El mandatario, por tercer año consecutivo, tomó la palabra en el acto de inicio de actividades judiciales, en el cual la presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez, advirtió a los diputados que seguirán bloqueándolos hasta que acaten sus fallos.
Caracas. Agradecido, muy agradecido por la lealtad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frente a la Asamblea Nacional. Así se mostró el presidente Nicolás Maduro al participar este martes en el acto de apertura judicial, donde tras asegurar que “en Venezuela hay paz porque tenemos un TSJ valiente” instó a esa instancia a actuar con contundencia contra los legisladores a los que acusó de cometer “delitos graves”.
“En el año 2016 se demostró ampliamente la fortaleza jurídica y ética, la firmeza, la capacidad de respuesta y la calidad indestructible del Poder Judicial para plantarse frente a poderes facticos nacionales e internacionales para hacer valer la legalidad y constitucionalidad (…) no le tiembla el pulso [al TSJ] para hacer valer la Constitución y yo, como Jefe de Estado, quiero darle las gracias, en particular a la Sala Constitucional y a su presidenta, Glayds María Gutiérrez Alvarado, por su valentía, su compromiso”, expresó el mandatario.
Esta declaración ocurrió durante el discurso que, por tercer año consecutivo, ofreció a los magistrados y jueces congregados en el máximo juzgado para dar inicio oficialmente a las actividades de los tribunales del país.
Pero los elogios del Presidente Maduro no se quedaron allí y al despedirse aseveró que lo embargaba “un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad, magistrada, magistrados. La lealtad, la honestidad y el compromiso que con su propia vida han puesto para que nuestro país pase parte la tempestad de 2016 y esté en las mejores condiciones en el 2017 para seguir avanzando”.
Tras asegurar que “nunca” ha llamado a ninguno de los presentes para girarle alguna instrucción, el mandatario instó a los 32 magistrados a aplicar “justicia máxima” a la mayoría opositora del Parlamento.
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“Una AN totalmente inútil, totalmente fallida (…) que ha incurrido en delitos graves contra el Estado de Derecho. No son faltas, no son errores. El desacato continuo que la ha llevado a autoanularse, son delitos graves (…) ustedes cuentan conmigo porque no me temblará el pulso para hacer todo lo que haya que hacer para restablecer el Estado de Derecho”, afirmó, al tiempo que agregó: “nadie puede estar por encima de las leyes ni de los tribunales de la República. Hay que acatar las leyes de los tribunales, así no se esté de acuerdo con las decisiones”.
En el auditorio principal del TSJ, donde se celebró el acto —cuyo inicio se dio pasada la una de la tarde aunque estaba pautado para las 11:00 a. m.—, se hallaban los 32 magistrados, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el contralor general, Manuel Galindo; y decenas de jueces.
En su sentencia 7 la Sala Constitucional ya solicitó al Ministerio Público que procese a los 106 diputados que declararon que el mandatario abandonó su cargo por la presunta comisión de los delitos de conspiración, usurpación de funciones, desvío de poder y violación de la Constitución.
El centro de todo
El Parlamento no solo ocupó buena parte de la actuación del máximo juzgado el año pasado y del inicio de este, sino que también tuvo un lugar relevante tanto en el informe de gestión que la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, ofreció, así como del discurso de orden que dio el vicepresidente de la Sala Electoral, Malaquías Gil.
Tras afirmar que “asumimos la tarea de proteger la integridad constitucional ante aquellos factores que pretenden y pretendan impedir, menoscabar o enervar la correcta aplicación de la Constitución”, Gutiérrez sostuvo que la Sala Constitucional, con los más de 50 fallos contra el Legislativo, “garantizó la estabilidad de la República”. Y acto seguido, advirtió que a esa instancia “nada la desviará de su compromiso de cumplir con las competencias que la Constitución le otorga y reafirma su lealtad al pueblo”.
Gil, por su parte, denunció y condenó la “campaña de desprestigio y odio” que, según él, algunos grupos han emprendido contra la Sala Electoral por su decisión de suspender la asunción de los cuatro diputados de Amazonas —tres de la oposición y uno del chavismo.
Pese a que aseveró que esa decisión y otras “están ajustadas a derecho”, el funcionario no desveló cuándo la instancia resolverá el caso ni tampoco aclaró por qué más de un año después de haber tomado semejante decisión, sin precedentes en la historia y que iba a contracorriente de la jurisprudencia del TSJ, ni siquiera se ha fijado el respectivo juicio oral y público.
Creando lo creado
Durante su intervención, el presidente Maduro anunció la creación de la Gran Misión Justicia Socialista, la cual dijo que irá destinada a combatir los elevados índices delictivos y la impunidad reinante en el país al “llevar a los fiscales, los jueces y la seguridad armada a las comunidades y cuadrantes de paz”.
El mandatario no dio muchos detalles de la iniciativa, la cual dijo que su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, ya propuso y solamente informó que en la misma participarán los poderes Judicial, Ciudadano y Ejecutivo.
No obstante, el anuncio de la Misión Justicia ya existe. Es más, el pasado 18 de enero celebró su séptimo aniversario, de acuerdo con una nota de prensa publicada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
La iniciativa fue creada para formar abogados, con una “nueva visión”, que nutrirían al Poder Judicial y además asesorarían a las comunas.
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