Al presentar un balance de estos casi dos meses de protestas opositoras, la Fiscal General de la República aseguró que el incumplimiento de los estándares internacionales en materia de control de orden público sería el responsable de la muerte del estudiante universitario, así como de más 500 heridos.
Caracas. Luisa Ortega Díaz vuelve a poner en aprietos al Gobierno y ahora lo hace al desmentir su versión de que la muerte del estudiante de la Universidad Metropolitana, Juan Pernalete, habría sido responsabilidad de alguien que estaba con él en la marcha opositora que el pasado 26 de abril se desarrolló en Caracas. La fiscal general de la República no solo negó esta tesis sino que señaló que un efectivo de la Guardia Nacional es el autor del crimen.
“Él fue impactado por un objeto como este. Esto lo impacta: esto es una bomba lacrimógena”, afirmó la funcionaria en un pronunciamiento que realizó al final de la mañana de este miércoles en la Escuela Nacional de Fiscales, debido a que una falla eléctrica le impidió hacerlo en el auditorio del edificio de Parque Carabobo, donde tiene su despacho.
Tras exigir a los distintos actores políticos y a los medios de comunicación abstenerse de formular “elucubraciones” que “entorpecen las investigaciones”, la jefa del Ministerio Público aseveró que llegaron a la conclusión de que un uniformado sería el responsable de esta muerte “después de una serie de experticias realizadas sobre el cadáver, de la inspección técnica, levantamientos planimétricos del sitio del suceso, la versión de los testigos: cinco testigos tenemos; y del acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene [el cadáver] en el tórax y la presencia de residuos en la franela”.
La Fiscal General aseguró que su despacho tiene evidencias que prueban que la bomba habría sido disparada por un efectivo de la Guardia Nacional. “Sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos [logrado es] individualizar a la persona”, declaró.
Las palabras de Ortega Díaz echan por tierra la versión que el Gobierno, en boca de su portavoz, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, lanzó el pasado 29 de abril sobre la muerte de Pernalete —quien cayó abatido mientras manifestantes se enfrentaban a efectivos militares cerca de la torre Británica, en la parte de sur de la plaza Altamira— la cual habría sido ocasionada por personas que estaban en la marcha opositora con él.
“Hemos llamado la atención sobre la ‘alegre y ligera’ versión que ha cobrado cuerpo en la cobertura de la prensa internacional atribuyendo la muerte de este al impacto de una bomba lacrimógena. Ha quedado en claro que hay una línea de investigación que no puede quedar por fuera del radar de los medios e investigadores, hay una aproximación policial que muestra, con un alto grado de veracidad, la posibilidad de que este joven haya sido asesinado con un arma llamada: ‘Pistola de Perno Cautivo’, que es utilizada para la ganadería. Hay allí elementos que apuntan en esa dirección. Él venía por sus propios pies y es abordado por dos individuos con sus rostros tapados que hacen unas maniobras, el joven se desvanece y es cargado por uno de esto ‘supuestos compañeros suyos de protestas’, que lo depositan en un lugar y lo abandonan a su suerte”, afirmó el funcionario en declaraciones Venezolana de Televisión (VTV).
Esta no es la primera vez que lo dicho por el ministro Villegas no termina compaginándose con los hechos. Entre finales de 2012 y 2013 el comunicador, quien para la época también se desempeñaba como ministro de Información, fue el responsable de presentar los partes sobre la evolución de la condición del entonces presidente Hugo Chávez y aunque en más de una ocasión aseguró que se experimentaba “ligeras mejorías”, el 5 de marzo se oficializó el deceso del mandatario.
Otros voceros oficialistas como el diputado Diosdado Cabello también defendieron esta versión y el diario Últimas Noticias, incluso abrió su edición del pasado 28 de abril con esta tesis.
Guerra avisada
Al referirse al caso Pernalete, Ortega Díaz recordó que las propias bombas lacrimógenas vienen con la siguiente advertencia: “Se prohíbe disparar directamente a la persona” y recordó que hacer caso omiso de esta instrucción transforma a estos dispositivos en armas letales; y a quienes lo hagan, así como a sus supervisores, en sujetos de acciones penales.
“Quiero aprovechar la ocasión para exhortar a quienes ostentan responsabilidades de mando en los cuerpos policiales: Es imprescindible y urgente implementar el seguimiento y control de las actuaciones de los funcionarios en ejercicio de la función policial en materia de orden público. Es deber de quienes tienen el mando de los cuerpos de seguridad del Estado asegurarse de que los funcionarios que participen en estos operativos tengan la preparación adecuada, la competencia, actitud mental y física para el manejo de las herramientas para la contención de hechos violentos en caso de producirse y evitar usar la fuerza si la gente no está ejerciendo violenta”, dijo, para luego expresar su preocupación porque más de los 500 lesionados sean por acción de agentes de la ley.
El artículo 29 constitucional establece: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los Derechos Humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles”, mientras que el 25 señala: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
Por último, la Fiscal General informó que su despacho está procesando a 19 uniformados y tiene órdenes de captura contra otros 18 más por ser sospechosos de algunas de las 55 muertes y de los 500 heridos.
Foto: AVN
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