A las afueras de los penales y centros de detención, como El Helicoide, los funcionarios informan a los familiares que no están suspendidas las visitas, llamadas y paquetería, como consecuencia de la acción militar ejecutada por EE. UU. la madrugada del sábado, 3 de enero.
Caracas. A solo tres días de su inicio el 2026 trajo consigo un muro de silencio para los familiares de presos por motivos políticos, quienes “hasta nuevo aviso” no podrán comunicarse con sus parientes.
A las afueras de los penales y centros de detención como El Helicoide, Rodeo I y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), los uniformados dieron a conocer la información, a madres, esposas, hijas o hermanas, de forma verbal.
En los centros de detención de adolescentes en conflicto con la ley también aplicaron la medida de suspensión de visitas, llamadas y derecho a recibir paquetería, como consecuencia de la acción militar ejecutada por EE. UU. la madrugada del sábado, 3 de enero.
Entrevistados por Crónica Uno, quienes pidieron el resguardo de su identidad por medidas de seguridad, destacaron que ninguno de los funcionarios comunicó que se tratara de una represalia, solo de una orden que debían cumplir.
“Los que tienen derecho a llamadas dentro de El Helicoide hicieron la última llamada el viernes (2 de enero) para que fueran a la visita del fin de semana, pero con ese rollo, la respuesta dentro de El Helicoide y Rodeo I es que queda suspendida la comunicación”.
El Foro Penal hizo un llamado en el que pidió estricto respeto a la vida e integridad de los privados de libertad.
“No tenemos información sobre su situación actual y el aislamiento al que están siendo sometidos los hace particularmente vulnerables”, señalan en un mensaje publicado la mañana del 3 de enero en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).
En el limbo
Aunque para muchos crece la tensión, para otros esta sensación no es nueva porque la padecen desde hace meses.
Aurora Silva, quien ha sido una de las caras visibles por denunciar de forma sistemática actos que vulneran la integridad de su esposo, Freddy Superlano, expresa que la preocupación para ella es cada vez mayor.
Presume que el dirigente de Voluntad Popular, detenido desde el 30 de julio de 2024, está recluido en el Rodeo I, donde a diferencia de otros penales la restricción para los políticos es mayor. No obstante, la negativa de los custodios no evita que cada semana intente entregar la paquetería y una respuesta que le diga que sí se encuentra allí.
Superlano fue trasladado de forma simultánea, junto con el periodista Roland Carreño, en agosto de 2025. De este último también se desconoce el paradero, más allá de las presunciones por averiguaciones hechas por los mismos parientes.
De acuerdo con familiares que tuvieron visita la semana previa al 24 de diciembre de 2025, los reclusos en El Helicoide recibían amenazas que advertían que “a lo que se metiera el primer gringo” iban a ir por sus familias o los iban a “matar uno a uno”.
“Hay familiares que en visitas se han despedido”, cuentan a Crónica Uno, ante el temor de la suerte que puedan correr los privados de libertad.
Zozobra que crece
La esperanza que une a muchos, a su vez, la empaña el miedo a las posibles consecuencias que la acción del gobierno estadounidense pueda tener para los suyos. Sobre todo aquellos cuyos familiares siguen bajo desaparición forzada.
“Las fiestas de por sí fueron un golpe muy duro. La niña no paró de llorar el 31 (diciembre) y no abrazó a nadie. Ayer (3 de enero) estaba feliz porque sabe que su papá debería volver con esto, pero el tema es que igual se vislumbra complejo el tablero y esto puede prolongarse”, sostiene la esposa de uno de los 16 militares desaparecidos, luego de una orden de traslado en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.
Los militares, con paradero desconocido desde el 3 de noviembre de 2025, fueron sacados del centro penitenciario bajo la promesa de ser liberados puesto a que todos habían cumplido la totalidad de sus condenas.
“La situación de incomunicación perturba demasiado y obliga a cada quien a pensar algo distinto”, lamenta.
Opacidad informativa
La madre de uno de los capitanes desaparecidos maneja que su hijo podría estar en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda.
“Yo fui hasta allá uno de los días de entrega de paquetería. Cuando estaban pidiendo los datos, le preguntaron a mi nieta los datos de nuevo y le dijeron que su papá todavía no tenía derecho a recibir nada porque todavía no lo habían dejado hacer la primera llamada”.
Reconoce que el miedo a las consecuencias que puedan poner en riesgo la vida de su hijo le genera que no denuncie de forma pública. Por eso, la madrugada del 3 de enero, al pensar en su único hijo le suplicó a Dios que lo cuidara y que lo ocurrido contribuya con su libertad.
“Él ya debería estar en la calle igual que sus compañeros. Es injusto. No tienen nombre lo que les hicieron”.
El traslado de los 16 militares de Ramo Verde a paradero desconocido ilustra lo que organizaciones de derechos humanos denuncian como un patrón de “opacidad judicial”, que suma una capa de vulnerabilidad a los detenidos, quienes ahora quedan atrapados en el limbo informativo provocado por la reciente tensión diplomática
El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López pidió este domingo, 4 de enero, que desde el próximo lunes se retomen las actividades económicas, laborales y educativas en todo el territorio nacional. En su comunicación no hizo referencia alguna a la restricción impuesta en los centros penitenciarios.
Hasta la noche del domingo el Ministerio para el Servicio Penitenciario ni el Ministerio de Relaciones Interiores habían emitido un comunicado oficial, que aclare la duración de estas restricciones o el estado de salud de las 893 personas que se mantienen privadas de privadas de libertad.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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