La ONG Una Ventana a la Libertad asegura que la sobrepoblación en los centros de detención preventiva en el país impide que los reclusos y reclusas sean clasificados por delitos y grado de peligrosidad, una de las deudas pendientes tras la creación de la Comisión Especial, en junio de 2021.
Maturín. El 30 de junio de 2021, los diputados de la Asamblea Nacional Elvis Idrogo y Roberto Messuti llegaron a Monagas para dejar instalada la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.
A pocos días de cumplirse tres años de la instalación, la plana mayor del sistema de justicia visitó el estado para reforzar el proyecto, que tiene como prioridad la revisión de los casos en retardo procesal.
El relanzamiento ocurre luego de que detenidos en los calabozos de la Policía del estado Monagas, Polimonagas, realizaron una protesta el pasado sábado, 18 de mayo, para rechazar la reducción de los días de visitas, restricción en el ingreso de alimentos y agua y hacinamiento.
130 familiares se sumaron al reclamo y se quedaron dentro de las celdas luego de la visita. Con la protesta buscaban llamar la atención de las autoridades del recinto, organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de la Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y del Ministerio Público.
En efecto, el día martes, 21 de mayo, fuentes internas del cuerpo policial informaron a Crónica.Uno, sobre la presencia de una comisión designada por el sistema judicial y de los cuerpos policiales, para negociar con los privados de libertad y familias.
“Comenzaron a revisar los expedientes y como primer paso, las evaluaciones médico forenses. Nadie entra y nadie sale. Este albergue cuenta con 318 reclusos”, indicó.
Comisión presidencial
En junio de 2021, el presidente Nicolás Maduro conformó la Comisión Especial para la Revolución Judial. Entonces, ordenó un lapso de 60 días para la reestructuración del sistema de justicia y debían solucionar el tema del hacinamiento y retardo procesal en los calabozos de detención preventiva y prisiones.
A finales del mismo mes, Elvis Idrogo y Roberto Messuti, integrantes de la comisión se trasladaron a Monagas para iniciar las tareas asignadas. Comenzaron por el Cicpc, Conas, PNB, Polimaturín y finalmente Polimonagas, por concentrar mayor número de privados.
El 1° de marzo de 2023, el presidente del Circuito Judicial, Jorge Arzolay; el gobernador del estado, Ernesto Luna; y diputados nacionales instalaron la Comisión Estadal. Mientras familiares de reclusos esperaban sentencias y liberaciones.
En esta ocasión, la Comisión Presidencial que arribó a Monagas la conformaron la magistrada Elsa Gómez, presidenta de la Sala de Casación Penal y Coordinadora Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente; el diputado a la AN Julio García Zerpa, primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior; Giuseppe Casioppo, viceministro para los Servicios Penitenciarios, y Daniel Ramírez, coordinador nacional de la Defensa Pública.
En rueda de prensa, Gómez resaltó que buscan humanizar y sensibilizar el proceso judicial, donde se garanticen el acceso directo a la justicia, como derecho universal, a los procesados y condenados.
Aunque no hizo mención de la situación particular en Polimonagas, declara que “vamos evitar los hacinamientos en los reclusorios y cumplir con los tiempos establecidos por la Constitución Bolivariana, el Código Penal y demás estatutos legales para todo procedimiento judicial que sostenga un ciudadano, conservando los derechos, principios, garantías e igualdad para ambas partes”
Además, explicó que esta comisión “cumplirá con la importante función de examinar los casos, uno a uno, con el propósito de verificar, de acuerdo a los estatutos penales, lo que procede y la obtención de algún tipo de beneficio procesal”.
La tarde del sábado, 25 de mayo, una semana después de la protesta, la magistrada Gómez difundió en su cuenta de Instagram un video de la jornada realizada en Monagas. Daniel Ramírez, coordinador nacional de la Defensa Pública, hizo lo propio y mostraba desde el Palacio de Justicia la liberación de un grupo de privados de libertad vestidos de amarillo que salían al encuentro con sus familias.
Protesta
El sábado, 18 de mayo, circularon por diferentes grupos del servicio de mensajería de WhatsApp, videos en los que los privados de libertad exigían garantías y respeto a sus derechos. En específico exigían la restitución de los dos días de visitas, cese de traslados a cárceles en diferentes regiones del país y acceso a la salud.
Con rostros cubiertos, aseguraron que son pocas las horas que pasan con los suyos y de continuar los cambios de sitio de reclusión, fuera de Monagas, las madres de los detenidos no podrán ayudar a sus hijos con comida y ropa.
“En ocasiones recibimos maltratos de los mismos policías por órdenes de sus superiores. Queremos también que dejen ingresar a los niños, para poder compartir con nuestros hijos e hijas”, indicaron en el material audiovisual.
Restricción en visitas
En los alrededores del comando general de la Policía, en la avenida Bella Vista de Maturín, también se concentró otro grupo de mujeres en apoyo a sus familiares privados de libertad.
María Carpio reveló que en la actualidad solo pueden visitar a los detenidos un día a la semana. Esta situación agudiza las complicaciones de salud, higiene y alimentaria de los detenidos.
“Antes las visitas eran los días martes y sábado y solo dejaron uno. Cada vez que venimos los custodios nos notifican que solo tienen acceso las madres o esposas de los detenidos”, cuenta.
Cuestionó las reglas de exclusividad, con las que se privilegia a algunos detenidos y “privan a que demás familiares tengan contacto con ellos. Si no eres mamá o cónyuge no te dejan pasar. Ellos están doblemente presos”.
Reina Goitia, familiar, añadió que la dificultad se presenta no solo al ingresar al retén para compartir con los detenidos, sino que pasar alimentos, agua o colchonetas representa un atropello.
“A las 11:00 a. m. entregamos la comida y ellos la reciben pasadas las 2:00: p. m. Ellos tienen un cocina eléctrica pero no pueden hacer mucho por la falta de alimentos y los cortes prolongados de energía eléctrica”, dice.
Otra pariente, la cual se reservó su identidad, comentó que la comida proporcionada por el cuerpo policial es de pequeña proporción y desbalanceada, además en horarios irregulares por el tema eléctrico.
Alertó que también hay adolescentes que comparten celdas con el resto de los detenidos, la mayoría esperan sentencia o juicio por diferentes delitos.
Hacinamiento e insalubridad
Estela Rondón, madre de un detenido, narró que su hijo debe presentarse cada 15 días, o cada mes en el Palacio de Justicia, sin embargo, luego que lo trasladan las audiencias y juicios son diferidos.
Queremos que este proceso se agilice. En los calabozos hay muchas personas con enfermedades que pueden contagiar a los demás y no contamos con el dinero necesario para costear los medicamentos”, explica.
De acuerdo con una evaluación realizada por la ONG Una Ventana a la Libertad, publicada el 8 de mayo pasado, el hacinamiento en los centros de detención preventiva en el país no solo provoca la propagación de enfermedades “sino que impide, además, que los reclusos y reclusas sean clasificados por delitos y grado de peligrosidad”.
En el estudio los investigadores destacaron que “el hacinamiento tampoco permite separar a los detenidos enfermos de los hombres y mujeres que aparentemente están sanos. Las personas que se encuentran recluidas en calabozos policiales no reciben tratamientos médicos adecuados y no se les hace un protocolo de ingreso para saber si están o no enfermos”.
La organización apunta que esta situación de sobrepoblación en los centros de detención preventiva genera riñas y muertes violentas entre los internos, como sucedió en febrero de 2021, cuando un conflicto entre los detenidos dejó el saldo de un fallecido y otros 16 heridos, tras la explosión de una granada fragmentada.
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