Suspensiones y retrasos en el sistema Patria aumentan precariedad de sus beneficiarios

Las suspensiones de bonos como el bono de Guerra y Amor Mayor afectan a miles de venezolanos, especialmente docentes y jubilados. La discrecionalidad política, los cupos limitados y fallas del sistema Patria generan incertidumbre y precariedad económica generalizada.

Valencia. El mensaje solía llegar entre el 21 y el 25 de cada mes. Un SMS desde el número 3532 —el canal automático del sistema Patria— confirmaba que el bono había sido depositado. En septiembre apareció el día 22. Después, solo quedó el silencio.

Elvira Robles enviudó hace casi cuatro años. Poco antes de morir, su esposo consiguió, a través de una conocida que trabajaba en un registro civil de Valencia, que ella accediera al bono Amor Mayor, un subsidio estatal destinado a adultos mayores sin pensión.

Le llegó en noviembre y diciembre; en enero dejó de percibirlo y, desde febrero de 2023, comenzó a recibir el bono de Guerra, asignado mediante la plataforma Patria, el sistema digital del gobierno para la entrega de ayudas sociales.

Nunca fue mucho dinero, aclaró Robles a Crónica Uno. Aun así, esos 40 dólares mensuales —calculados según el tipo de cambio oficial— le permitían comprar medicinas, pagarse un corte de cabello o tomarse un café sin pedir ayuda. Tras la viudez, dependía en gran medida del ingreso de su hijo, y ese monto fijo se convirtió en un pequeño margen de autonomía.

Cada depósito venía acompañado de un mensaje con tono patriótico y su número de cédula. El de septiembre fue el último. “Por l@s venezolan@s. Con el empeño y trabajo, superamos, nos reinventamos en defensa de la patria. La paz y soberanía son nuestro puerto y abrigo”, decía el texto.

Desde entonces, la espera se volvió una constante. No hubo notificación ni explicación previa. Solo la ausencia del mensaje.

Ni el voto la salvó

Se define como antichavista, opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, ante rumores persistentes sobre suspensiones por razones políticas, terminó votando por el oficialismo. El temor a perder el bono pesó más que su convicción.

“Voté en la consulta por el Esequibo y con mucha vergüenza digo que voté en las legislativas por el Psuv. De igual modo sabía que se robarían las elecciones, pero tuve que hacerlo, por muy poco que sea, ese dinero sirve para algo”.

Nada cambió. A mediados de diciembre, Elvira contaba las semanas para no completar tres meses sin el beneficio, un lapso que, según denuncias, suele marcar la suspensión formal.

Buscó respuestas en portales de noticias. Respondió encuestas de la plataforma Patria, actualizó datos, escribió al número habilitado para reclamos. Ninguna acción surtió efecto. Cada intento fallido erosionó la expectativa de una solución.

“Unos decían que había que responder todas las encuestas de la plataforma Patria, lo hice y no pasó nada, actualicé datos y repetí la acción en noviembre y no pasó nada tampoco. También leí que había que mandarle un mensaje al número de Patria reportando la no llegada del bono, tampoco surtió efecto”.

La pérdida del bono afectó su ánimo. Dice que dejó de tener fuerzas para las tareas del hogar. A la angustia se sumó la situación de su hijo, quien perdió gran parte de sus ingresos.

“Mi hijo desde enero perdió tres de sus cuatro trabajos y gana menos de $500 cuando antes pasaba de $1000. Me termino sintiendo una carga”.

¿Castigo?

El miedo a que esto ocurriera siempre estuvo presente. En otras ocasiones el bono llegó con retraso. Pensó que esta vez sería igual. No lo fue. “Pensé que en octubre sería así, pero estaba totalmente equivocada”, lamentó.

Al cumplirse casi tres meses sin recibir el pago, recordó un episodio ocurrido en septiembre. Envió su currículum a la filial de Petróleros de Venezuela (Pdvsa) en Camoruco, una sede regional de la estatal petrolera, para optar a un puesto de limpieza. El salario rondaba los 350 dólares, muy por encima del ingreso mínimo nacional.

“La paga eran de unos $350 y eso alivianaría las cosas por la casa, pero la mejor amiga de mi hijo, que fue a la que le envié el CV si me comentó que debía eliminar cualquier tipo de red social en donde expresara mi rechazo al gobierno. La verdad no le di importancia, pensé que realmente nadie se fijaría en mi Twitter y que eso sería solo psicoterror”.

Nunca la llamaron. Poco después, el bono dejó de llegar.

Crónica Uno consultó a una extrabajadora de la Alcaldía de Valencia, quien consideró probable que se haya hecho una revisión del perfil y que la exclusión haya operado como “castigo”, sin notificación formal.

Sin cupo

Otra fuente, esta vez de la Alcaldía de San Diego, municipio del estado Carabobo, explicó que el gobierno redujo los cupos de ingreso en la plataforma Patria. Antes, el acceso al bono de Guerra era casi automático para los empleados públicos. En los últimos meses, nuevos trabajadores quedaron fuera.

Según esta versión, los cupos solo se liberan cuando alguien renuncia o es despedido, un mecanismo que no está regulado por ley. Incluso así, hay casos en los que el sistema marca el pago como asignado, pero nunca se deposita en el banco.

“Cuando alguien renuncia o es despedido su cupo es transferido; solo después que los entes descentralizados otorguen el cupo”.

Asimismo, puntualizó que conoce a dos personas dentro de la Alcaldía a los que nunca les llegó el bono de Navidad. “La página marca como que si, pero nunca logra caer al banco”.

Las sospechas sobre un uso político de las suspensiones crecieron durante 2025, cuando la Fundación para la Organización, Defensa e Investigación Sindical (Fordisi) denunció la eliminación del bono a miles de docentes del sector público.

Su directora, Gricelda Sánchez, calcula entre 8000 y 15.000 suspensiones mensuales, en la mayoría de los casos sin justificación clara.

De forma general, los organismos oficiales atribuyen estas medidas a inasistencias laborales o errores del sistema, versión respaldada por la Federación Venezolana de Maestros. En Carabobo, una fuente sindical indicó que las suspensiones suelen extenderse por tres meses.

Viaje sin retorno

Otras razones para suspender el bono son por los viajes al extranjero. En foros de jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), algunos usuarios aseguran que el bono se suspende luego de permanecer tres meses fuera del país y se reactiva al regresar. Otros afirman que nunca fue interrumpido, incluso tras estancias prolongadas.

“Yo salí en diciembre de 2024 y cuando regresé en julio se reactivó y me pagaron el mes de agosto ya que siempre es un mes adelantado”.

Pero no a todos es así, como denunció Mariana Ferrer, quien adujo que su madre estuvo casi un año en Colombia y jamás se lo suspendieron. “Yo era la que aceptaba el bono aquí en Venezuela y lo transfería a su cuenta”.

Neyda Mendoza y Delfina Duno, otras beneficiarias de la plataforma, coincidieron en que las suspensiones ocurren por un supuesto un cruce de datos entre el sistema Patria y el Saime, el organismo de identificación y migración. Otras señalan a las jefas de calle, figuras comunitarias del oficialismo, como intermediarias en reportes que derivan en suspensiones discrecionales.

“Una vecina fue una tonta al decirle a la jefa de calle, hasta la sacó del grupo de WhatsApp, ella regresó al mes al país porque fue por unas diligencias y no se lo devolvieron”.

Cobrar desde el más acá

Las contradicciones abundan. En Tocuyito, municipio Libertador de Carabobo, Tomás Somoza aún cobra el bono de su madre, fallecida hace cuatro años. Reconoció que esta práctica es irregular, pero dice que el dinero le permite sobrevivir con un salario mínimo insuficiente.

Además de este caso uno de sus vecinos de esa localidad aseguró que también vive una situación similar, pero con su padre. Los dos* pidieron omitir su identidad por temor a perder el beneficio.

“Yo sé que es ilegal cobrar el dinero de un muerto, pero como verás el salario mínimo no alcanza y ese bono créeme que nos ayuda mucho, nos ayuda a guapear. Si el gobierno llegara a quitárnoslo, hay que de verdad agarrarse bien esos pantalones y que Dios nos agarre confesados”, afirmó.

Aunque algunos usuarios reciben sus pagos, la suspensión de bonos como el bono de Guerra y Amor Mayor afecta a miles de venezolanos, especialmente a jubilados, docentes y trabajadores públicos. La discrecionalidad política, los cupos limitados en la plataforma Patria y los retrasos administrativos generan una incertidumbre constante.

Para muchos, estos subsidios representan uno de los pocos ingresos fijos disponibles. Su ausencia profundiza la precariedad económica, alimenta la sensación de injusticia y deja a los beneficiarios bajo un sistema opaco. La entrega de ayudas sociales en Venezuela sigue marcada por la arbitrariedad, la desigualdad y la vulnerabilidad de quienes dependen de ellas.

(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.

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