Foto: Crónica Uno

Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, por lo menos 24 % de las solicitudes de sobreseimiento de causas a través de la Ley de Amnistía han sido negadas. Las ONG denuncian que los defensores públicos rehúyen apelar y que cientos de presos por razones políticas siguen quedando judicializados.

Caracas. Las buenas noticias que trajo la aprobación de la Ley de Amnistía fueron opacadas por la indignación e impotencia de muchos a los que el beneficio de sobreseimiento por medio de esta norma les fue negado, a pesar de que se trataron de casos con una clara motivación política. 

A la fecha, y de acuerdo con las últimas cifras dadas por el propio presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, a más de 2000 personas, equivalentes a 24 % de los solicitantes les negaron el beneficio de la amnistía porque, remarcó, sus causas no se enmarcan dentro de los supuestos indicados en la norma

Pero, más allá de los números, los nombres de los “no amnistiables” dejan ver la profunda fractura en el discurso de reconciliación que se impone en Venezuela. 

Foto: Prensa AN

Javier Tarazona, considerado por Amnistía Internacional preso de conciencia; Perkins Rocha, asesor jurídico y amigo de la opositora María Corina Machado; Nakary Ramos, una periodista judicializada por hacer un reportaje sobre la inseguridad; los expolicías metropolitanos José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, acusados por los sucesos de 2003 en Puente Llaguno, son algunos de los nombres de quienes recibieron respuesta negativa a su solicitud del beneficio. 

“Es una  noticia que recibimos con dolor, una negativa administrativa no borra una verdad épica ni detiene nuestra voluntad. Anunciamos con serenidad y con firmeza que no nos retiramos, no nos vamos”, dijo Tarazona el 26 de marzo, en las afueras del Palacio de Justicia, tras conocer que fue negada la solicitud de sobreseimiento a su caso, amparado en la Ley de Amnistía. 

Sin respuestas y sin esperanzas

Las respuestas vagas, confusas y evasivas han sido la regla para muchos de los presos políticos que esperan su libertad plena. La organización Foro Penal denunció que algunos tribunales admiten que algunas solicitudes, basadas en la Ley de Amnistía, fueron negadas, pero no entregan constancias escritas que den cuenta de estos rechazos. 

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, hizo la denuncia en X (antes Twitter) y explicó que Foro Penal recibió denuncias de familiares a los que les niegan copias de las boletas de notificación de estas negativas. 

Carlos Julio Rojas, periodista que estuvo preso casi dos años en El Helicoide, tiene más de un mes esperando una respuesta de los tribunales, luego de que introdujo la solicitud de sobreseimiento de su causa el pasado mes de febrero. 

“Ha sido muy difícil, porque es como que mi caso está engavetado. A mí me acusaron de un delito tan dantesco como es el de magnicidio, cuando lo que he hecho es ejercer mi labor de periodista, abocado a mi labor de defensor de derechos humanos”, dijo el periodista, con tres causas abiertas en su contra, todas por alzar la voz ante injusticias y situaciones que afectan a vecinos de Caracas. 

Aseguró que cada vez que acude a tribunales a preguntar por su caso, le responden que “están esperando órdenes de arriba”. 

Carlos Julio Rojas
Los cargos incluyen «conspiración», «financiamiento al terrorismo» e «instigación al odio. Foto: cortesía de @CarlosJRojas13

Rojas, como otros defensores de derechos humanos insistió en que es necesario instalar una comisión por la verdad que, “con equilibrio”, revise los casos. Instó al Programa para la Paz y la Reconciliación, encabezado por Ernesto Villegas, a revisar los casos que los tribunales “intentan engavetar”. 

“Aunque estamos en un nuevo momento político, creo que se está dando una discrecionalidad perversa porque nuestros casos están siendo evaluados por nuestros propios verdugos. Por eso volvemos con la propuesta de que se instale una comisión por la verdad y este proceso sea guiado por entes como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de DD. HH.”.

Carlos Julio Rojas

Tanto Rojas, como los defensores de derechos humanos que fueron presos políticos y los que los acompañan en su exigencia de libertad plena, insisten en que los obstáculos e interpretaciones sesgadas de la Ley de Amnistía impiden avanzar en cualquier proceso de reconciliación para los venezolanos

La ONG Encuentro, Justicia y Perdón lo explicó al asegurar que “la denegación sistemática y sin argumentos de estas solicitudes refleja una práctica que debe ser urgentemente corregida para garantizar la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica”. 

Mientras tanto, la última cifra de amnistiados ofrecida por el Parlamento da cuenta de que se han otorgado 8084 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía, 7782 de esas personas que tenían medidas cautelares, mientras que las 302 restantes estaban encarceladas.

Los balances oficiales nada dicen de los más de 500 presos políticos que siguen tras las rejas y los miles que, de acuerdo con datos de ONG, aún viven con medidas restrictivas de su libertad por pensar diferente.

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