El politólogo Ricardo Sucre valora positivamente el resultado de la primera ronda de negociaciones que culminó este lunes 6 en México entre el Gobierno y la oposición. Sostiene que el acuerdo sobre el Esequibo implica para el oficialismo rectificar la política exterior implantada por Hugo Chávez. Mientras la oposición deberá revisar no las sanciones, pero sí sus efectos colaterales en la población.
Caracas. El politólogo y profesor universitario Ricardo Sucre valoró positivamente los dos acuerdos parciales alcanzados por los representantes de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela al cierre de su primera ronda de negociaciones en México, este lunes 6 de septiembre.
A su juicio, tanto el acuerdo que ratifica la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo como el destinado a diseñar mecanismos de protección social para la ciudadanía en medio de la pandemia tienen como finalidad comenzar a construir confianza mutua y legitimidad de cara a la población venezolana y a la comunidad internacional.
“Mi impresión general de la primera ronda de negociaciones y sus resultados es una impresión positiva. Se muestra el resultado de un trabajo hecho con paciencia, el esfuerzo de hacer una cosa bien hecha se nota en los acuerdos alcanzados, en la redacción. Tengo la impresión de que las dos partes son conscientes de que tienen que ganar no tanto la legitimidad frente a la otra parte como grupo político, sino frente al país. Me parece inteligente y políticamente acertado que hayan llegado a dos acuerdos parciales, uno político y otro social.
Hablemos del acuerdo político, un acuerdo que, por cierto, ya se había alcanzado en las negociaciones de República Dominicana, pero no se podía hacer público bajo la metodología del todo o nada. ¿Qué utilidad tiene el acuerdo sobre la soberanía del Esequibo para la gente?
—La gente lo ve como algo tradicional, pero yo no lo veo así. Este acuerdo tiene dos cosas muy interesantes. Primero, se trata de un documento en el que ambos bloques ratifican públicamente y de manera conjunta la vigencia del Acuerdo de Ginebra y desconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Esto envía un mensaje al menos de cierta seriedad a la comunidad internacional. Un mensaje que dice aquí “hay dos grupos que pueden acordar cosas sobre asuntos medulares”. Pero, además, ese acuerdo tiene un piquete favorable para la oposición respecto a su imagen dentro de la Fuerza Armada, porque, en mi opinión, más allá de la narrativa de la oposición sobre la fuerza armada, los militares no confían en la oposición porque la ven como subversiva y fragmentadora del Estado nacional. Creo que con este acuerdo, firmado en conjunto con el Gobierno, los militares pueden comenzar a ver con otros ojos a la oposición en este tema de la soberanía y bajar algunos prejuicios.
Algunas de las primeras reacciones que leí en Twitter esta mañana de parte de algunos líderes de opinión se referían a que este acuerdo le daba la espalda de alguna manera a Cuba, que históricamente ha respaldado a Guyana en su reclamo contra Venezuela. ¿Qué opina usted sobre esa lectura?
—La oposición tiene una obsesión con Cuba y no le atribuye al Gobierno alguna capacidad de maniobra y toma de decisiones propia. No sé si le da la espalda a Cuba, pero lo que sí veo es que el acuerdo plantea una revisión de la política de Chávez que buscaba apoyos en toda la región, aun a costa de poner a un lado los intereses nacionales. Y pienso que hay una revisión porque una consecuencia de esa política es que podemos perder ese territorio; tanto es así que el caso ya está en la Corte Internacional de Justicia. Por eso es interesante que el comunicado desconoce a la CIJ y ratifica el Acuerdo de Ginebra. Esto en verdad plantea una política nacional propia y muestra a dos grupos que se oponen entre ellos a hablarle al mundo en un punto común.
Efectos colaterales de las sanciones
El punto número 4 del Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo incorpora la revisión de un fenómeno denominado “el sobrecumplimiento de las sanciones”, que ocurre cuando se hace una interpretación “exagerada de percepción de riesgo”, generando efectos colaterales no deseados sobre la población. Así lo explicó el portal Banca y Negocios en 2019 a propósito de la decisión de las empresas de tecnología Oracle y Adobe de dejar de prestar servicios a Venezuela.
Al respecto, Ricardo Sucre señaló:
—El acuerdo plantea la conformación de una mesa paritaria para revisar el sobrecumplimiento de las sanciones y allí hay un piquete a favor del Gobierno. Ojo, no quiere decir que sea malo, pero pone en la discusión el tema de los efectos colaterales. Y hay que resaltar que el documento no habla de eliminar las sanciones ni de revisarlas, sino de revisar sus efectos colaterales por el sobrecumplimiento. Entonces, el acuerdo comienza a incluir los temas delicados pero en una lógica de “dando y dando”. A lo mejor para el Gobierno no sea un problema que la oposición tenga cierta legitimidad en el tema de la soberanía y la oposición no tiene problema en revisar un efecto de las sanciones que es el sobrecumplimiento como efecto colateral.
Ahora, este mismo acuerdo crea una Mesa Nacional de Atención Social inspirada, dijo Gerardo Blyde, en la Mesa Técnica para la Ayuda Humanitaria y la Mesa Técnica para Covax. ¿Cuál puede ser la garantía? ¿En qué se diferencia esta nueva instancia de las anteriores que, por cierto, el Gobierno burló?
—Las partes saben que la otra puede no cumplir. Es cierto que el Gobierno incumplió, pero creo que la oposición tampoco presentó bien las cosas, por ejemplo, cuando se hizo el anuncio de los fondos para Covax. En estos procesos todo lo que se diga puede parecer tonto pero puede tener un efecto. La forma como lo dices incide muy directamente en procesos como este. Entonces, las dos partes saben que pueden burlar los acuerdos, pero ambos reconocen lo que está detrás de este acuerdo, que es el hecho de que ellos saben que no pueden jugar con esto de nuevo, tanto por el costo de su propia imagen interna y externa como por la propia situación del país. Y esa creo que es la gran diferencia. Cada uno tiene aquí unos intereses de fondo, más allá de las posiciones que expresan. Maduro a estas alturas dice: “Yo quiero una gestión, quiero probar que puedo hacer algo y la gente votará por mi”, y la oposición dice: “Yo quiero una elección para lograr hacer más y probar que el pueblo pide un cambio”. Por eso veo que hay una hechura más inteligente en estos acuerdos.
Una diferencia entre este proceso y los anteriores es la publicidad temprana, en caliente, de los acuerdos parciales. Ya lo mencionábamos con el acuerdo sobre el Esequibo. ¿Puede ser esta una herramienta para construir confianza de la población en el proceso?
—Lo que se busca aquí, en primer lugar, es legitimar este proceso ante el público. Entonces, ayer vimos cómo sale primero el comunicado de Noruega, luego se publican los acuerdos, luego salen los voceros y ambos reconocen que es un trabajo duro y que ahora se van a definir los mecanismos de consulta a la sociedad civil. Que se haga todo esto en tiempo real me parece bien, siempre sujeto a que no se quede en palabras, porque el gran obstáculo que yo veo en estas negociaciones es la poca credibilidad que le da la gente al proceso, porque siente que va a ser más de lo mismo. Fíjate que en el comunicado de la Plataforma Unitaria hay una especie de dando y dando donde anuncian los temas a tocar la semana que viene, sistema de justicia, pero dejan claro que a petición del Gobierno se abordarán los asuntos relativos a activos en el exterior. Entonces, las partes y los mediadores están construyendo el proceso y diciéndole al país: “Es posible lograr unos acuerdos”. Ahora queda la instrumentación, ver si eso puede sobrevivir al tiempo, a la presión de los grupos, y ver si ganan legitimidad.
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