Karina Barbosa, madre de los dos adolescentes, dijo que se siente complacida con las medidas dictadas por el Consejo de Protección de Baruta. El organismo ordenó la reinscripción de los estudiantes, la realización de cursos de no discriminación a todo el personal y el seguimiento de la medida.
Caracas. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Baruta dictó este miércoles medidas de protección a favor de los dos hijos de Karina Babosa, a quienes el Instituto Escuela les negó la reinscripción para el próximo año escolar. Esto ocurrió luego de que la hija de Barbosa, de 13 años de edad, le diera “un piquito” (beso) a otra niña en el transporte escolar.
El consejo ordenó la reinscripción de los adolescentes en el Instituto Escuela, la realización de cursos de no discriminación a todo el personal de la institución y el seguimiento de la medida, informó en Twitter la diputada a la Asamblea Nacional y activista por los derechos LGBTI, Tamara Adrián.
Para Barbosa lo que ocurrió debe sentar un precedente. “Es un tema que legalmente está cerrado para mí. Estoy complacida con la decisión y las medidas del Consejo de Protección de Baruta. En lo subsecuente, se tiene que dar otro tipo de debate en el país. Estos tipos de actos discriminatorios no deben volver a suceder en ningún colegio, ni público ni privado”, expresó Barbosa.
Asimis, sostuvo que su hijo, de 14 años de edad, la llamó ese día para explicarle lo ocurrido y que involucraba a su hermana con otra compañera mayor que ella. “Me citaron de manera urgente en el colegio. Me explicaron lo que había sucedido y me dijeron que mi hija tenía negada la reinscripción para el año escolar 2019-2020”.
Para Barbosa, su lucha fue fundamental para que se restablecieran los derechos de sus hijos. Destacó que fue una situación que inicialmente se quiso resolver a través del consejo de protección. Pero este no respondió a tiempo y tuvo que se hacerlo público: el proceso se inició el 19 de junio y se extendió hasta el 7 de agosto cuando finalmente se dictaron las medidas.
“Estábamos encima de la fecha del fin del año escolar, veía correr el tiempo y luego le negaron la reinscripción a mi hijo mayo, algo que angustia a cualquier representante”, expresó. Aclaró que ella no sometió a su hija al escarnio público: “Levanté mi voz porque se estaba violentado un derecho”.
Adrián destacó que fue “por la inacción del consejo” lo que los llevó a publicar el caso en las redes sociales. “Ellos tenían 10 días hábiles para la resolución, de acuerdo con la Lopnna”, expresó.
El Instituto Escuela emitió el 5 de agosto un comunicado en el que expresan que fueron uno de los primeros colegios mixtos del país. “La inclusión y la no discriminación en cualquiera de sus géneros, han sido valores que desde nuestros inicios nos han caracterizado”, se lee en el documento. Agregan que “los hechos están llenos de omisiones y tergiversaciones dándole una connotación diferente a la realidad”.
El colegio alegó que no ofrecería detalles del caso porque este involucra a dos menores de edad y que este se había presentado ante las instancias correspondientes.
Pese a que el consejo ordenó la reinscripción de los estudiantes, Barbosa señaló que como familia tomarán la decisión sobre si sus hijos volverán o no al plantel. “Es una discusión puertas adentro de mi casa”, mencionó.
Durante las últimas semanas de clases la niña fue vigilada constantemente y no se le permitía ir sola al baño ni sentarse con algunas compañeras en el transporte.
La representante detalló que las autoridades del colegio le indicaron que no se trataba de una expulsión, sino que recomendaban un cambio de ambiente para su hija y que se le otorgaría una carta de buena conducta.
La denuncia tuvo repercusión no solo en las redes sociales. Varias organizaciones de defensa de Derechos Humanos se hicieron eco del caso y 40 organizaciones firmaron un documento exigiendo la restitución del derecho a la educación de ambos niños.
Adrián alertó que se trata de un problema estructural y destacó que han recibido otras denuncias por casos de discriminación vinculados a discapacidad, niños especiales o padres divorciados.
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