La jornada de movilización se replicó de manera simultánea, en las inspectorías regionales de todo el país, como parte de un plan nacional que mantendrá su agenda de lucha en las calles y que continuará el 12 de marzo próximo con una protesta masiva.
Caracas. Al grito de “Luchamos por salario, democracia y libertad”, trabajadores activos, jubilados y pensionados afiliados a 115 organizaciones gremiales se concentraron este jueves 26 de febrero frente a la sede del Ministerio del Trabajo, ubicada en Plaza Caracas, para entregar un pliego con 17 exigencias que reclaman al Estado reivindicaciones salariales.
El clamor de los trabajadores también resonó en 20 estados del país a través de una movilización nacional. Desde las 9:00 a. m., obreros, docentes, empleados y jubilados del sector público y privado elevaron sus reclamos en un solo grito para exigir al ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, la toma de acciones inmediatas para la recuperación del poder adquisitivo y el cese de la persecución sindical.
La jornada de protesta se replicó de manera simultánea en todas las inspectorías regionales del país como parte de un plan nacional de movilización que continuará su agenda de lucha en las calles, con el objetivo de visibilizar las demandas de los trabajadores ante autoridades locales y nacionales.
El fin de la contratación colectiva
Raquel Figueroa, dirigente del Colegio de Profesores de Venezuela, denunció que el movimiento de trabajadores enfrenta una política deliberada que destruye el salario y el valor del trabajo. Esto implica la sustitución de los sueldos por bonos discrecionales, la paralización de las negociaciones colectivas y la informalidad laboral.
Durante la manifestación, la vocera leyó el documento con los 17 puntos. Entre las peticiones destaca el establecimiento de un salario y una pensión mínima acorde con el monto de la canasta básica, el conjunto de bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades básicas de una familia, como alimentos, vivienda, transporte y salud, como lo establece el artículo 91 de la Constitución.
Otra de las exigencias que figura en el escrito es la eliminación de los bonos con el objetivo de transformarlos en salario real con incidencia en el pago de las prestaciones sociales.
En el documento se solicitó al Ejecutivo el cese de la persecución y criminalización de la protesta, así como la derogación del instructivo Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y del memorando 2792, normas administrativas que regulan los pagos del sector público y que han sido criticadas por reducir derechos laborales.
Realidad de jubilados y del sector petrolero
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV), advirtió sobre un saqueo sistemático contra los jubilados y destacó el caso de los extrabajadores del Ipasme, instituto de previsión social del sector salud y petrolero, quienes tras 30 años solo reciben montos irrisorios.
Bodas atribuyó esta situación a las políticas económicas aplicadas desde 2018, especialmente al instructivo Onapre y al memorando 2792.
El 11 de octubre de 2018, el Ministerio del Trabajo dictó el Memorándum 2792 con el supuesto objetivo de “uniformar” y “racionalizar” todas las escalas salariales de la administración pública. Sin embargo, gremios y expertos lo consideran el “punto de partida” de la destrucción de la contratación colectiva en el sector público. Eto en referencia a la disminución de los derechos laborales históricamente negociados.
En cuanto a libertad sindical, la FUTPV contabiliza 112 trabajadores petroleros privados de libertad. Todos detenidos por razones vinculadas a su labor gremial o protesta sindical.
“Recientemente ingresaron más de 1.000 millones de dólares provenientes del petróleo a este país y no ha llegado ni un dólar para los jubilados ni los trabajadores. Hoy reclamamos nuestros derechos legales, contractuales y la libertad para los presos políticos, en especial dirigentes sindicales presos”.
destacó Bodas
Ofelia Rivera, docente jubilada, participó en la manifestación con pancarta en mano para reclamar sus derechos. Tras décadas de labor académica como docente V, percibe apenas 330 bolívares quincenales del Ministerio de Educación y 130 bolívares mensuales como pensionada, cantidades que están muy por debajo de lo necesario para cubrir necesidades básicas en Venezuela.
Ante el colapso del sistema educativo, Rivera se reincorporó al Colegio Pedagógico de Caracas. No obstante, por 18 horas de apoyo docente, solo recibe 92 bolívares adicionales.
“Pareciera que existe una guerra contra los trabajadores y la situación es deprimente. Si no fuera por la ayuda de mis hijas, no podría sostenerme”, lamentó.
Anuncio de una movilización nacional
A las 10:30 a. m., tras una hora de concentración, una comisión de cinco representantes gremiales ingresó al despacho del Ministerio del Trabajo. En el despacho entregaron el pliego de exigencias.
Luego de la entrega, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, informó a la multitud sobre los resultados del encuentro y los próximos pasos de la ruta de protesta, lo que implicará acciones futuras que mantendrán para presionar por los derechos laborales.
La dirigente anunció para el 12 de marzo próximo una jornada de movilización nacional. Ese día se cumplirán cuatro años del último decreto de aumento salarial, vigente desde 2022, cuando el salario mínimo se fijó en 130 bolívares. Desde entonces, no ha habido modificaciones oficiales al sueldo base.
El Ejecutivo ha centrado sus ajustes en el “Ingreso Mínimo Integral”, compuesto por bonificaciones (cestaticket y Bono de Guerra Económica) que no inciden en prestaciones sociales, vacaciones ni aguinaldos. Esto limita el impacto real de los aumentos salariales sobre la calidad de vida de los trabajadores.
Contreras envió un mensaje al ministro Eduardo Piñate: la clase obrera no descansará hasta que se cumplan los artículos 91 y 92 de la Constitución, que establecen el derecho a un salario justo y a la seguridad social.
“Le informamos oficialmente al ministro que a partir de este momento con este pliego de exigencias se inicia la movilización de los trabajadores en defensa de su derecho a vivir con dignidad a través de un salario suficiente”,
enfatizó.
Retraso judicial y exigencia de libertad
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, denunció irregularidades procesales con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Señaló que la solicitud de aumento salarial, introducida el 2 de febrero, aún no ha sido admitida por la Sala Constitucional, lo que retrasa la revisión oficial de un derecho laboral reconocido por la ley.
Según Apitz, las autoridades designaron a la magistrada Tania d’Amelio para recibir esta demanda, quien disponía de un plazo de cinco días para admitir el trámite. “Me informaron que el documento permanece engavetado, lo que significa un retraso de 15 días”, detalló.
La jornada culminó con una convocatoria inmediata al Palacio de Justicia para exigir la libertad plena de los 22 dirigentes sindicales y trabajadores que continúan detenidos de manera injusta, es decir, retenidos sin proceso legal que justifique su encarcelamiento por motivos laborales o políticos.
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