerza, explicó Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad legal de Provea.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como presidente reelecto, la madrugada del 29 de julio, se generó un descontento social que terminó en represiones generalizadas en el país por parte de las fuerzas del orden público.
En este sentido, distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron violaciones de derechos humanos, que por su carácter generalizado y sistemático dirigido hacia la oposición o percibidos como tal “constituyen crímenes de lesa humanidad y son la continuidad de los crímenes que se vienen cometiendo desde 2014”, según Alvarado.
Acontecimientos similares en años anteriores motivaron que a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciara una investigación y que la Organización de las Naciones Unidas creara la misión de determinación de los hechos para investigar detenciones, casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Venezuela.
Represión sin precedentes
Martha Tineo, abogada y cofundadora de Encuentro Justicia y Perdón, sostuvo que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre un aparato de represión que opera de manera coordinada entre los cuerpos de seguridad del Estado y el sistema de justicia, e implementan una política de Estado para perseguir a opositores, que se activa particularmente en períodos electorales.
“Lamentablemente en el actual período electoral hemos visto un incremento sin precedentes, no solamente en el número de detenciones masivas, también en el caso de niñas, niños y adolescentes, de los cuales no había registro en el pasado, un número tan escandaloso de detenciones a adolescentes y mujeres en Venezuela”.
Tineo explicó que, al considerar las denuncias de la misión, la represión y persecución son una política de Estado que se ejecuta permanente contra grupos de la sociedad civil y que se extiende a defensores de derechos humanos y periodistas, quienes son detenidos al ejercer su labor, porque se criminaliza el derecho a informar y a estar informado.
“El crimen de persecución puede ejecutarse a través de la comisión de estos otros crímenes: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta o larga duración, asesinatos, torturas, violencias sexuales, justamente como parte de toda esa política de Estado”.
Detenciones
De acuerdo con Alvarado desde el 28 de julio se registraron más de 2400 detenciones arbitrarias, cifra que incluye a menores de edad. El Foro Penal Venezolano documentó 1824 detenciones, desde el 29 de julio, mientras que el mandatario Nicolás Maduro informó arrestaron 2000 personas.
“Tenemos 2000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y Tocuyito. Máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón“”, dijo Maduro en su alocución del 3 de agosto.
Hasta el 22 de octubre El Foro Penal Venezolano registró 69 adolescentes que siguen privados de libertad. Alvarado resaltó que todos los detenidos, incluso los menores de edad, están imputados por terrorismo y en Venezuela nunca se habían procesado a tantas personas este delito y en un período de tiempo tan corto.
Esta situación deja en evidencia “el uso abusivo de la ley antiterrorista”, un elemento diferenciador de períodos anteriores de numerosas detenciones arbitrarias como en 2014, 2017 y 2019.
Martha Tineo añadió que tres meses después de las elecciones presidenciales se documentaron nuevos patrones de violaciones, como la negación del derecho a la defensa con abogados de confianza y la realización de audiencias masivas y telemáticas. Además, los detenidos son imputados por delitos graves sin “individualización de hechos y de supuesta responsabilidad penal”.
Periodistas detenidos
A la lista de detenciones se suman los periodistas o trabajadores de la prensa. Espacio Público informó que desde los comicios presidenciales se documentaron 130 casos vinculados con violaciones a la libertad de expresión, que derivaron en 13 detenciones arbitrarias.
Este martes, 29 de octubre, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informó que han trascurrido más de 90 horas sin que se sepa del paradero del periodista Nelin Escalante, quien fue presuntamente detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Según el CNP Escalante fue visto por última vez en una reunión en el centro comercial Líder, al este de Caracas, con funcionarios vestidos de negro. Luego fue trasladado a la sede de la Dgcim en Boleíta.
Ya van más de 96 horas sin saber sobre Nelin Escalante.Familiares y abogados no han podido verlo a pesar de haberse dirigido a la Dgcim para conocer status de su situación y los delitos que presuntamente se le estarían imputando.Esto vulnera DD HH #dondeestanelin #liberenanelin pic.twitter.com/3JxVGOgged
— cnpven (@cnpven) October 29, 2024
Muertes
Según la Misión Internacional Independiente de los hechos sobre Venezuela, 25 personas fueron asesinadas con armas de fuego durante las manifestaciones poselectorales.
De forma extraoficial, hasta el 31 de julio, Crónica Uno verificó la muerte de seis personas en Caracas, por heridas de bala.
Alvarado también mencionó “la masacre de San Jacinto”, donde fueron asesinadas siete personas en la redoma de San Jacinto y el Obelisco en Maracay, en el estado Aragua. Cinco de ellas murieron el 29 de julio durante las manifestaciones y dos fallecieron en agosto por la gravedad de las heridas.
Según Alvarado, en la represión desatada en los últimos tres meses participaron distintos organismos del Estado como las policías municipales, que realizaron allanamientos y detenciones ‒fuera de su competencia‒, así como policías estatales. También la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los servicios de inteligencia de la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Sin embargo, en algunas zonas concretas del país hubo participación de grupos paramilitares.
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