Un nueva lista de funcionarios fueron sancionados este 10 de enero por la U. E. , EE. UU., Reino Unido y Canadá por haber cometido delitos que atentan contra la democracia venezolana.
Caracas. A través del reglamento de ejecución 2025/44 aprobado este jueves, 9 de enero, de 2025, la Unión Europea (U. E.) oficializó una serie de sanciones personales contra 15 altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, por su vinculación en un presunto fraude electoral ejecutado en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
Entre los sancionados se encuentran la presidenta y vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia magistradas Caryslia Rodríguez Rodríguez y Fanni Márquez Cordero respectivamente, así como los magistrados Inocencio Figueroa y Malaquías Rodríguez, miembros de la salas Constitucional y Político-Administrativa.
Del Poder Electoral se incluyó a cuatro funcionarios: Rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Antonio Meneses Rodríguez secretario del poder electoral venezolano, Conrado Pérez Briceño rector suplente y la rectora Rosalba Gil Pacheco, quien se desempeña como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE y también es miembro de la Junta Nacional Electoral.
Fiscales, jueces y militares
Igualmente, la U. E. sancionó al Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, Luís Dueñez Reyes, y al juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia de Venezuela Edward Briceño Cisneros.
La lista también incluye a funcionarios de los cuerpos de seguridad. Entre estos figuran Alexis Rodríguez Cabello y Miguel Muñoz Palacios, director y director adjunto del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El mayor general Elio Estrada Paredes, comandante general de Guardia Nacional Bolivariana, Asdrúbal José Brito director del Departamento de Investigaciones de la DGCIM y el Mayor General Domingo Hernández Lárez comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cierran la lista de sancionados por la Unión Europea.
El reglamento de ejecución ya mencionado justifica las sanciones con los siguientes argumentos:
“A la luz de los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela y de la falta de avances hacia un diálogo liderado por Venezuela que conduzca a la restauración de la democracia y del Estado de Derecho, y teniendo en cuenta la grave y persistente situación de los derechos humanos en el país, el Consejo considera que deben incluirse a quince personas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo IV del Reglamento (UE) 2017/2063”.
Ya suman 70
Las primeras sanciones de la UE contra funcionarios venezolanos se dieron en 2017, luego de las intensas manifestaciones antigubernamentales que fuerzas de seguridad del Estado reprimieron y en las que murieron decenas de personas.
En ese entonces, el Consejo prohibió la exportación de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión interna en Venezuela, equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y recursos económicos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos contra los derechos humanos.
Con esta lista ya suman 70 los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sobre los que pesan sanciones de la Unión Europea, entre los que también se encuentran Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Sandra Oblitas, Elías Jaua, Antonio Benavides Torres, entre otros.
Nuevos sancionados por EE. UU.
Por su parte, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.) también autorizó nuevas sanciones contra ocho funcionarios venezolanos que dirigen agencias económicas y de seguridad claves, que permiten la represión y la subversión de la democracia en Venezuela por parte de Maduro.
La lista la encabeza el presidente de Petróleos de Venezuela Héctor Andrés Obregón Pérez, nombrado por Maduro en agosto de 2024 y el ministro de Transporte Ramón Celestino Velásquez Araguayán quien también se desempeña como presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), la aerolínea estatal venezolana sancionada por Estados Unidos.
También fueron se incluyó a Félix Ramón Osorio Guzmán actual viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio de Interior y Justicia. Osorio anteriormente se desempeñó como comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela y Danny Ramón Ferrer Sandrea nombrado el 12 de noviembre de 2024 como viceministro del Sistema Integrado de Investigaciones Penales.
Los comisarios Douglas Rico y Jhonny Salazar Bello, director y subdirector del CICPC, fueron los únicos funcionarios policiales sancionados.
Los mayores generales Manuel Enrique Castillo Rengifo y José Ramón Figuera Valdez subcomandante del Comando de Operaciones Estratégicas (CEOFANB) de la FANB y comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del Distrito Capital, cierran la lista de 8 funcionarios sancionados por la OFAC.
Ningún ciudadano o empresa con sede en EE. UU. podrá realizar negocios o actividades comerciales con los funcionarios antes descritos.
Aumento de la recompensa
En el comunicado emitido por las autoridades norteamericanas también establecen que “como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos, el Departamento de Estado está aumentando las ofertas de recompensa de hasta $25.000.000 cada una por información que conduzca al arresto y/o condena de Nicolás Maduro y del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello”.
A esta lista fue agregada una nueva recompensa de hasta $15.000.000 para el Ministro de Defensa nombrado por Maduro, Vladimir Padrino López.
“El Departamento de Estado también impuso nuevas restricciones de visado en virtud de la Proclamación Presidencial a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión”, precisan.
Cabe destacar que con este aumento en las recompensas, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello llegan a un renglón donde solo se encontraban el exlíder de la organización terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden y su sucesor Aymán az Zawahirí.
Reino Unido también se pronunció
El Reino Unido ha sancionado hoy 10 de enero de 2025 a 15 nuevas personas asociadas con Nicolás Maduro.
Las personas identificadas bajo las sanciones estarán sujetas a prohibiciones de viaje y congelación de activos. Esto implica negación de entrada a Reino Unido y les impedirá manejar fondos o recursos económicos en el Reino Unido.
Los funcionarios sancionados son: Asdrúbal José Brito Hernández, Director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Calixto Antonio Ortega Ríos, magistrado del TSJ, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Vicepresidente del CNE, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Presidenta del TSJ, Domingo Antonio Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacionales de las FANB.
Además, fueron incluidos en la lista Elio Ramón Estrada Paredes, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Magistrado, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Malaquías Gil Rodríguez, Tania d´Amelio Cardiet, magistrados y magistradas del TSJ, Miguel Antonio Muñoz Palacios, Subdirector del Sebin, y Rosalba Gil Pacheco, Rectora del CNE.
Reacción canadiense
Casi tres horas después de culminado el acto de juramentación de Maduro, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció nuevas sanciones de ese país contra 14 altos funcionarios y exfuncionarios venezolanos, en el marco del Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Venezuela).
Estas sanciones responden a la implicación de los sancionados en violaciones de derechos humanos, especialmente tras la controvertida reelección de Maduro en julio de 2024. Las medidas se alinean con acciones recientes de aliados como EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea, reafirmando el apoyo a la población venezolana.
En el comunicado, que se publicó en el portal web Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, la funcionaria canadiense expresó una firme condena hacia las acciones de Nicolás Maduro y enfatizó que la democracia y el estado de derecho no son garantizados y deben ser defendidos.
Asimismo, Joly subrayó la importancia de no permitir la erosión del proceso democrático ni la represión de los ciudadanos que buscan expresar sus derechos.
“Las acciones descaradas de Maduro demuestran que la democracia y el estado de derecho no pueden darse por sentados. No toleraremos la erosión del proceso democrático ni la represión de los ciudadanos que intentan expresar sus derechos. Canadá ha apoyado y seguirá apoyando al pueblo de Venezuela y su deseo de vivir en una sociedad pacífica y democrática”, ratificó Joly.
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