A trece días de su detención arbitraria, el periodista Carlos Rafael Marcano Mogollón sigue en desaparición forzada. Desde que fue sacado de su casa, de madrugada y sin orden judicial, el Estado no ha confirmado su paradero ni condiciones, pese a informes de su presunto traslado a Tocuyito, lo que mantiene a su familia en incertidumbre y vulnera sus derechos.
Caracas. “Finalmente encontramos a nuestro hijo, Carlos Rafael Marcano Mogollón. Después de 13 días desaparecido, pudimos hallarlo”, expresó Gladys Mogollón, madre del periodista y profesor universitario, detenido de forma arbitraria el viernes, 23 de mayo.
En su mensaje, publicado la noche de este 4 de mayo, Mogollón ratificó que seguirán el camino para lograr la libertad de Marcano. Asimismo, hizo un llamado a quienes desconocen el paradero de sus familiares a “no perder la esperanza”.
En el audiovisual, la madre del joven no mencionó el centro de reclusión en el que se encuentra. Tampoco aclaró si lograron mantener comunicación con él.
No obstante, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dieron a conocer que Marcano fue trasladado a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.
Ante esta información, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció el traslado y reiteró que la detención de Marcano es “arbitraria e injusta”.
Hasta la fecha, al menos 16 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen detenidos en el país, ocho de ellos arrestados durante el año 2025.
Acusaciones
A Carlos Marcano lo detuvieron a las 6:30 a.m. del viernes, 23 de mayo, en su vivienda, ubicada en la urbanización Miranda del municipio Sucre. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que allanaron su residencia.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la aprehensión luego de que el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo vinculara a un supuesto plan para sabotear las elecciones regionales y legislativas del domingo, 25 de mayo.
Durante una rueda de prensa transmitida por el canal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello declaró que al menos 70 personas estarían involucradas en el supuesto plan, entre ellas el exdiputado Juan Pablo Guanipa.
La madre de Carlos Marcano se pronunció al respecto en sus redes sociales en las que rechazó las acusaciones del ministro.
“Carlos no es un terrorista. Es mi hijo. Es un ciudadano ejemplar. No tiene un gramo de odio. Su vida entera ha sido un acto de fe en este país. Hoy le hablo a los que lo tienen, a los que callan”, sentenció la madre quien pidió su liberación inmediata en la publicación que muestra varios clips del joven en actividades cotidianas del joven quien también es maratonista.
Opinión internacional
Después de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, diversas organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ante el incremento de prácticas represivas. En sus informes se refirieron específicamente a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a todas las personas detenidas de forma arbitraria y a garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
“Nuestra oficina sigue preocupada por las condiciones de detención, en particular la falta de acceso a alimentos adecuados y atención médica. Nuestra oficina ha verificado la muerte de al menos tres”, críticos del Gobierno detenidos desde julio de 2024”,
dijo en un comunicado el pasado 13 de mayo.
Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) expresó su “preocupación y rechazo” ante acciones que violan el debido proceso, la libertad individual y la integridad física y moral.
La OMCT advirtió que, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, se ha registrado un aumento considerable en las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, especialmente durante las manifestaciones poselectorales en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La desaparición forzada
En una nota previa de Crónica Uno, el abogado especialista en derecho penal, Joel García, explicó que la desaparición forzada constituye un delito sancionado con penas de entre 15 y 25 años de prisión.
Asimismo, alertó que al negársele información básica sobre su ubicación y estado, la persona queda completamente indefensa ante el sistema de justicia y no puede ejercer garantías esenciales. Esto incluye el derecho a la defensa, el debido proceso y la comunicación con su entorno.
“Si el Gobierno admite que fue capturada o aprehendida la persona, pero se le niega el paradero a sus familiares, igualmente estamos dentro del supuesto de desaparición forzada”, aclaró.
García enfatizó en que este delito no se configura únicamente cuando una persona es detenida en secreto, sino también cuando el Estado reconoce su aprehensión, pero oculta su paradero a los familiares o niega información sobre su situación legal y física. Por lo que, subrayó, este tipo de desaparición viola los derechos y garantías de la persona aprehendida.
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