La excarcelación condicionada no ha detenido la persecución judicial contra los periodistas en Venezuela, quienes permanecen en un limbo legal y, en varios casos, afrontan un grave deterioro de su salud. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la falta de atención médica y las restrictivas condiciones que enfrentan.
Caracas. El alivio de la libertad condicional no ha cerrado las heridas que dejaron las detenciones arbitrarias para los trabajadores de la prensa en Venezuela. Bajo esa figura jurídica el proceso penal continúa o se reinicia sin que se considere terminado.
En un contexto de denuncias sostenidas de organismos internacionales por restricciones a la libertad de expresión, casi un mes después de las excarcelaciones del 14 de enero, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) denunció el precario estado de salud de quienes salieron de prisión y la situación de indefensión de quienes aún permanecen detenidos de forma arbitraria.
A través de un pronunciamiento en la red social X, el mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicado a monitorear ataques contra la libre expresión en la región alertó que los comunicadores excarcelados, parte de un grupo de 19 trabajadores de la prensa con medidas sustitutivas, enfrentan graves irregularidades en sus procesos judiciales.
Además de la prohibición de salida del país y los regímenes de presentación periódica ante tribunales, los periodistas padecen el agravamiento de enfermedades preexistentes y la aparición de nuevas patologías surgidas bajo custodia.
Expediente Centeno
Uno de los casos que más preocupa a la RELE y a los gremios nacionales, colegios profesionales y sindicatos del sector, es el del periodista Ramon Centeno.
Excarcelado el 14 de enero tras casi dos años de prisión, bajo custodia preventiva, sin sentencia firme, el periodista permanece en silla de ruedas por lesiones en la cadera que se infectaron y empeoraron en reclusión, luego de que un custodio lo empujó.
Pese a la denuncia pública de Centeno y su familia, la agresión no consta en el expediente con una versión oficial detallada de autoridades penitenciarias o judiciales.
Para Centeno, el proceso ha estado marcado por barreras físicas y emocionales. El pasado 22 de enero su madre falleció tras sufrir un ACV, accidente cerebrovascular, apenas un día después de que la audiencia fue diferida, pospuesta por decisión del tribunal. Ella era quien lo asistía en los traslados y cuidados en Caracas.
Este 2 de febrero pasado, por segunda semana consecutiva, la audiencia fue suspendida y fijada para el 4 de febrero. El proceso cumplirá dos años el 28 de febrero próximo, un lapso que especialistas consideran elevado para una causa sin sentencia definitiva.
“Desde el gremio periodístico alzamos la voz por Ramón. No es solo un proceso legal; es la vida y la salud de un comunicador”,
señaló el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
Deterioro de la salud mental
Mientras algunos intentan recuperarse tras las excarcelaciones, liberaciones condicionadas tras meses o años de detención preventiva, seis periodistas continúan detenidos arbitrariamente en Venezuela. Entre ellos resalta Marifel Lucía Guzmán Chacín, de 36 años, recluida en el estado Anzoátegui.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización gremial que documenta agresiones y detenciones de comunicadores, a casi un año de su detención, ocurrida el 7 de febrero de 2025, la periodista ha expresado a su madre, Evelyn Chacín, sus “ganas de dejar de existir”.
Marifel permanece en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el crucero de Lechería, tras denunciar en redes sociales un presunto despido injustificado en la Gobernación del estado.
Aunque el Tribunal de Control N° 1 de Anzoátegui, instancia de primera fase procesal penal, le impuso inicialmente una condena de 10 años de prisión por “incitación al odio”, tipo penal incorporado a la legislación venezolana en 2017 y aplicado con frecuencia en casos de expresión pública, Guzmán informó a su familia sobre un beneficio que redujo la pena a seis años y cuatro meses. Sin embargo, su estabilidad emocional muestra un deterioro sostenido.
“Mi hija me escribió que ya no quería vivir más. Desde entonces no he podido dormir bien”,
confesó Chacín al SNTP.
Libertad con restricciones
La RELE subrayó que las medidas impuestas a los 19 periodistas excarcelados incluyen la prohibición de declarar públicamente sobre sus casos. Esta limitación impacta directamente el ejercicio profesional y el derecho a informar. La restricción fue confirmada el 1° de febrero pasado por Francy Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas.
#Venezuela La RELE ha recibido con preocupación testimonios de periodistas excarcelados que denuncian la persistencia de restricciones arbitrarias: prohibición de salida del país, regímenes de presentación ante tribunales y prohibiciones de hablar públicamente de sus casos.
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) February 3, 2026
Fernández denunció que Rojas tiene prohibido ofrecer declaraciones a medios o realizar apariciones en redes sociales, canales habituales de trabajo periodístico y posicionamiento de fuentes. Enfatizó en que para una “reconciliación plena” es imprescindible que comunicadores y presos políticos gocen de libertad absoluta para ejercer su profesión sin censura.
El gremio sostiene que la crisis continúa. Actualmente, seis trabajadores de la prensa siguen detenidos por razones políticas. Todos con procesos judiciales cuestionados y condiciones de reclusión precarias, de acuerdo con reportes de organizaciones de monitoreo.
Operación traslado
Entre ellos figura un nuevo caso, el del periodista Pedro Urribarri, quien tras varios traslados, cambios de centro de reclusión, práctica señalada por defensores como factor de desarraigo y dificultad de defensa, permanece en la cárcel de Yare II.
A Urribarri lo detuvieron el 21 de mayo de 2025, días antes de las elecciones regionales y legislativas. Desde entonces, el reportero enfrenta un juicio por supuesta “conspiración e instigación al odio”.
Estos casos, documentados por gremios y ONG, representan un patrón de persecusión que afecta la labor periodística, la libertad de expresión y la cobertura informativa en el país.
Los detenidos enfrentan procesos judiciales largos y complejos, traslados frecuentes, condiciones de reclusión precarias y restricciones a la comunicación con el exterior, lo que dificulta su defensa y aumenta el riesgo para su salud física y mental.
Los periodistas que continúan detenidos actualmente son:
- Deivis Correa: Detenido desde julio de 2024 (El Helicoide).
- Marifel Guzmán: Detenida desde febrero de 2025 (PNB Anzoátegui).
- Rory Branker: Detenido desde febrero de 2025 (Tocorón).
- Pedro Urribarri: Detenido desde mayo de 2025 (Yare II).
- Juan Pablo Guanipa: Detenido desde agosto de 2025 (DIP, Maríperez).
Lejos de significar una liberación, la excarcelación condicional instaura un limbo jurídico. Los periodistas quedan fuera de prisión pero privado de la plena capacidad para ejercer su oficio.
Ante esta zona gris deliberada, ONG y activistas por la libertad de expresión han insistido en que es imprescindible la vigilancia activa de la comunidad internacional y el acompañamiento incesante de medios independientes y la sociedad civil, que busca ganar el protagonismo arrebatado por años de represión y persecusión gubernamental.
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