Richelle Briceño, activista, reconoció que es importante que la población LGBTIQ+ tenga la posibilidad de participar en entornos políticos, pero a favor del movimiento y no a favor de una agenda partidista.
Caracas. La población de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) se prepara para conmemorar la lucha por sus derechos en la marcha anual que reúne a miles de personas en las calles de este a oeste de la ciudad. Sin embargo, la cercanía con las elecciones presidenciales del 28 de julio próximo ha generado tensiones en la organización.
En primera instancia, se tuvo que modificar el día de la protesta, que originalmente estaba programada para el 30 de junio, debido a que coincidió con el sobrevenido anuncio del simulacro electoral, convocado por el Consejo Nacional Electoral.
Luego, algunas organizaciones denunciaron la marcha de este año tiene motivos políticos-partidistas, lo que generó que Visibles Venezuela, Ejército Emancipador y Brújula Diversexual se retiraran del comité organizador. Los voceros de las ONG argumentaron diferencias ideológicas con las demás agrupaciones.
“Siempre los partidos van a incidir en las relaciones políticas que tengan determinados grupos. La población LGBTI, también como sector social, se enfrenta a esos retos y a esas circunstancias”, afirmó Richelle Briceño, activista y miembro del comité organizador.
Agregó que el conflicto se originó por disputas político-partidista entre los activistas, que atribuye a la dinámica electoral por los venideros comicios. Sin embargo, destacó que pese a los obstáculos y denuncias, el comité trabaja para garantizar que la marcha sea un espacio de reivindicaciones.
“La Marcha Nacional del Orgullo LGBTIQ+ ha sido un espacio importante para expresar las demandas y necesidades de esta comunidad en un país donde aún persisten actos de discriminación y estigmatización hacia la población”, afirmó.
Sin fines partidistas
Briceño argumentó que la participación política es un derecho, pero rechazo algunas pretensiones de instrumentalizar a la población LGBTIQ+ para alcanzar fines políticos. “Algunas organizaciones que estaban y están dentro del comité organizador querían que se utilizara la marcha como parte de la campaña política de dos candidatos y eso no puede permitirse”.
Añadió que las preferencias políticas son un asunto del fuero personal. No obstante, son los procesos políticos los que permiten una reivindicación de los derechos de la población LGBTIQ+, no solamente el hecho de evidenciarlos, sino también de lograr la participación política dentro de cualquier estructura.
Es necesario que la comunidad LGBTIQ+ logre estar los consejos municipales, estatales, asamblea nacional, alcaldes, gobernador, todo esto sería lo ideal en la máxima expresión de derechos civiles, políticos y ciudadanos”.
Briceño reconoció que es importante que la población LGBTIQ+ tenga la posibilidad de participar estar en estos espacios, pero a favor del movimiento y no a favor de una corriente partidista.
“Nuestra existencia no es ultraje al pudor”
Yzamari Matute, activista por la población LGBTIQ+, expresó que en Venezuela se han criminalizado personas de la población LGBTIQ+ por ultraje al pudor, tal es el caso de los 33 en Valencia, como se conoció a la detención masiva de un grupo de personas en la capital del estado Carabobo, por asistir a un spa. También recordó otras detenciones, dosen Maracaibo y tres en Caracas por mostrar abiertamente su expresión de genéro y orientación sexual.
De acuerdo con el informe Voces contra el prejuicio publicado por el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, durante el año 2023 hubo 461 casos de violencia contra personas LGBTIQ+.
Matute recalcó que la existencia de las personas LGBTIQ+ no es un ultraje al pudor y no se pueden criminalizar a los ciudadanos por su identidad.
“Tomarnos de la mano como compañeros o compañeras, no es un ultraje al pudor, es libertad de expresión, es el libre desenvolvimiento de nuestra personalidad, tal como lo establece la Constitución”, aseveró.
Exigencias al Estado
Briceño pidió desde la rueda de prensa realizada este viernes, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que el Estado empiece a discutir y aprobar la Ley Orgánica Contra la Discriminación, el anteproyecto de Ley del Matrimonio Igualitario y que se admita las causas y peticiones promovidas por la sociedad civil a favor de los derechos humanos de la población LGBTIQ+.
“Es necesario que se creen políticas públicas de protección a favor de la comunidad LGBTIQ+ en los ámbitos de salud, trabajo y educación. Además, exigimos que se garantice el cambio de nombre a personas trans, intersex y no binarias a través del artículo 146 del Código de Registro Civil para ser emitido en el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, sostuvo.
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