Un año y tres meses después de su detención, la familia de Omaira Salazar pide por su libertad plena y un gesto humanitario ante su delicado estado de salud en reclusión. Su caso se enmarca en las excarcelaciones posteriores a la caída de Maduro, pero la incertidumbre persiste por la lentitud y opacidad del proceso.

Caracas. Con la voz quebrada y lágrimas que reflejan el dolor de cientos de familias de presos políticos en Venezuela, Kailin Noguera pidió la libertad de su madre, Omaira Salazar, presa política desde hace un año y tres meses tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La solicitud se produce en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado a finales de 2025, tras presiones internacionales y la captura del exgobernante Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, que cambió la dinámica de detenciones y excarcelaciones en el país.

“Mi mamá está detenida por cuidar el voto, por defender la democracia. No hablo como activista ni como vocera política, hablo como hija. Como una mujer que ha visto a su madre desaparecer de la cotidianidad del hogar, para convertirse en un nombre más dentro de una lista de detenidos por pensar distinto” dijo entre lágrimas a Crónica Uno.

Omaira Salazar, de más de 55 años, ha dedicado su vida al trabajo social y a la lucha comunitaria —actividades orientadas a la organización vecinal, el acompañamiento social y la participación ciudadana—.

También era el eje de una rutina familiar que se rompió de golpe. Hoy permanece privada de libertad en la comisaría Vizcaíno, en San Félix —una sede policial ubicada en el municipio Caroní, al sur del país—, bajo condiciones que deterioran progresivamente su estado de salud.

Padece cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y hernia discal —enfermedades crónicas que requieren seguimiento médico constante—, afecciones que, lejos de recibir atención médica adecuada, se agravan durante la reclusión. El paso del tiempo, en su caso, no significa recuperación, sino desgaste.

“Mi mamá está muy delicada de salud… y aun así sigue allí, resistiendo. No es lo mismo que ella esté con nosotros, en su casa, con sus nietos que la aman y la extrañan tanto, a que esté pasando calamidades encerrada”,

recalcó.

Incertidumbre oficial

Desde enero, la espera adquirió un nuevo impulso. La incertidumbre se centra en si Omaira Salazar figura entre las personas incluidas en el proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, que consistió en liberaciones parciales de detenidos anunciadas por el Estado venezolano.

Este proceso se activó tras el anuncio de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional —órgano legislativo controlado por el oficialismo—, y en respuesta a las presiones de Estados Unidos luego de una incursión militar, hecho que marcó un punto de inflexión en la relación entre Caracas y Washington.

“No hemos tenido notificación de ninguna boleta, de ninguna audiencia. Lo único que nos dicen los abogados es que tenemos que esperar. Esperar, mientras los días se acumulan y la esperanza se pone a prueba”, explicó.

Kailin también relató cómo su familia ha atravesado este proceso. “Nosotros no somos una familia pudiente. No tenemos recursos. Somos personas honestas, trabajadoras. Mi mamá trabajó toda su vida para sacarnos adelante”.

Una de cientos detenidos

Kailin recordó que lo ocurrido con su madre pudo haberle pasado a cualquiera, como de hecho sucedió con civiles que ni siquiera pertenecen a partidos políticos. La detención, insistió, no distinguió trayectorias ni filiaciones.

“Les pido que se toquen la mano en el corazón y actúen. Ya es demasiado tiempo. Mi mamá no merece estar presa. Lo único que ha hecho en su vida es cuidar de su familia, cuidar de la libertad de este país y luchar por la democracia. Por favor, ayuden a que ella pueda salir en libertad lo más pronto posible”,

imploró.

Omaira Salazar es una entre muchas personas que esperan recuperar plenamente su libertad. No hay una fecha marcada, solo la repetición de los días, —una espera indefinida sin cronograma judicial claro—.

Fue detenida la madrugada del 24 de octubre. Presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) la sacaron de su vivienda, ubicada en el sector Villa Bahía, sin presentar orden de aprehensión. Desde entonces, la casa quedó habitada por la ausencia, una ausencia que reorganizó la vida familiar.

Décadas de trayectoria

Omaira Salazar es conocida por más de 20 años de trayectoria comunitaria y política. Además, participó en las elecciones presidenciales del 28 de julio como coordinadora del centro de votación de la Base de Misiones del sector 6 de Villa Santa Rosa —espacios creados por el Estado para la atención social en comunidades populares—, en Puerto Ordaz.

A partir de entonces recibió amenazas de detención por parte de adeptos al oficialismo, lo que la llevó a permanecer varias semanas bajo resguardo. Cuando la detuvieron, acababa de regresar a su casa. Media hora después de su llegada, funcionarios del Sebin irrumpieron en la vivienda. El regreso duró menos que la espera que vino después.

En el estado Bolívar, donde se registraron al menos 90 detenciones entre 2024 y 2025 en el contexto postelectoral —según recuentos de casos conocidos públicamente—, apenas se han producido 10 excarcelaciones desde el 10 de enero de 2026.

Previamente, se conocieron otros casos entre noviembre de 2024 y el 1° de enero de 2026 que. Estos, sumados a los más recientes, elevan la cifra a al menos 36 personas excarceladas.

Omaira Salazar no está entre ellas. Su nombre aún no aparece en ninguna lista de excarcelados, y su familia, en la espera, una espera que, hasta ahora, no tiene fecha de cierre.

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