El periodista Julio Balza, miembro del equipo de prensa de María Corina Machado, fue interceptado por hombres encapuchados en el estacionamiento del Sambil a su salida de la convocatoria opositora en Chacao.
Caracas. Se cumplieron cinco días desde que al periodista Julio Balza, miembro del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado, lo interceptaron presuntos funcionarios policiales. Desde ese 9 de enero, sus padres, un par de adultos mayores de 67 y 81 años de edad, se quedaron en desamparo.
“Ellos le quitaron un hijo a dos adultos mayores y yo me siento desesperada, me siento mal. Yo quiero estar gritando en la Plaza Bolívar, exigiendo que suelten a mi muchacho, pero no sé qué hacer”, dijo a Crónica.Uno la señora Rosa Maldonado, madre del periodista.
La familia visitó este lunes distintos centros de detención de toda Caracas sin que ningún cuerpo de seguridad reconociera tener al periodista, pese a que testigos que presenciaron la detención en el estacionamiento del C.C. Sambil, de Chacao, aseguraron que quienes detuvieron a Balza fueron miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Desasistidos
La señora Rosa y el señor Julio tenían una cita este lunes en la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público para plantear el caso de su hijo, pero no los atendieron.
Tampoco admitieron el habeas corpus que introdujeron en el Palacio de Justicia para solicitar información del paradero del jovén periodista, cuya infructuosa búsqueda llevó a que abogados y activistas determinen que se encuentra en una situación de desaparición forzada.
Los padres de Julio Balza insisten en que su hijo es un hombre sano y amable, dedicado a su familia y a su trabajo y de buen corazón.
“Es una persona sana, tranquila, preocupado por los demás. Buen amigo y buen hijo”, refiere la señora Rosa que llora mientras cuenta cómo Pipo, el perro de su hijo llora junto a la cama del muchacho, esperando su regreso.
La familia de Julio ya no sabe dónde buscar, por lo que piden al fiscal Tarek William Saab que les conceda una audiencia y escuche su caso.
“Queremos una cita con el señor fiscal. Él me conoce y sabe que somos personas de la tercera edad. Le pido que nos atienda para que se de cuenta que mi hijo no es ningún delincuente”.
Uno más
A Balza lo detuvieron en el estacionamiento del Sambil de Chacao, el pasado jueves, 9 de enero, cuando se disponía a volver a su casa, junto a su hermano, luego de participar en la protesta opositora que tuvo lugar en la calle Élice, a escasos metros de este centro comercial.
Su madre relató que cuando estaban saliendo del estacionamiento, una camioneta les impidió el paso y varios hombres vestidos de negro y con los rostros tapados abordaron a Balza, lo identificaron y le pidieron bajar del auto y subir al otro vehículo.
También se llevaron el carro en el que se transportaba el periodista y su hermano, a quien liberaron a las pocas horas de la detención.
“Yo lo que quiero es que me lo liberen. Mi hijo no es ningún malandro, ningún terrorista. Mi hijo es un periodista y trabajar con María Corina Machado no es ningún delito”, insistió la señora Rosa.
Julio Balza se suma a una lista que ya asciende a 10 periodistas o trabajadores de la prensa detenidos en el contexto de las elecciones del 28 de julio pasado, de acuerdo al conteo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, detalló a Crónica.Uno que Balza, y el resto de los periodistas detenidos se encuentran en esta situación de forma arbitraria y como consecuencia de ejercer su profesión.
Explicó que ninguno cuenta con defensa privada, de modo que las autoridades pisotearon sus derechos a la defensa y a un proceso judicial justo.
Lesa humanidad
Además de Balza, recientemente detuvieron al periodista y activista Carlos Correa, de quien no se tiene información desde hace una semana cuando cinco hombres encapuchados lo interceptaron.
La desaparición forzada está regulada en el marco jurídico internacional, principalmente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, un instrumento jurídicamente vinculante que prohíbe esta práctica. Esta violación de los derechos humanos se considera un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional.
En las leyes venezolanas se encuentra en el artículo 181-A del Código Penal y establece que “la autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio».