PNB Boleíta, Zona 7
Foto: Crónica Uno

Los familiares que se encuentran en las adyacencias de la PNB, en Boleíta, aseguran que no se movilizarán del sitio hasta que no liberen a sus seres queridos. Luego de 60 días pudieron visitar a los privados de libertad, a pesar de que los funcionarios negaban su presencia en este centro de detención.

Caracas. Con delgadez extrema, piel amarilla y un evidente deterioro físico, los familiares de los detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de Boleíta, lograron finalmente ver a sus allegados luego de dos meses de desaparición forzada.

Hasta este martes, 27 de enero, las autoridades del centro de detención preventivo negaron la presencia de estas personas a sus familiares. Anteriormente los reclusos estuvieron en la sede de la PNB de La Quebradita II y sus parientes, residentes de distintos estados del país, les perdieron el rastro.

“Yo no reconocí a mi hijo”, asegura Marina Saldivia, quien durante los 25 minutos que duró la visita pudo comprobar que sus cuatro familiares están presos en esos calabozos.

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A Marina le detuvieron a sus dos hijos, su nuera y su nieta. A diferencia de otras personas quienes manejaban datos extraoficiales sobre el paradero de sus parientes en la antigua zona 7, de la extinta Policía Metropolitana, a la madre solo la llevó allí su intuición.

Además del deterioro general, denunció que uno de sus hijos presentaba moretones en los brazos, ya antiguos, y que su nieta tenía ojeras tan marcadas que “no parecía ella”.

Aunque algunos parientes indicaron que los suyos no sufrieron maltratos directos por parte de los uniformados, todos coinciden en que la pérdida de peso es crítica debido a que presuntamente les entregan la comida en mal estadol.

“La niña me dijo que al principio la comida les llegaba piche”, relató una de las consultadas, sobre las condiciones de los detenidos mientras permanecieron en desaparición forzada, un delito de lesa humanidad que se configura cuando se priva de la libertad a una persona y las autoridades ocultan su paradero o se niegan a reconocer dicha privación, lo cual deja a la víctima fuera del amparo de la ley.

Este acto constituye una violación múltiple de derechos humanos que no solo afecta al detenido, sino que somete a sus familiares a una angustia prolongada y a la vulneración de su derecho a la verdad y la justicia.

“Hasta que salgan”

“Si ya los vieron, ¿para qué se van a quedar aquí?”, cuestionó un funcionario policial al grupo de mujeres que pernocta frente a zona 7. Sin embargo, ellas decidieron ignorar las presiones.

Foto: Crónica Uno

Desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que un gran número de detenidos por motivos políticos serían liberados, las familias se mantienen en vigilia permanente.

Tras dos meses de incertidumbre, luego de la detención de sus familiares en noviembre, aseguran que la esperanza de la excarcelación es lo que las mantiene en pie.

A pesar de las insinuaciones de las autoridades, el grupo se niega a abandonar sus carpas y aceras. Para ellas, permanecer a la intemperie es la única garantía de que sus parientes no serán trasladados nuevamente a otra cárcel, un temor que cobró fuerza tras la visita.

“Mi esposo me dice que no me vaya, que siga aquí”, afirma Yaxodara Lozada, quien junto a otras mujeres sostiene que no permitirán un nuevo traslado.

Foto: Crónica.Uno

La resistencia, sin embargo, tiene un alto costo. Entre lágrimas, Yaxodara confiesa que su único anhelo es recuperar la normalidad de su hogar junto a su esposo y sus hijos, de uno y 13 años. Pero la falta de condiciones mínimas merma su salud física y mental.

Las familias han recibido ayuda con alimentos y algunos recursos facilitados por organizaciones y personas de la sociedad civil que siguen la situación en las redes sociales.

No obstante, hay algunas condiciones de precariedad de las que no pueden escapar, debido a que deben realizar sus necesidades fisiológicas en cubetas que almacenan durante la noche en una garita cedida por una empresa de la zona industrial.

“Yo creo que tengo una infección urinaria porque me está saliendo un flujo amarillo”, relata Lozada, evidenciando el deterioro extremo que enfrentan.

Dos meses

Cuando los nombres de sus cuatro familiares – desaparecidos entre el 25 y 28 de noviembre- aparecieron finalmente en la lista de visitas, Marina no pudo contener la emoción. Desde la mañana de este martes 27 de enero, sentía un malestar físico que atribuyó a los nervios, pero prefirió guardar silencio ante sus compañeras de vigilia para no mostrar debilidad.

Al ingresar en el grupo de visitantes, subió las escaleras hasta la habitación donde la esperaba uno de sus hijos.

“No lo reconocí”, admite hoy con la mirada perdida, evocando la figura antes fornida de su hijo Richard, quien tras el encierro lucía como un extraño ante sus ojos. La impresión fue tal que Marina, quien viajó desde Ciudad Bolívar para buscar a sus hijos desaparecidos en Caracas, tuvo que ser asistida de emergencia para recuperar el aliento.

El impacto emocional pasó factura a su salida del recinto. Marina entró en un estado de shock y se desplomó en el suelo debido a una crisis de hipertensión provocada por el estrés acumulado. No es la primera vez que su salud flaquea; a sus 64 años, padece de diabetes e hipertensión, condiciones que maneja con dificultad en plena calle.

“A veces no como porque me da miedo comer muchas harinas y que se me dispare el azúcar”, explica, detallando que consume lo mínimo necesario solo para mantenerse en pie.

A pesar de que una familiar residente en la capital se ofreció a relevarla este martes, Marina se niega a abandonar su puesto. Tras confirmar que los suyos están tras esas paredes, recalca con determinación que nada la moverá de las puertas de Zona 7.

De acuerdo con el ministro de Interior, Justicia y Paz, desde la fecha del anuncio emitido por el representante del Parlamento venezolano, un total de 808 personas han sido excarceladas.

Las organizaciones que se han encargado de verificar estas cifras difieren: En el caso de Justicia, Encuentro y Perdón, al 26 de enero, hay 276 presos políticos excarcelados.

En cambio, Foro Penal contabiliza 266.

Hasta este martes, 27 de enero, el gobierno venezolano no ha mostrado cifras ni ha dado un número exacto que especifique cuántas personas formarán parte de ese «gran número» de excarcelados.