Alfredo Romero, director del Foro Penal, explicó que al menos 400 presos políticos, militares o civiles relacionados con operaciones militares, quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, que se aprobó el jueves, 19 de de febrero.
Caracas. La aprobación de la Ley de Amnistía deja un sabor amargo para varias familias, especialmente de militares que aún se encuentran privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.
“Aquí salieron beneficiados un grupo mínimo”, expresó Francis Quiñones, madre del sargento segundo de la Guardia Nacional Jonathan Franco Quiñones, condenado por el caso de la Operación Gedeón, en el año 2020.
“Esperábamos que con esta amnistía fuera a haber un paso valiente hacia la justicia, con la verdad, un borrón y cuenta nueva que se esperaba para todos los presos políticos y resulta que nos salieron fue con un fraude. Yo lo llamo el paquete chileno de la amnistía”.
La Ley de Amnistía prevé el beneficio a quienes cometieron delitos en el marco de 13 hechos, pero excluye a los procesados o condenados por “instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas”.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, explicó que al menos 400 presos políticos están excluidos de la amnistía, porque son militares o civiles que “relacionan arbitrariamente” con operaciones militares. Quedan por fuera, por ejemplo, los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana y juez María Lourdes Afiuni.
ÚLTIMA HORA | Foro Penal estima que “unos 400 presos políticos quedan excluidos” tras aprobación de la ley de amnistía.
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 20, 2026
“Su mayoría, militares y civiles relacionados con las operaciones militares”, dijo Alfredo Romero. https://t.co/OmiRd2N8DU pic.twitter.com/Ah2lP7le5n
Francis consideró que los militares todavía son objeto de abuso y violación de sus derechos por parte del Estado.
“Vamos a exigir que, por medio de un decreto presidencial, se les dé el indulto. Esa va ser nuestra consigna de ahora en adelante. Vamos a seguir luchando por ellos y vamos a seguir en las calles, frente a los recintos penitenciarios”, dijo a Crónica Uno.
Luego de permanecer seis meses aislados, el jueves, 12 de febrero, los familiares de 32 de los detenidos por la Operación Gedeón pudieron visitarlos en el Centro Nacional de Procesados Militares, ubicado en el Fuerte Guaicaipuro, a donde fueron trasladados arbitrariamente entre el 31 de julio y el 10 de agosto de 2025, tras estar en El Helicoide.
Después de verlos, las madres, hermanas y esposas de los militares denunciaron que se encuentran deteriorados de salud, con signos de desnutrición, así como afectaciones psicológicas. “Yo lo que hice fue decirle, hijo come, come”, contó Quiñones sobre el último encuentro de ambos.
Familiares piden justicia
“Estábamos confiando”, dijo Milagros Parra, de 70 años de edad, madre del teniente retirado del Ejército Víctor Daniel Parra, a quien también involucran en la operación Gedeón.
Pide justicia para su hijo y libertad plena, ya que considera que le violaron todos sus derechos.
“Yo me siento defraudada, solo quiero que le den la libertad a mi hijo”.
Parra fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de mayo de 2021, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se lo llevaron de su apartamento junto con su pareja.
Estuvo desaparecido hasta que sus familiares pudieron conocer que lo habían trasladado la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el Helicoide. Posteriormente lo trasladaron a la cárcel del Rodeo I, donde se encuentra actualmente.
“Para mi fue totalmente una decepción, fue un fraude”, dijo otro familiar de Parra que pidió no ser identificado.
Añadió que aunque dicen que van a revisar los casos que quedaron fuera de la ley, lamenta que eso no quedó asentado en un papel. “Estamos a la expectativa, esperando ver qué va a pasar”.
Presos políticos excluidos
Para Andreina Baduel, hija del exministro Raúl Isaías Baduel, quien falleció bajo custodia del Estado, y hermana de Josnars Baduel, preso en el Rodeo I desde hace más de cinco años, la ley aprobada este jueves, 19 de febrero, en la Asamblea Nacional, es excluyente.
Consideró que lejos de impulsar la paz y la reconciliación, la norma promueve impunidad e injusticia.
“Esta Ley de Amnistía deja por fuera a más de la mitad de los presos políticos. No netamente son los militares los que quedan por fuera sino también civiles y profesionales vinculados a causas de supuesta rebelión y conspiración, entre ellos mi hermano”, dijo.
Josnars Baduel, paga una condena de 30 años en el Internado Judicial El Rodeo I, estado Miranda.
Restricciones de la ley
Este viernes 20 de febrero, durante una rueda de prensa, representantes de la organización Foro Penal reconocieron que aunque la Ley de Amnistía beneficia a un número importante de personas, aún es necesario continuar la lucha para que tengan libertad plena todos los presos políticos del país.
Advirtieron, además, que es necesario abordar el problema de fondo: el desmantelamiento del aparato represivo para poder hablar de la reconstrucción del Estado de derecho.
Gonzalo Himiob, vicepresidente director de la ONG, planteó que uno de los grandes puntos negativos del instrumento es que se restringió a períodos específicos.
“Se pidió que se incluyese una cláusula residual que hablara de otros momentos y esto fue negado… en principio con una intención evidente de excluir situaciones y momentos que tienen que ver con actuaciones de los militares, los grandes excluidos de esta ley son los militares”, opinó.
La lucha continúa
Himiob consideró que un punto positivo de la ley es el artículo 15, que contempla la creación de una comisión de seguimiento para el cumplimiento de la ley, y que además puede contar con el apoyo de expertos de la sociedad civil.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo este jueves, 19 de febrero, que esta comisión podrá evaluar casos que no estén considerados como amnistiables según la ley.
“El artículo 15 de la ley abre una pequeña ventana, una pequeña posibilidad para que los casos que quedaron por fuera de la amnistía también sean considerados. Debemos que hacer que todos los casos que quedaron por fuera de la amnistía quepan en esa ventana, pasen a través de esa pequeña ventana”,
dijo Himiob.
Andreina Baduel recordó que las víctimas han planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de que se construya una mesa de encuentro con veeduría internacional y el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para el seguimiento de los casos. “Quienes no han dado respuesta a eso ha sido el régimen”.
Desde 2024 a febrero de 2026 el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) acudió 11 veces a la Fiscalía con esa solicitud.
Sin embargo, la activista planteó que pese a la violencia institucional que han sufrido y la falta de respuestas oportunas, están dispuestos a transitar todos los escenarios que se les presenten en el marco de la ley.
Por su parte, Francis Quiñones también manifestó estar dispuesta a participar o comunicarse con la comisión para obtener respuestas en el caso de su hijo. “Sería genial que nos tomaran en cuenta”.
Lea también:
AN sanciona Ley de Amnistía que excluye a participantes en “acciones armadas”