La Unión Interparlamentaria Mundial determinó que la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez (PSUV) y que se instaló el pasado 5 de enero, fue “elegida con reglas que contradicen el derecho interno y las obligaciones internacionales para los procesos electorales”. En consecuencia, la AN dominada por el PSUV no podrá contar con una representación ante la UIP con voz y voto.
Caracas. La 143º Asamblea General de la Unión Interparlamentaria Mundial reunida en Madrid, España, acordó desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela instalada el pasado 5 de enero bajo la presidencia de Jorge Rodríguez (PSUV).
En la resolución aprobada este martes, la UIP considera que la Asamblea Nacional que emergió de la votación realizada el 6 de diciembre de 2020 “ha sido elegida con reglas que contradicen el derecho interno y las obligaciones internacionales para los procesos electorales”.
En consecuencia, los integrantes del Parlamento presidido por Rodríguez no tendrán ni voz ni voto en las reuniones y grupos de trabajo de la Unión Interparlamentaria Mundial, ente que reúne a congresistas de más de 170 países del mundo.
Reacciones
La diputada de la Asamblea Nacional 2016-2021, Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), celebró el dictamen de la UIP por considerar que fue el resultado de 10 años de lobby ante ese organismo, para dar a conocer no solo los atropellos contra los derechos humanos y políticos de los diputados venezolanos desde 2011, sino de denunciar el socavamiento del Poder Legislativo como órgano de representación popular.
“Como jefe de la delegación de Venezuela ante la UIP, hoy vemos el fruto de 11 años de trabajo. La UIP desconoce la legalidad del proceso del 6 de diciembre de 2020 desconociendo la AN usurpadora. La UIP reafirma su condena a la grave persecución política contra los legítimos parlamentarios de la Asamblea Nacional electos en 2015. En el informe aprobado por unanimidad se reitera la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela”, escribió Solórzano en Twitter.
Por su parte, el comisionado presidencial de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, emitió un comunicado público en el que resaltó la decisión adoptada por el organismo multilateral.
“Maduro intentó el 6 de diciembre de 2020 engañar al mundo libre con una elección fraudulenta que dio origen a un parlamento sin legitimidad nacional e internacional. Esta acción de la UIP es un espaldarazo a la lucha democrática del pueblo venezolano, y un nuevo repudio al régimen de Maduro por socavar la institucionalidad del Parlamento, violar DDHH y pretender ganar reconocimiento con farsas electorales”, sostuvo Borges.
Revés para el oficialismo
Como se recordará, el pasado 23 de agosto, una delegación de la UIP encabezada por el presidente del organismo Duarte Pacheco, e integrada por Nassirou Bako-Arifari, Alejandra Reynoso Sánchez y Samuel Cogolati, del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios; y Juan Pablo Letelier y Esther Anyakun del Comité Ejecutivo, arribó a Venezuela, atendiendo una invitación de Juan Guaidó, por un lado y de Jorge Rodríguez por el otro.
El objetivo de la misión era doble: por un lado verificar in situ las denuncias que desde 2011 se han ido acumulando en la UIP sobre las violaciones y atropellos contra los derechos humanos de los parlamentarios venezolanos; y por el otro lado, determinar si la Asamblea Nacional electa en 2020 cumplía con la legitimidad de origen requerida para ser parte de la UIP a partir de 2021. Durante su estancia en el país, los delegados de la UIP se reunieron con representantes de la oposición y del oficialismo.
El reconocimiento de la UIP era importante para el PSUV porque se trata de un foro de alcance global que le permitiría amplificar la narrativa en la que se presenta al gobeirno venezolano como víctima de bloqueos, ataques y complots trasnacionales; sino para reforzar su discurso sobre la existencia de una democracia con respaldo popular.
Con el desconocimiento de la UIP a la Asamblea Nacional presidida por el PSUV el oficialismo suma un nuevo revés político y diplomático este año, junto a la decisión de la Corte Penal Internacional de pasar el expediente Venezuela I a fase de investigación o la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, entre otros.
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