Se espera que esta semana se revelen los nombres de quienes serán los nuevos funcionarios a cargo del Poder Ciudadano, la demora en el proceso se debe, según los parlamentarios, a la falta de consenso entre distintos sectores políticos dentro del Parlamento.
Caracas. El Palacio Federal Legislativo se prepara para un anuncio inminente. Tras el fin del asueto de Semana Santa se espera que la Asamblea Nacional (AN) anuncie los nombres de quienes ocuparán las sillas de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Lo que institucionalmente debería ser un proceso de blindaje para los derechos humanos en Venezuela, llega a su etapa final y arrastra las mismas denuncias de siempre: opacidad, parcialidad a cargo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y vicios de origen.
El 25 de febrero Tarek William Saab, fiscal general por casi 10 años, designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron su renuncia a la AN que las admitió y activó el comité de postulaciones para la elección de los nuevos funcionarios que ocuparán estos cargos.
Sin embargo, ha pasado más de un mes sin que se concrete la designación de estas figuras del Poder Ciudadano. El proceso con 76 postulados a fiscal y 78 aspirantes a la Defensoría del Pueblo espera un “consenso” al que ha sido difícil llegar, de acuerdo con el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez.
Para Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), este proceso no ha sido más que una carrera de obstáculos para la transparencia.
“Se está adelantando sin apego a los estándares mínimos de participación ciudadana y rendición de cuentas”, advirtió la abogada, para quien la importancia de estos cargos en la protección del Estado de Derecho es inversamente proporcional a la claridad con la que se eligen.
Un comité de espejo partidista
La primera señal de alerta, explicó Borges en entrevista con Crónica Uno, reside en la propia arquitectura del Comité de Postulaciones. Aunque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano exigen una integración diversa que refleje a distintos sectores de la sociedad, la realidad es otra.
“El comité ha sido integrado únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista”.
Destacó que al excluir a la sociedad civil de este órgano técnico, se anula el principio de pluralidad. El riesgo, según la experta, es evidente pues se compromete la independencia de los elegidos, lo que crea un sistema de “lealtades políticas” que prevalece sobre el compromiso con el ciudadano.
Además, la ausencia del baremo para la selección de quienes ocuparán estos cargos impide a la sociedad civil venezolana entender cómo se mide la probidad de los elegidos por el Parlamento nacional.
En la jerga técnica, el baremo es la regla de medir. La herramienta que permite evaluar con puntajes objetivos si un aspirante tiene la capacidad, la idoneidad y la probidad para el cargo, para evitar que el favoritismo o la subjetividad decidan la partida. Este es uno de los puntos más críticos, que señalan los expertos.
“La Ley del Poder Ciudadano establece justamente la obligación de contar con baremos para la postulación y también para la evaluación de los miembros de este poder. Esto ayuda para que el proceso sea transparente. Este baremo debe ser público y la ciudadanía puede conocer si la selección se ha realizado con esos estándares. Lamentablemente no se ha informado sobre la existencia de estos parámetros”,
señaló Beatriz Borges.
Sin esta herramienta a la vista de todos, insistió, la ciudadanía queda a ciegas, sin posibilidad de verificar si quien asume la Fiscalía o la Defensoría posee realmente las credenciales necesarias o si su nombramiento responde a un acuerdo a puerta cerrada.
Entre la lealtad y el mérito
Pese al panorama de hermetismo, la sociedad civil ha intentado poner nombres sobre la mesa que desafíen la lógica partidista. Borges destacó una candidatura en particular como un “ejemplo emblemático” de lo que el país necesita: la profesora Magaly Vásquez.
Para la directora de Cepaz, perfiles como el de Magaly Vásquez representan una oportunidad de cambio real debido a su reconocida independencia y alta capacidad técnica.
“Son candidaturas que desde la ciudadanía uno aspira, personas con la más alta capacidad que ocupen esos cargos por sus méritos y no por lealtades políticas”.
No obstante, el cargo de fiscal parece ya tener un designado desde el mismo 25 de febrero, cuando fue nombrado para sustituir a William Saab de forma temporal, el abogado Larry Devoe, quien ocupó posiciones jurídicas y diplomáticas dentro del gobierno chavista.
En cuanto al cargo de defensor del pueblo, ahora es el exfiscal Tarek William, quien está al frente temporalmente mientras eligen al que ocupará este cargo.
Los requerimientos de la sociedad civil
En un comunicado, que firmaron al menos 15 organizaciones de la sociedad civil y activistas por los derechos humanos, exigen a la Asamblea Nacional “garantizar la plena transparencia de todas las etapas de selección y designación”, “publicar los criterios de evaluación aplicados a las candidaturas”, “permitir un escrutinio público amplio y la participación de la sociedad civil”.
En el comunicado, que difundió Cepaz, exhortan también a que las designaciones “respondan exclusivamente a criterios de independencia, mérito y compromiso con los derechos humanos”.
Para las organizaciones de derechos humanos una designación carente de independencia debilita directamente el acceso a la justicia y deja a los venezolanos sin una defensa institucional real ante los abusos de poder. No obstante, la pelota está en la cancha de una Asamblea que, en elecciones anteriores ha preferido la cercanía política sobre la probidad técnica.
“Y si creemos que en el conjunto de lo actual y en el momento en el que estamos, es ideal para cumplir con la Constitución elegir una persona que ocupe la Fiscalía o una persona que ocupe la Defensoría del Pueblo y que se identifique por sus méritos y no por las lealtades políticas”, acotó Borges.
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