En colegios privados, cada vez más padres optan por pagar matrículas con reparaciones: pintan aulas, arreglan tuberías y reparan mobiliario. Expertos como José Javier Salas, exdirector de la Escuela de Educación de UCAB, confirman que esta modalidad se ha normalizado para evitar deserción escolar.
Caracas. Con la llave inglesa en una mano y la preocupación en la otra, Rafael* ha cambiado las facturas por reparaciones de tuberías. Para evitar que se le cierre la puerta del colegio a sus hijos, ahora arregla goteras y pinta salones en vez de pagar mensualidades en dólares. Desde que su esposa quedó desempleada, su oficio como plomero se volvió también su forma de pago.
Sus hijos cursan cuarto grado. Para Rafael y su esposa, ofrecerles una educación de calidad es más que un deseo: es un compromiso que enfrentan “con las uñas” —como él mismo lo define— en medio de salarios reducidos y un mercado laboral incierto.
“Siempre fuimos cumplidos, incluso con adelantos si podíamos”, confiesa. Pero hace siete meses, la situación dio un giro: su esposa, administradora, perdió su empleo tras un recorte de personal.
La consecuencia fue inmediata. Sin ese ingreso, Rafael acumuló cinco meses de retraso en las mensualidades escolares, una deuda que supera los 700 dólares. Esa cifra, para alguien que trabaja por cuenta propia como plomero, resulta inalcanzable, aun cuando consigue trabajos eventuales que apenas cubren comida y servicios básicos.
“Me puse disponible para el colegio y me asignaron algunos trabajos. En vacaciones voy a pintar unos salones eso me ayuda a pagar”, relata.
En Venezuela, donde la inflación acumulada en 2024 fue de 48 %, de acuerdo con cifras ofrecidas por el propio Nicolás Maduro en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, y se ubicó en 172% interanual en abril de 2025, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), muchas familias se ven obligadas a recurrir a acuerdos informales con los colegios para cubrir los costos educativos.
Salarios devaluados
El ingreso promedio mensual por hogar, reportado por el OVF a inicios de año, apenas alcanza los 360 dólares, una cantidad insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria y, mucho menos, para solventar los gastos educativos.
Más de 50 % de la población venezolana vive en condiciones de pobreza multidimensional, reveló el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, publicado en enero pasado. Un dato imposible de contrastar, pues el Gobierno dejó de publicar estadísticas oficiales hace una década.
Ante esta situación, cada vez más padres y representantes recurren al intercambio de labores de limpieza, plomería o reparación de mobiliario por meses de matrícula escolar, como una vía para evitar la morosidad sin dejar de garantizar la educación de sus hijos.
El caso de Rafael no es una excepción. Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes de Venezuela, explica que el aumento de la morosidad en los colegios privados responde a múltiples factores.
Entre estos cita que padres que han perdido sus empleos, emprendedores con negocios en crisis y profesionales cuyos ingresos en bolívares no alcanzan el ritmo de los cobros en dólares, ni de la inflación, ni de la devaluación.
“Hay una morosidad que alcanza hasta 40 % en algunas escuelas por la pérdida del poder adquisitivo lo cual incide en la capacidad de pago”,
sostiene.
Impacto en los colegios
Frente a ese panorama, muchos padres han optado por ofrecer sus habilidades como forma de pago. “Ofrecen servicios como plomeros, albañiles y secretaría en los colegios como una alternativa de pago”, añade Vega.
José Javier Salas, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, señala que solo aquellos padres con ingresos en divisas y capacidad para adaptarse a la inestabilidad económica logran mantenerse al día con las mensualidades.
“Muchos padres hacen un sacrificio por mantener a sus hijos en el sistema privado, pero la realidad económica por las deficiencias presupuestarias que vive el país los sobrepasa”, afirma.
Salas aclara que las escuelas privadas, al ser instituciones sin fines de lucro, dependen del cumplimiento de los pagos para cubrir salarios, servicios y gastos operativos. Cuando los pagos fallan, lo primero en resentirse es la infraestructura, y luego, los sueldos de los docentes.
La consecuencia más inmediata, es que los colegios empiezan a funcionar con estructuras precarias: baños dañados, techos filtrados y menos personal administrativo.
Soluciones alternas
Fernanda* es madre de un estudiante y comenta que el colegio ha aplicado nuevas medidas para evitar el retraso en los pagos. Una de ellas es el pronto pago, que ofrece un descuento si se cancela antes de una fecha específica.
“También habilitaron el pago financiado, lo que nos ha permitido a los representantes pagar los 145 dólares mensuales fraccionados y no de un solo golpe, que a veces suele ser más cuesta arriba”,
dijo la representante.
Salas sostiene que muchas escuelas han abierto canales de mediación con los padres para asegurar la continuidad escolar. “Ofrecen descuentos en los primeros días de mes para incentivar a los padres a pagar a tiempo”, explica. A medida que avanza el año escolar, se espera que las deudas se regularicen para garantizar la entrega de calificaciones y la permanencia de los alumnos.
Vega alerta que la matrícula en los colegios privados ha disminuido notablemente, no solo por la morosidad, sino también por el impacto de la crisis socioeconómica y los cambios demográficos.
“La migración ha llevado a que colegios con varias secciones ahora tengan menos alumnos, lo que complica su viabilidad financiera y ha obligado a algunos a considerar el cierre”, aduce.
Sin embargo, cambiarse del sistema privado al público no siempre es una opción real. Vega asegura que muchos colegios privados, sobre todo los orientados a sectores vulnerables, ofrecen un mejor servicio que las escuelas públicas.
Salas confirma que la migración educativa se ha dado sobre todo dentro del sector privado: muchas familias buscan colegios más asequibles, aunque eso signifique cambiar de institución.
El derecho a la educación
La Constitución nacional establece que la educación es un derecho fundamental y un deber del Estado. Para Salas, la prolongada crisis económica y social ha deteriorado tanto el acceso como la calidad educativa, en todos los niveles.
“La falta de inversión, la obsolescencia de los programas de estudio, la escasez de materiales didácticos y la precarización salarial de los educadores son factores que han mermado la capacidad del sistema educativo para ofrecer una formación integral y de calidad”,
advierte
Hoy, miles de niños se enfrentan a un sistema público lleno de carencias y a un sistema privado que, para muchos, ya no es accesible.
Entre ambos extremos, familias como la de Rafael quedan atrapadas en un limbo, en el que hacen malabares para sostener la educación de sus hijos con lo poco que les queda a mano: su trabajo, su tiempo y una fe persistente en que algún día las cosas mejoren.
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