Pacientes renales en Venezuela sufren recurrentes reducciones de sesiones de diálisis por falta de suministros. Francisco Valencia, director de Codevida y de Amigos Trasplantados de Venezuela, advirtió que la escasez no es coyuntural ni atribuible solo al contexto actual, pues lleva más de diez años y es evidencia del colapso estructural del sistema.
Caracas. Alfredo* tiene 58 años y, tres veces por semana, se enfrenta a una carrera contra el tiempo: conectarse a una máquina de hemodiálisis en el centro Con+Salud, un tratamiento vital que reemplaza parcialmente la función de sus riñones, ya seriamente dañados por la hipertensión arterial estadio II.
Durante tres años ha dependido de estas sesiones, pero en enero de 2026 su frágil estabilidad se vio amenazada por la falta de insumos médicos, un problema que convirtió la rutina de su supervivencia en una incertidumbre diaria.
En las dos primeras semanas del año, a Alfredo y a sus compañeros de hemodiálisis les redujeron las sesiones a dos días por semana y a apenas dos horas y media por jornada, cuando cada sesión implica conexión a un equipo que limpia la sangre mediante filtros y soluciones especiales.
El estándar mínimo, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de cuatro horas. Este descenso marcó el primer giro en una serie de reveses que los pacientes no habían visto desde hacía meses. La medida se atribuyó a la supuesta pérdida de un galpón con insumos para diálisis en el estado La Guaira el 3 de enero pasado, tras el impacto de un misil en medio de la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
“Nos decían que eso era culpa del gobierno de los Estados Unidos. Pero la realidad es que los pacientes renales siempre hemos vivido en precariedad. Cada cierto tiempo nos reducen las horas”, detalló a Crónica Uno.
El último anuncio
El 6 de enero pasado, la exministra de Salud, Magaly Gutiérrez, anunció la llegada de insumos para diálisis al Aeropuerto de Maiquetía. Estos servirían para reponer lo perdido en el ataque estadounidense. Entonces, la funcionaria adelantó que los insumos garantizarían la atención de más de 9000 pacientes en todo el país.
A pesar de tal anuncio, que incluyó apoyo internacional para el envío de materiales a centros de diálisis. Es decir, dotaciones de filtros, soluciones y materiales descartables necesarios para cada sesión. Los pacientes no sintieron alivio permanente, lo que subraya la brecha entre promesas oficiales y la vida diaria de quienes dependen de estas terapias.
Para Alfredo, el alivio duró poco. Apenas tres semanas después, la amenaza de nuevas reducciones en las terapias regresó a la unidad de diálisis. El personal informó que los insumos enviados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ya se habían agotado y que no existía material suficiente para cubrir la demanda nacional.
Ese agotamiento marca el clímax de las dificultades diarias de Alfredo y muchos otros, como un patrón que se repite en otras unidades del país, de acuerdo con múltiples testimonios y denuncias de organizaciones civiles que trabajan por la defensa de pacientes y derechos sociales.
”El viernes 30 de enero el coordinador del IVSS nos dijo que ya no había insumos y que iba a haber una reducción de horas. Hay veces que tenemos que comprar los insumos nosotros. No nos dan los medicamentos. Ser paciente renal en Venezuela es vivir con obstáculos todos los días”,
relató.
Una larga emergencia
La cadena de malas noticias se ha vuelto cotidiana y convierte la diálisis en un riesgo constante, no en un tratamiento estabilizador. La continuidad y duración de las sesiones es clave para evitar complicaciones, pero esta emergencia no es nueva.
Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y de Amigos Trasplantados de Venezuela, organizaciones de seguimiento y defensa de pacientes crónicos y trasplantados, insistió en que la escasez en las unidades de diálisis no es un fenómeno reciente ni provocado únicamente por el contexto político actual.
”La administración pública pretende dar a entender que estos casos son recientes para justificar el bombardeo, pero la realidad es que las personas que dependen de una unidad de diálisis han tenido problemas durante los últimos diez años, los mismos en los que hemos denunciado la Emergencia Humanitaria Compleja”, explicó.
Valencia añadió que el sistema público, y en particular las unidades de diálisis, sufre la falta de personal calificado, la ausencia de plantas eléctricas, equipos que permiten mantener operativas las máquinas ante cortes de luz, y la escasez de agua potable. Este insumo es crítico porque el tratamiento requiere grandes volúmenes de agua purificada.
Deterioro sistemático
Estos problemas estructurales, cargados por el tiempo, se agravan en cada ciclo de promesas incumplidas y abastecimiento irregular. A esto se suma el deterioro de la maquinaria de ósmosis, encargada de purificar el agua del tratamiento, sistemas de filtrado especializados. También la obsolescencia de las máquinas de diálisis, que se dañan con frecuencia.
En 2019, la Organización No Gubernamental (ONG) Amigos Trasplantados de Venezuela, asociación de pacientes y familiares, había registrado en su informe que más de 50 % de las máquinas de diálisis estaban dañadas por falta de repuestos y suministros básicos. Ese diagnóstico, repetido por distintas fuentes, ilustra una tendencia que no solo persiste, sino que complica aún más cada intento individual por salvaguardar la salud.
“Las fallas en la red pública han provocado que la reducción de horas sea una constante histórica por la irregularidad en la distribución de materiales. A los pacientes los devuelven a su casa porque no hay medicamentos o, simplemente, no hay insumos básicos”,
alertó.
De hecho, en 2023 Codevida ya alertaba que 15.000 pacientes renales en Venezuela estaban en riesgo debido a fallas en los servicios públicos y al desabastecimiento. Ambos problemas persisten sin solución en la red pública desde hace más de 12 años.
Desabastecimiento crónico
La crisis no se limita a las unidades de diálisis. Quienes lograron un trasplante años atrás hoy enfrentan la escasez de inmunosupresores, medicamentos que evitan que el sistema inmune rechace el órgano trasplantado.
Andrea* es paciente trasplantada desde hace 12 años, pero tiene más de un año sin tomar Ciclosporina, uno de los fármacos base en terapias antirrechazo. El fármaco desapareció de las farmacias de alto costo, establecimientos públicos que dispensan tratamientos especializados, administrado por el IVSS.
Este patrón de ausencia de medicamentos esenciales también ha sido señalado por pacientes y asociaciones médicas como un problema crónico en la atención a trasplantados.
“Viajo todas las semanas a Caracas desde Valencia para buscar los medicamentos que debo tomar de por vida, pero siempre regreso sin medicinas o, en el mejor de los casos, con el tratamiento incompleto. Mi vida está en riesgo”.
Ella representa a las 3000 personas trasplantadas en Venezuela que atraviesan la misma incertidumbre, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV). Esta instancia agrupa y sistematiza datos del sector, hasta 2024, porque el Estado no publica cifras oficiales desde 2016.
El monitoreo del acceso a medicinas realizado por la ONG Convite, organización dedicada al seguimiento de salud y apoyo a adultos mayores, verificó que, entre 2022 y 2024, el desabastecimiento de fármacos para patologías crónicas fluctuó entre 28 % y 35 % en las farmacias del país.
Un activista del sector, quien prefirió el anonimato por seguridad, denunció que desde 2024 hay escasez de inmunosupresores como el tacrolimus, otro medicamento clave para evitar rechazo de órganos. Aunque hubo una entrega en junio de 2025, la situación no ha mejorado.
“Hay una entrega intermitente y parece selectiva; a unos les dan y a otros no. En la farmacia de Los Ruices dicen que es solo para recién trasplantados. Sin embargo, si los pacientes siguen sin este medicamento, el cuerpo va a rechazar el órgano. Se estima que 700 personas dependen exclusivamente del tacrolimus en el país”,
precisó.
Intimidación a los pacientes
La crisis médica está acompañada por una presión política sistemática, de acuerdo con denuncias de pacientes y activistas. Carlos*, quien recibe tratamiento en la misma unidad desde hace dos años, describió cómo la administración del centro médico utiliza la necesidad de los pacientes como mecanismo de propaganda.
El jueves, 5 de febrero, la administradora del centro, Alina Calderón, envió un mensaje de WhatsApp para “exigir” a los pacientes que acudieran a una concentración frente a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, en el este de Caracas, para reclamar la reposición de insumos tras el presunto bombardeo.
“Yo estoy a la espera de un trasplante que me va a dar mi hijo. Me dijeron que tenía que ir porque, si no, me iban a quitar de la lista de espera para la operación. Lo mismo le dijeron a mis compañeros”, contó.
Valencia calificó estas prácticas como una violación flagrante de los derechos humanos, garantías básicas reconocidas internacionalmente. “Es insólito coaccionar a un paciente renal y obligarlo a firmar comunicados o asistir a marchas bajo la amenaza implícita de que no recibirá su tratamiento”.
Ese cierre pone de relieve cómo la crisis sanitaria se entrelaza con prácticas de poder y obliga a reconsiderar la enfermedad renal no solo como un problema clínico, sino como un fenómeno social en el que el acceso al tratamiento se convierte en campo de disputa pública, y devuelve el foco al eje central del relato: pacientes cuya supervivencia depende de decisiones e insumos que no controlan.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
Lea también:
Gestión de la nueva ministra de Salud se medirá en los servicios de oncología