Un Mundo sin Mordaza presentó su estudio El Miedo cruza la frontera, en el cual documentó casos de “represión transnacional” cometidas contra activistas de derechos humanos, periodistas y políticos opositores para controlar, intimidar o castigarlos, incluso fuera del país.
Caracas. Al menos 326 casos de “represión transnacional” contra activistas políticos y defensores de derechos humanos venezolanos, documentó la ONG un Mundo sin Mordaza, entre enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el informe El miedo cruzó la frontera detallan que “el Estado venezolano ha desarrollado mecanismos que permiten extender la persecución política más allá de su territorio, afectando derechos fundamentales de ciudadanos que se encuentran bajo jurisdicción de otros Estados”.
La ONG constató que el Estado venezolano desplegó mecanismos de seguimiento, intimidación y castigo, dirigidos a personas venezolanas que residen en otros países, en particular activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de opositores.
“Los resultados evidencian que la represión transnacional opera a través de múltiples tipologías interrelacionadas, que combinan instrumentos discursivos, administrativos, judiciales, migratorios, digitales y, en determinados casos, coercitivos”, detalló la investigación.
Tipos de represión transnacional
El estudio define la represión transnacional como “el conjunto de acciones mediante las cuales un Estado busca controlar, intimidar o castigar a sus ciudadanos fuera de su territorio”.
Aclara que, a diferencia de otras formas de injerencia, se trata de prácticas dirigidas específicamente contra personas identificadas por su activismo o por su capacidad de incidencia internacional.
Durante la presentación del informe, el presidente de la organización, Rodrigo Diamanti, aclaró que la represión fuera de las fronteras debe ser vista como “un sistema estructural” y no hechos aislados, pues hay efectos continuados y persistentes en sus víctimas, incluso después del cambio de los cambios que vive Venezuela, tras el ataque militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.
“La represión transnacional no es un fenómeno excepcional ni aislado, sino una práctica estructural, diversificada y persistente. El informe demuestra que este sistema no opera a través de un único mecanismo, sino que, al contrario, se manifiesta con múltiples tipologías que van desde campañas sistemáticas de estigmatización pública, hasta el uso de procedimientos administrativos judiciales, migratorios, digitales e incluso coercitivos”, explicó.
De los casos, 176 corresponden a estigmatización y propaganda extraterritorial para desacreditar, intimidar y aislar públicamente a personas en el exterior, con el uso de narrativas oficiales y de las plataformas comunicacionales a las que el Estado tiene acceso.
Otros casos
Otros 112 casos están relacionados con “represión consular-administrativa”, que tiene que ver con “la instrumentalización de trámites documentales, registros y servicios consulares como mecanismos de control y exclusión”.
Además, se documentaron 23 casos de “represión penal extraterritorial”, que implica, según el estudio, el uso del sistema de justicia para criminalizar a personas fuera del país mediante investigaciones, solicitudes o procedimientos de naturaleza penal.
Otras acciones menos frecuentes, pero de igual gravedad, son los casos de presencia física extraterritorial (cinco casos), las represalias contra familiares (tres), la represión digital transnacional (tres), la coerción migratoria en el país de acogida (dos) y el uso abusivo de mecanismos policiales internacionales (dos).
Pese a la rigurosidad del estudio, el director legal de la ONG, José Leonardo Díaz, explicó que los casos documentados representan solo una fracción de los hechos que realmente pudieron ocurrir en este período, pues el temor a denunciar, así como otros factores, dificultan la recabación de datos.
La agresión más grave
La rueda de prensa contó con testimonios de venezolanos fuera de Venezuela quienes sufrieron los hechos descritos en el informe, entre ellos el consultor político Luis Peche, quien junto al activista de derechos LGBTIQ+, Yendri Velásquez, sufrió un atentado en octubre de 2025, cuando les dispararon frente a su residencia en Bogotá, Colombia.
Peche recordó que recibió seis impactos de bala y Yendri ocho. Esto cambió drásticamente su forma de vida e incluso de moverse en un país que no es el suyo.
Además, destacó la vulnerabilidad que viven los activistas venezolanos dentro y fuera del país. Tras el atentado, cuenta, se generó un “efecto paralizante” en muchos defensores de derechos humanos que se refugiaron en Colombia y decidieron salir de esa nación por miedo a que los atacaran.
“Después de un atentado como este, quedas a merced no solamente de una violencia que te hizo salir de Venezuela sino que puede llegar a impactarte directamente, aún estando fuera del país”, señaló.
Peche lamentó que luego del atentado se activaron mecanismos de protección, que exigieron al Estado colombiano desde su llegada al país. Recordó que aún exigen que avance la investigación y se determine quiénes fueron los autores intelectuales del atentado.
El informe de Un Mundo sin Mordaza lo remitirán a varias instancias internacionales de defensa de derechos humanos para su revisión y consideración.
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