Aunque el Gobierno asegura tener cupos “garantizados” a través del SNI, fuentes señalan que en universidades autónomas la cantidad de plazas asignadas supera la capacidad real de infraestructura y aseguran que el proceso de asignación mantiene 50% de opacidad al emplear datos que los aspirantes no pueden verificar.
Caracas. Rossneily Durán, de 19 años de edad, se graduó del bachillerato en 2024. Su promedio de notas de 18.9 puntos bastaba para competir por una carrera en el área de ciencias de la salud, una de las más demandadas en el país. Su única aspiración era ingresar a la facultad de farmacia de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Mientras cursaba la secundaria, y para asegurarse un buen promedio, Rossneily pasó noches en vela dedicada al estudio, canceló planes con sus amigos y recibió clases particulares en Química y Física. Fue la más destacada de su clase y estaba segura de que sus buenas calificaciones le labrarían un futuro exitoso.
Sin embargo, al inscribirse en el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) nada fue como lo esperaba. Sus planes y sueños quedaron truncados.
“Cuando vi los resultados de la OPSU el portal no me arrojó ninguna asignación. Solo me dejó en lista de espera. No me dieron otra carrera, ni siquiera una técnica. No tuve el chance de entrar en la carrera que quería, pero tampoco otras opciones”, relató
Desde entonces Rossneily padece la realidad de otros jóvenes bachilleres que todavía siguen sin encontrar cupo en ninguna universidad pública y que, imposibilitados de pagar la educación privada por sus altos costos dolarizados, permanecen en un limbo social y académico.
Es lo que se conoce como “población flotante universitaria”, un término que alude a los bachilleres que no han podido iniciar sus estudios superiores.
Buen promedio no basta
Este concepto abarca tanto a los aspirantes que, a pesar de sus condiciones académicas, no obtuvieron asignación de cupo mediante el SNI; como aquellos que por distintas razones no completaron el registro o las pruebas en el momento indicado. La población flotante es, por tanto, la suma de los bachilleres no asignados y los no inscritos en el sistema.
Aunque el Gobierno asegura tener cupos “garantizados” a través del SNI de la OPSU, testimonios recabados y fuentes consultadas por Cronica Uno señalaron que pese a las asignaciones centralizadas, en muchas universidades (sobre todo las autónomas) la cantidad de cupos asignados supera su capacidad real de infraestructura, personal docente y presupuesto, lo que origina diferimientos o rechazos de ingreso.
A eso se suma la realidad de los estudiantes que, forzados a optar por Programas Nacionales de Formación (PNF) o carreras que no seleccionaron originalmente, deciden abandonar los estudios lo que contribuye a la alta deserción en las aulas universitarias.
A mediados de año el ministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, publicó los primeros resultados de la asignación de cupos a través del SNI. En total 442.000 estudiantes se habían inscrito en busca de cupo universitario.
Ante el alto volumen de solicitudes y el colapso del sistema, Sánchez pidió paciencia y anunció una segunda fase para modificar opciones hasta el 29 de agosto.
Determinada a no rendirse y luchar por su futuro, Rossneily aprovechó esta segunda etapa. Siguió las indicaciones del Ministerio de Educación Universitaria: cambió sus opciones y amplió su rango a otras universidades e institutos, e incluso otras carreras relacionadas al campo de la salud.
“Probé con licenciatura en Bioanálisis y un TSU en Química Industrial en un tecnológico. Tampoco tuve suerte. Al final solo tuve un cupo para mi ultima opción como técnico superior en Enfermería, pero para estudiar en Carabobo. La verdad es que no tengo los recursos para establecerme allá. Entonces por ahora estoy trabajando en una tienda y esperando otra oportunidad”.
La opacidad del índice y sus consecuencias
Tulio Ramírez, docente universitario y director académico de postgrados de la UCV, explicó que el sistema de asignación de cupos universitarios no solo considera el desempeño académico. El índice final se compone de varias variables que diluyen el peso de las notas. Indicó que el promedio de calificaciones solo representa 50 % de la puntuación total del aspirante.
El resto del índice corresponde 30 % a la información socioeconómica del bachiller, 15 % a la condición regional y 5 % al trabajo comunitario. Esto significa que solo la información académica puede ser comprobada por el estudiante, lo que genera dudas acerca de la transparencia del proceso de admisión.
“El resto de los datos no pueden ser verificados, ya que se requeriría visitar todos los hogares, por lo que el mecanismo tiene 50 % de opacidad y ese es el procedimiento que continúan usando. Los estudiantes son o no asignados sobre la base de una información que le es imposible de verificar”, detalló Ramírez.
Una investigación realizada por la UCV reveló una amplia brecha entre los estudiantes asignados a la institución por el SNI y quienes formalizan su inscripción. El estudio, que abarca los últimos cinco años, encontró que menos de la mitad de los asignados se inscribe finalmente en las escuelas de la UCV.
Ramírez apuntó que esta disparidad apunta a dos hipótesis: la primera, que la OPSU a cargo del SNI, no siempre asigna la carrera seleccionada como primera opción. Eso significa que el estudiante recibe una asignación “aleatoria”, a una carrera que ubicó de quinta en su lista de prioridades, lo que genera falta de identificación o vocación y lo lleva a no inscribirse.
Y la segunda, los estudiantes son asignados a universidades que no solicitaron en sus opciones de ingreso, factor que desincentiva la matriculación.
El pasado 1° de julio el Ministerio de Educación Universitaria prometió cupo para 350.000 bachilleres egresados en 2025 a través del SNI. Sin embargo, desde hace algunos años la intención del Gobierno de centralizar la asignación de casi 100 % de las plazas universitarias a través de la OPSU genera el rechazo de gran parte del sector de la educación superior.
El motivo es que contraviene el convenio con las casas de estudio autónomas en el que se comprometían a llenar solo 30 % de las vacantes académicas para nuevos ingresos.
Autoridades y gremios, entre ellos la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y la UCV, también cuestionan esta política gubernamental porque supera la capacidad real de las casas de estudio. Alegan que dicha medida viola el artículo 109 de la Constitución y la Ley de Universidades, que garantizan la autonomía académica.
En la práctica la masificación la educación impone trabas difíciles de superar. No solo para los docentes, sino para los estudiantes que buscan iniciar su preparación académica.
La odisea de conseguir un cupo
Rosa* una madre y ama de casa contó que se vio obligada a emprender una travesía que le llevó dos días para asegurar el cupo de su hijo Manuel*, de 17 años de edad. El joven fue admitido a través del SNI para estudiar Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Politécnica Antonio José de Sucre, ubicada en La Yaguara, parroquia Antímano.
El 7 de octubre Rosa salió antes del amanecer de su casa en Los Valles del Tuy, estado Miranda, dispuesta a hacer una larga cola para formalizar la inscripción, pero no imaginaba lo que le esperaba.
“El primer día nos anotaron, luego al siguiente nos citaron de nuevo y llegamos a las 3:00 a. m. Estuvimos allí hasta la tarde pese a que fuimos el número 56. Después de tanta espera solo unos pocos muchachos lograron inscribirse, el vicerrector nos dijo que aunque la Opsu había asignado allí 1800 cupos, solo tenían capacidad para 400”, contó.
Por fortuna, su hijo pudo culminar el proceso de admisión y ya inició sus estudios. No obstante, hasta el momento no ha visto ni la primera materia de la carga académica por falta de profesores.
En opinión del investigador Tulio Ramírez, las universidades públicas no pueden absorber la demanda total de cupos. La falta de capacidad de atención obliga a las instituciones a dividir el inicio de clases de los nuevos ingresos en dos fases.
Crisis docente y deterioro
El expertó también señaló que esta limitación obedece a una escasez crítica de recursos: no hay suficientes laboratorios ni profesores disponibles. La UCV, que llegó a tener cerca de 58.000 estudiantes en años anteriores, hoy atiende a poco más de 23.000, debido a que la plantilla docente se redujo a menos de la mitad.
“Los profesores renuncian, migran o se jubilan de inmediato, sin continuidad laboral, porque un sueldo base de aproximadamente $10 mensuales no ofrece estímulo ni cubre las necesidades básicas”, señaló.
La “población flotante” no es solo aquella que no obtiene cupo, sino también enfrenta un sistema universitario público deteriorado. De acuerdo con el Observatorio de Universidades (OBU) ocho de cada 10 casas de estudios operan con la infraestructura deteriorada. Y 91% de las instituciones no tiene acceso diario al agua, así como 86 % sufre cortes eléctricos constantes.
Ramírez señaló aunque existen factores individuales que generan la población flotante, el aumento real de cupos y oportunidades exige cambios estructurales. Esto incluye un aumento del presupuesto para evitar la diáspora docente, sueldos atractivos e inversión en la infraestructura para ampliar y modernizar laboratorios e instalaciones.
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