La designación de Larry Devoe y Eglée González Lobato no sorprendió y, en cambio, ratificó, de acuerdo con diputados opositores, la falta de independencia institucional del país.
Caracas. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional designó este jueves, 9 de abril, a los nuevos representantes del Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, sin mayores sorpresas.
En esta ocasión se cubrieron las vacantes del Ministerio Público y la Defensoría. Como fiscal general de la República fue nombrado el abogado Larry Devoe, quien ya se desempeñaba como encargado de la institución desde hace más de un mes; mientras que a la también jurista Eglée González Lobato la designaron como defensora del pueblo.
Con el voto en contra de apenas 10 de los 185 parlamentarios que integran el Parlamento, se aprobaron los nombres de Devoe y González Lobato para estos cargos, tras más de mes y medio en los que el comité de postulaciones recibió la documentación de 155 aspirantes, una cifra récord de participación, según afirmó el coordinador de esta instancia, Giuseppe Alessandrello.
Sin embargo, aunque el propio comité había preseleccionado a 32 elegibles para la Fiscalía y 37 para la Defensoría del Pueblo, las designaciones no resultaron sorpresivas, pues ya circulaban en redes sociales e incluso se habían adelantado con el nombramiento de Devoe tras la renuncia de Tarek William Saab, anterior fiscal general de la República, y la posterior postulación de su nombre ante la plenaria por parte de la bancada chavista.
En vano el diputado opositor Henrique Capriles, parte de la bancada del Grupo Parlamentario Libertad, propuso como fiscal a la abogada y profesora Magaly Vásquez, destacando su experiencia como abogada, académica y el respaldo que tenía su postulación desde las universidades del país.
Capriles terminó su participación asegurando: “si queremos que este país cambie, esta es una oportunidad para escoger a una persona sin militancia política, independiente, poner al frente a una persona que defienda la Constitución y las leyes de la República”.
Los elegidos
González Lobato es abogada y, de acuerdo con el propio perfil descrito por el diputado David Uzcátegui, quien la postuló, es doctora en Ciencias, especialista en Derecho Administrativo y profesora universitaria.
Conocida públicamente como exasesora jurídica del Poder Electoral, Tiene más de 25 años de trayectoria en áreas como el derecho público, la gobernanza democrática, los procesos electorales y el fortalecimiento institucional.
Uzcátegui, al defender su postulación, resaltó que no ha militado en ningún partido político. Este argumento contrastó con la propuesta de la bancada del Grupo Parlamentario Libertad, que postuló a Marialbert Barrios, exdiputada del Parlamento.
Por su parte, el nuevo fiscal general es también abogado especializado en Derechos Humanos, fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos desde 2014 y además se desempeñó como agente del Estado ante el Sistema Interamericano.
Egresó de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y cuenta con estudios en Derecho Constitucional, la rama del derecho dedicada al estudio de la Constitución y su aplicación.
Cuestionamiento
Previo a Semana Santa, al menos 15 organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos exigieron a la Asamblea Nacional “garantizar la plena transparencia de todas las etapas de selección y designación”, “publicar los criterios de evaluación aplicados a las candidaturas”, “permitir un escrutinio público amplio y la participación de la sociedad civil”.
El comunicado, difundido por Centro de Justicia y Paz, organización venezolana dedicada a la defensa de derechos humanos (Cepaz), también exhortó a que las designaciones “respondan exclusivamente a criterios de independencia, mérito y compromiso con los derechos humanos”.
Para las organizaciones, una designación sin independencia debilita directamente el acceso a la justicia y deja a la ciudadanía sin una defensa institucional efectiva ante posibles abusos de poder.
No obstante, la decisión recae en una Asamblea que, en procesos anteriores, ha privilegiado la cercanía política por encima de la solvencia técnica.
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