Mayra Vivas, transportista de Petare, cumplió nueve meses sin su autobús, retenido por supuesto “uso político”. El gremio denuncia la confiscación arbitraria de otras 49 unidades y pide una solución a la crisis del sector.
Caracas. Mayra Vivas, socia desde hace seis años de una línea de transporte que cubre la ruta Petare-Presidente Medina en el municipio Sucre, lleva nueve meses con su unidad retenida por las autoridades, quienes alegan su presunta participación en el traslado de opositores durante la campaña electoral de 2024.
Vivas cuenta que su autobús fue interceptado el 8 de julio pasado en la autopista Francisco Fajardo con pasajeros a bordo. Los funcionarios lo confiscaron bajo el argumento de estar “fuera de ruta”.
“Bajaron a todos los pasajeros y se llevaron el autobús. Posteriormente, me llamaron para que me presentará en la sede de Maripérez, donde me informaron que el carro estaba retenido por participar en manifestaciones”,
explica Vivas.
Añade que hasta la fecha no ha podido conocer el estatus de su unidad. A pesar de visitar diversas sedes policiales en Caracas, la respuesta es siempre la misma: el autobús no está allí.
“He ido al Helicoide, al Sebin y al Digencim, pero en ninguno lado me dan información. Hay conocidos que han visto el autobús, pero pintado”.
José Luis Trocell, integrante del comando intergremial del sector transporte, afirma que actualmente hay 50 unidades retenidas a en el país bajo la misma acusación de estar fuera de ruta.
“Si una unidad está fuera de ruta se le debe aplicar una infracción administrativa que corresponde por parte del INTT. No se justifica que el Estado secuestre los vehículos por más de ocho meses”,
enfatiza Trocell.
De acuerdo con el representante gremial, muchos transportistas dependen directamente de sus unidades para el sustento familiar y llevan 10 meses sin poder trabajar. Por ello, el gremio solicita una reunión urgente con el fiscal general –designado por la extinta ANC–, Tarek William Saab, pues los funcionarios policiales aseguran no poder ofrecer respuestas a sus reclamos.
Afectación económica
Vivas asegura que el Estado afecta gravemente sus ingresos mensuales, que eran el principal sostén de su hija pequeña. Actualmente, dependen únicamente del salario de su hija mayor, que no supera los 100 dólares mensuales.
“Aunque la unidad esté retenida, debo seguir pagando los impuestos y los servicios correspondientes al autobús, ya que sigo siendo la representante legal del vehículo. Esto es completamente injusto”, denuncia Vivas.
Una tarifa justa
Para garantizar la continuidad del servicio público de transporte, es imprescindible indexar y ajustar la tarifa a la moneda de mayor valor, según el representante del sector. Esta sería, según Trocell, la única vía para que las unidades puedan seguir operativas.
El sistema de transporte enfrenta una crisis marcada por variables políticas y económicas, por la que los transportistas carecen de recursos para el mantenimiento preventivo o correctivo de sus vehículos.
“El sistema de transporte requiere un pasaje mínimo de 0,50 centavos de dólar, ya que la tarifa actual está totalmente devaluada y no cubre las necesidades básicas de un transportista”,
argumenta Trocell.
Los transportistas deben afrontar costos de impuestos, insumos y servicios fijados en divisas o en bolívares al tipo de cambio del dólar paralelo.
Trocell señala que el gremio apoya la propuesta de Fedecámaras de establecer un salario mínimo de 200 dólares mensuales. La realidad es que los usuarios han dejado de utilizar el transporte público porque sus ingresos no les alcanzan para pagar el pasaje diario.
Sin subsidio estatal
Las reuniones entre el gremio de transporte y el Ministerio de Transporte desaparecieron hace años debido a la falta de compromiso gubernamental.
“Hace cinco años, el ministerio nos ofrecía el subsidio ABC, que consistía en dotar a los transportistas de aceite, cauchos y baterías. Sin embargo, este apoyo ya no existe. El único subsidio vigente es el de la gasolina, que resulta insuficiente para trabajar”, afirma.
A su juicio, la situación del transporte público se agrava día a día, con conductores afectados por la devaluación del bolívar frente al bajo costo del pasaje y el deterioro de la flota.
Ante esto, advierte que el sector se encamina hacia la misma crisis de 2017, cuando más del 50 % de la flota quedó inoperativa debido a la incapacidad de los propietarios para cubrir los costos de mantenimiento.“Necesitamos líneas de crédito para poder adquirir nuevas unidades”.
Situación en el interior del país
Carlos Méndez, directivo del Sindicato Punto Motor del Estado Lara, describe una grave crisis en el transporte de esa región. Los pasajes, cuyo costo oscila entre 15 y 20 bolívares, resultan insuficientes para cubrir los costos operativos, ya que los transportistas deben pagar insumos y servicios en dólares o euros.
Méndez detalla que la demanda de pasajeros ha caído drásticamente en Lara, donde la cantidad de usuarios ha disminuido hasta en un 95%. Esta situación provoca que muchos vehículos circulen casi vacíos y algunos transportistas abandonen sus rutas.
“Es necesaria una intervención gubernamental para ajustar las tarifas y así evitar la desaparición del transporte. Para las rutas del interior del país se requiere una tarifa de 1,7 dólares, debido a que la situación es más crítica que en la capital”,
afirma Méndez.
Por su parte, Trocell menciona que, aunque ha habido cierta mejora en la distribución de combustible subsidiado en varias zonas del país, el suministro sigue siendo crítico en estados fronterizos como Táchira y Zulia, donde se registran interrupciones de hasta 20 días para surtir gasolina o gasoil.
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