Padres y representantes de La Guaira piden no bajar la guardia contra el acoso escolar

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Persiste la preocupación entre la mayoría de los padres y representantes de la entidad federal, pues consideran que la inexistencia de una ley y las penurias socioeconómicas de las familias dificultan la prevención del acoso entre estudiantes.

La Guaira.- A menos de un mes para concluir el año de estudios, padres y representantes del Litoral Central exigen al gobierno nacional “no bajar la guardia” para prevenir el acoso escolar y para ello, piden la aprobación de una ley que permita prevenirlo y sancionarlo penalmente.

La solicitud se basa en que durante el mes de mayo, un total de 12 jóvenes fueron imputados por acciones de bullying contra sus compañeros de clases en una decena de liceos, escuelas y colegios privados de la región.

Johnny Martínez, presidente de la Asociación de Padres y Representantes de Vargas, señaló que las charlas, talleres y asesorías a estudiantes, docentes y directivos de planteles educativos han sido insuficientes para frenar el flagelo, que en los últimos meses se hizo viral por redes sociales.

El fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, expuso a través de su cuenta de twitter (@tarekwilliamsaab) algunos de los siete casos que se registraron en la entidad federal. También ha prometido ir más allá del Plan Nacional contra el Acoso Escolar.

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Siete casos de acoso escolar se han registrados en el estado La Guaira. Foto: Cortesía.

Sin embargo, el proyecto de ley propuesto por el Ministerio Público aún no ha llegado a la Asamblea Nacional, controlada por diputados del oficialismo. De hecho, a los 12 liceístas involucrados en los hechos, no se les imputaron delitos propios del acoso escolar.

La fiscalía 7ª de La Guaira, con competencia en responsabilidad penal de adolescentes, les imputó los delitos de lesiones personales, agavillamiento, lesiones leves y amenazas, todos previstos en el Código Penal venezolano.

No irán presos, lo que se busca es que la imputación les dé una lección y no vuelvan a incurrir en violencia contra sus compañeros de estudios”, aseguró un funcionario del Ministerio Público, quien conversó con Crónica.Uno bajo la condición de no revelar su identidad.

¿Pocos casos?

Para la autoridad única de Educación en La Guaira, Daniel González, el referido plan se aplicó con éxito y cree que ofrecerá resultados favorables, de cara al próximo año escolar. “Es un índice bajo de casos, porque tenemos aproximadamente 85 mil estudiantes en nuestras escuelas, liceos y colegios”, argumentó.

A pesar de que González insistió en el trabajo “articulado y organizado” que derivó en la formación de 35 defensorías escolares, desde el gremio local de docentes no cesa la preocupación.

No pocos profesores y maestros cuestionaron que las charlas de sensibilización y otras actividades afines solo alcanzaron a ocho de los 260 planteles públicos y privados de la entidad federal. Ello supone el 3,07% del universo de instituciones educativas.

Los planteles en los que hubo talleres para abordar la temática fueron el Liceo Bolivariano Mariano Montilla, la Escuela Técnica Robinsoniana Licenciado Aranda, la Unidad Educativa San Vicente de Paúl y el Liceo José María Vargas en Maiquetía; el colegio Escolanina Niños Cantores de La Guaira y el Liceo Bolivariano Armando Reverón en la parroquia Urimare (Cerca de Catia La Mar); la Escuela Técnica Carlos Fiol en Catia La Mar y la Escuela Nacional Bolivariana La Esperanza, en la parroquia Carayaca.

No se reportaron inducciones de esta naturaleza en escuelas y liceos del este del Litoral Central. “Hay quien cree que esto es chalequeo o bromas entre muchachos, pero la cosa se ha puesto color de hormiga”, dijo Isabel Mirabal, madre de dos estudiantes de bachillerato del Liceo Juan José Mendoza, en Caraballeda.

En los últimos días, en distintas cuentas de redes sociales se han denunciado otros casos de bullying en parroquias alejadas del cono urbano: Caruao (este) y Carayaca (oeste), pero no hubo denuncias formales por parte de afectados y sus representantes. Se estima que los agredidos provienen de familias de escasos recursos económicos.

“No hay confianza en la actuación de las autoridades policiales ni del Ministerio Público; más se puede conseguir con la labor preventiva de maestros y profesores que sí les llegan a los alumnos”, agregó Martínez.


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