Tras dos décadas de reformas las fallas en la justicia venezolana aún persisten y el Gobierno quiere otra más

fallas en la justicia venezolana

Expertos rechazan la petición que Nicolás Maduro hizo a la cuestionada Constituyente para que revise el Poder Judicial, pues creen que su objetivo real no es mejorarlo sino reforzar su control sobre él.

Caracas. “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. Nicolás Maduro ni nadie en el chavismo parece haber escuchado jamás esta frase del científico Albert Einstein. Al menos esto es lo que deja ver su solicitud a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que revise el funcionamiento de la justicia venezolana y la someta a un “gran proceso de cambio”.

“Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros (…) que nadie se sienta ofendido o triste, pero tenemos que cambiar muchas cosas (…) Por eso me atrevo a proponer a la ANC que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio a todas las estructuras del Poder Judicial”, dijo el mandatario el pasado 31 de enero, desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a donde acudió al acto de Apertura Judicial.

Maduro parece olvidar que desde 1999, es decir, casi desde el mismo momento en que el chavismo se hizo con el poder, el Poder Judicial ha sido sometido al menos a cuatro grandes reformas, las cuales más allá de costarle el puesto a miles de jueces, no han servido ni para erradicar la corrupción ni otros problemas como el retardo procesal o la falta de independencia.

Haciendo memoria

La primera gran sacudida que sufrió la justicia ocurrió a los meses de que el fallecido Hugo Chávez llegara al poder y al amparo del proceso constituyente que este impulsó. Así la primera Constituyente chavista decretó la llamada Emergencia Judicial, que lideró también el desaparecido Manuel Quijada y gracias a la cual unos 491 jueces fueron destituidos, bajo acusaciones que iban desde enriquecimiento ilícito a baja productividad.

Este primer proceso, el cual estuvo plagado de denuncias de abusos, no funcionó porque en mayo de 2001 el TSJ decretó una reforma judicial y en el marco de ella inició el proceso de adjudicación de cargo de jueces mediante concursos de oposición, como manda la Constitución. Empero esta segunda revisión también fue interrumpida. “Ganaban los abogados más preparados y más difíciles de controlar, mientras que los que tenían amigos en el TSJ no pasaban”, reconoció un funcionario que vivió la organización de estas pruebas.

La tercera depuración se inició en 2005, con la llegada a la Presidencia del máximo juzgado de Omar Mora Díaz, quien puso en marcha el llamado Plan de Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial (Premius), cuyo objetivo era depurar el sistema judicial y acabar con uno de sus principales cuestionamientos: la provisionalidad de los jueces, la cual para la época rondaba 80 %, mediante cursos de formación de quienes ya ocupaban un tribunal y la posterior celebración de exámenes orales y escritos.

En la primera fase de este proceso se produjo otra gran purga en los tribunales, la cual fue liderada por el defenestrado magistrado Luis Velásquez Alvaray, quien desde la Presidencia de la Comisión Judicial removió a unos 600 jueces. Sin embargo, esta tercera sacudida al menos consiguió uno de sus objetivos: redujo sensiblemente la provisionalidad reinante en los tribunales. Al año de la aplicación del Premius, 1140 árbitros superaron los nuevos concursos y se hicieron con un juzgado, según cifras del TSJ, no pudiendo ser removidos sin ser sometidos a un proceso disciplinario.

En 2009, el máximo juzgado anunció una nueva “reestructuración integral del Poder Judicial” para combatir “a fondo la corrupción, la inseguridad y la impunidad”. Decisión a la que solo se opuso la entonces magistrada Blanca Mármol de León (Sala Penal).

Pese a estos antecedentes el presidente de la cuestionada Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró la semana pasada que ya está trabajando en la tarea que les fue encomendada, aunque sin ofrecer muchos detalles de la misma.

Excusas para controlar

El anuncio de Maduro fue cuestionado por académicos y exmiembros del máximo juzgado, los cuales coincidieron en afirmar que el objetivo de esta nueva reforma no será mejorar el sistema sino reforzar el control que el Gobierno ya ejerce sobre él.

¿Yo me preguntaría para qué hacer esto ahora? Tiene el Poder Judicial arrodillado. Será para ponerlo a imagen y semejanza del cubano, se limitó a decir Mármol de León.

En similares términos se pronunció el exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, quien afirmó: Una reforma judicial en manos del Gobierno solo se hará para consolidar el poder del Ejecutivo y garantizar la titularidad de jueces de la ‘Revolución’. Maduro no se va a desprender de su poder sobre el TSJ y sobre la administración de justicia, ya que ello equivale a la posibilidad de que se decrete su muerte política. El anuncio de una reforma judicial es un simple y grosero ardid político para sorprender a incautos en su buena fe.

Por su parte, el también magistrado emérito del TSJ, Fernando Vegas Torrealba, dio por descontado que este proceso arrojará el mismo resultado que los demás, es decir, no resolverá los problemas que afectan el buen funcionamiento de los tribunales y como prueba esgrimió la decisión de Maduro de nombrar a Delcy Rodríguez como su representante en la comisión de la Constituyente.

Interrogado sobre la razón por las cuales las demás reformas fracasaron, el exintegrante del TSJ achacó la culpa a las gestiones de Luisa Estella Morales y Gladys Gutiérrez, de las cuales dijo se limitaron a “ofrecer cajitas felices a los jueces que pidieran jubilaciones especiales [tempranas] y así abrir espacio para nombrar a otros complaciendo peticiones de ministros, gobernadores, diputados y militares (…) Esto dio al traste con lo que fue un proceso para construir un Poder Judicial bueno y premiado en la Cumbre Judicial Iberoamericana (…) Esta gente lo destruyó como el resto del país”.


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