El más reciente informe de la ONU revela una escalada “sin precedentes” en la persecución política y violaciones de derechos humanos en Venezuela. La misión de expertos internacionales documentó más de 120 arrestos durante la campaña electoral y 2.000 detenciones en protestas poselectorales, con graves violaciones al debido proceso.
Caracas. La situación de los derechos humanos en Venezuela ha alcanzado niveles críticos tras las elecciones presidenciales de julio, según el último informe publicado este martes, 17 de septiembre, por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El documento, que examina el período entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, revela una intensificación “dramática” de la represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra toda forma de oposición pacífica en Venezuela, especialmente en el contexto previo a elecciones presidenciales de 28 de julio pasado y en las protestas contra los cuestionados e inauditables resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, advirtió sobre una “una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”.
El informe señala que estas acciones no son aleatorias, sino parte de un “plan coordinado” para silenciar y reprimir a la oposición, caracterizándolas como crímenes de lesa humanidad.
Campaña perseguida
En los meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo acusaciones de “conspiración”. La lista incluye militares, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos de todo nivel.
Durante la campaña electoral, más de 120 personas fueron arrestadas en eventos de la oposición, y en la semana posterior a las elecciones, las autoridades detuvieron a más de 2.000 manifestantes, incluidos niños, niñas y adolescentes.
El informe destaca graves violaciones del debido proceso, con un sistema de justicia subordinado al poder ejecutivo. Francisco Cox, experto de la Misión, afirmó que la mayoría de la ciudadanía se enfrenta al manejo discrecional de la autoridad. Esto en referencia a la retención sin motivación que se aplica de modo constante contra ciudadanos.
Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente”, alerta.
La represión se ha extendido también a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, loq que ha contribuido a crear un “clima de temor generalizado”, añade el informe. Patricia Tappatá, otra experta de la Misión, señala que estas acciones “han reducido aún más el espacio cívico” en el país.
Acciones urgentes
El documento concluye que existen motivos razonables para creer que se ha cometido el crimen de persecución por motivos políticos durante el período analizado. Ante esto, insta nuevamente a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para abordar esta crisis de derechos humanos en Venezuela.
La ONU creó en 2019 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para investigar violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela desde 2014. Inicialmente establecida por un año, su mandato se extendió hasta 2024.
Esta Misión internacional independiente evalúa la situación en el país y presenta informes anuales al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El más reciente reporte se discutió este 17 de septiembre durante un diálogo interactivo del Consejo.
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