El expresidente Nicolás Maduro y la exdiputada Cilia Flores negaron todos los cargos de narcoterrorismo en su primera audiencia en Nueva York. La declaración de no culpabilidad activó un proceso judicial de alto impacto político, jurídico y geopolítico, que podría demorar años.
Caracas. La causa judicial abierta en el Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, pone por primera vez a la cúpula del poder venezolano ante un tribunal federal de Estados Unidos (EE. UU.) por cargos de narcoterrorismo.
La acusación, originalmente presentada en 2020, fue ampliada en enero de 2026 con nuevos detalles, coacusados y hechos que abarcan desde 1999 hasta 2025. El momento central de la audiencia inicial en la corte federal de Manhattan, este lunes, 5 de enero, fue la declaración formal de no culpabilidad de Nicolás Maduro Moros.
“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país”,
afirmó en sala.
Ante el juez Alvin K. Hellerstein, ambos negaron de manera enfática los cargos federales que los acusan de liderar una conspiración internacional de narcoterrorismo y tráfico de drogas durante más de dos décadas.
Posteriormente, la esposa del expresidente, Cilia Adela Flores de Maduro, exprimera dama y exdiputada, también negó las acusaciones sin matices.
“No culpable, completamente inocente”, dijo tras la lectura de cargos, en relación con los tres delitos que le atribuye la Fiscalía federal.
Ambos fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados ese mismo día a Nueva York. La próxima audiencia fijada para el 17 de marzo.
Un Estado “al servicio del narcotráfico”
El escrito de acusación actualizado —conocido como superseding indictment— dibuja un esquema de corrupción sistémica que habría convertido a Venezuela en un “refugio seguro” para el tráfico de cocaína a gran escala.
Según la fiscalía, rutas aéreas y marítimas permitieron el traslado de toneladas de droga desde Colombia, a través de territorio venezolano, hacia el Caribe, Centroamérica y EE. UU.
Tras describir el mecanismo general, los fiscales introducen una afirmación central del caso. En palabras del documento judicial, Maduro “ha colaborado con sus co-conspiradores para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a EE. UU.”.
La acusación sostiene que funcionarios y familiares se enriquecieron mediante sobornos, protección armada y control de envíos.
El texto identifica al llamado Cartel de los Soles como una red de patronazgo liderada por altos mandos militares, que habría garantizado impunidad a cambio de beneficios económicos. En ese entramado aparecen vínculos con organizaciones calificadas por Washington como terroristas, entre ellas las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombian (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
Los cargos y los nombres clave del caso
Maduro enfrenta cuatro cargos principales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de guerra. La fiscalía alega que utilizó cobertura diplomática para vuelos y operaciones, así como la venta de pasaportes diplomáticos para facilitar el negocio ilícito.
Cilia Flores, exprimera dama y exdiputada, fue incorporada formalmente a la acusación en la actualización de 2026. Los fiscales sostienen que aceptó sobornos para mediar reuniones con narcotraficantes y que participó en operaciones protegidas por escoltas armados.
Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro, también figura entre los acusados, con señalamientos sobre envíos de droga y coordinación logística.
Durante la audiencia inicial, Maduro rechazó las imputaciones con una declaración política. Tras escuchar la lectura de cargos, afirmó: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, antes de ser interrumpido por el juez. Flores, por su parte, se declaró “completamente inocente”.
Captura, impacto político y reacciones internacionales
La operación de captura en Caracas, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses, fue comparada por analistas con la invasión de Panamá de 1989. Tan solo horas después de la detención, el Tribunal Supremo de Justicia declaró una ausencia temporal y respaldó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, mientras el gobierno denunciaba inicialmente un “secuestro colonial” y luego llamaba a una cooperación pragmática.
En EE. UU., el abogado de Maduro, Barry Pollack, adelantó que presentará mociones sobre el estatus soberano de su defendido, la legalidad de la captura y su estado de salud. El propio Maduro ha insistido en que el proceso es un pretexto para apoderarse del petróleo venezolano.
La reacción internacional ha sido polarizada. Rusia y China condenaron la operación, mientras que el secretario general de la ONU expresó preocupación por la estabilidad regional y la legalidad de la redada. En Washington, la administración defendió la acción como un golpe al narcotráfico, mientras expertos en derecho internacional advierten que el caso podría sentar un precedente controvertido.
Con los acusados bajo custodia y una audiencia clave en marzo, el proceso judicial avanza como uno de los más sensibles y con mayores implicaciones geopolíticas de las últimas décadas.
Qué implica declararse “no culpable” en EE. UU.
La declaración de “not guilty” no supone, en términos legales, una proclamación de inocencia factual, sino la negativa formal a los cargos y la exigencia de que el gobierno pruebe su caso más allá de toda duda razonable, el estándar más alto del sistema penal estadounidense. Al hacerlo, el acusado activa su derecho constitucional a un juicio justo y obliga a la Fiscalía a presentar pruebas suficientes ante un jurado.
En la práctica, esta declaración abre la puerta a una larga fase de litigios previos, que puede incluir mociones para desestimar cargos, impugnaciones de jurisdicción o cuestionamientos sobre la legalidad de la captura.
El abogado de Maduro, Pollack, ya adelantó que explorará argumentos relacionados con un supuesto estatus soberano, la operación militar en Caracas y la situación de salud de sus defendidos, de acuerdo con una declaración a la cadena estadounidense CBS News.
El juez Hellerstein ordenó la detención preventiva sin fianza y fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo de 2026. Con la declaración de no culpabilidad registrada, el caso entra formalmente en ruta hacia un juicio que podría prolongarse durante años y cuyas derivadas jurídicas y geopolíticas trascienden ampliamente el ámbito judicial estadounidense.
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