Se cumple un mes de la operación de las fuerzas armadas estadounidenses que lograron la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores del país. Desde entonces hubo cambios políticos, económicos y en la relación diplomática con los Estados Unidos.
Caracas. Hace un mes, en la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos (EE. UU.) bombardeó zonas de la capital y de otras tres ciudades de Venezuela, y capturó y sacó del país a Nicolás Maduro y Cilia Flores, entonces gobernante y primera dama, respectivamente. A la operación militar la llamaron Absolute Resolve —nombre en inglés usado como clave operativa—.
Ese mismo día, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que EE. UU. “manejaría” Venezuela y la comercialización de su petróleo —principal fuente histórica de ingresos del país— hasta lograr una transición segura hacia la democracia. Delcy Rodríguez, por su parte, asumió el poder, como autoridad provisional tras la ausencia de Maduro, rechazó la incursión extranjera y exigió la liberación de Maduro y Flores.
El Gobierno venezolano reportó que el ataque dejó unos 100 muertos, en su mayoría militares —según cifras oficiales no auditadas de forma independiente—. Indicó que el bombardeo afectó parte del sistema eléctrico, servicios de telecomunicaciones y un almacén de insumos del programa de diálisis y nefrología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
En las últimas cuatro semanas, bajo la vigilancia de Washington —con supervisión política y operativa de autoridades estadounidenses—, se sucedieron casi a diario anuncios que meses atrás parecían impensables.
Desde la excarcelación de presos políticos hasta la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la llegada de la encargada de negocios de EE. UU. para Venezuela, máxima representante diplomática en ausencia de embajador, con el objetivo de abrir su embajada en el país.
Estos son algunos de los hechos que explican qué ha ocurrido en Venezuela desde la incursión militar de Trump, el 3 de enero pasado.
Conmoción activada
El decreto de Estado de Conmoción Exterior —figura que permite restringir garantías en contextos de amenaza internacional— se preparó desde septiembre de 2025. Maduro anunció la medida como un mecanismo de defensa ante amenazas externas. Esa versión no se publicó ni tuvo efectos legales, al no aparecer en gaceta oficial.
A raíz los bombardeos del 3 de enero, se anunció su activación. El decreto fue validado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no se hizo público de inmediato. Cuando el texto comenzó a circular por canales oficiales, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios denunciaron que la norma limita el derecho a reuniones y manifestaciones públicas, derechos protegidos en la Constitución.
Otro punto que genera preocupación es el artículo 5, que ordena castigar la “promoción o apoyo” de ataques extranjeros. El decreto no define qué abarcan esos términos ni exige un vínculo comprobable con acciones bélicas —criterio jurídico básico para atribuir responsabilidad—.
Expertos señalaron que estas ambigüedades fomentan la autocensura, porque cualquier crítica puede interpretarse como conspiración o respaldo a enemigos externos.
La presidenta encargada
Ante la ausencia de Nicolás Maduro en el país, la noche del 3 de enero la Sala Constitucional del TSJ —instancia que interpreta la Constitución— ordenó nombrar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, cargo temporal mientras se define la jefatura del Ejecutivo.
El 5 de enero, luego de la instalación del nuevo período legislativo de la Asamblea Nacional (AN), Rodríguez se juramentó en el cargo.
En sus discursos ha insistido en resolver los conflictos con Washington por “la vía diplomática” y el diálogo. En el poder hizo cambios en el gabinete ministerial y en el mando militar.
Tanto Trump como el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio —jefe de la diplomacia estadounidense—, reconocen a Rodríguez en su nuevo rol. Ambos coinciden en que la funcionaria colabora con la administración de Washington para encaminar a Venezuela.
Por el contrario, figuras como la líder opositora María Corina Machado insisten en que la Presidenta encargada es parte de la estructura criminal del régimen chavista.
Sin reconocer a los presos políticos, Gobierno anuncia excarcelaciones
El 8 de enero, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez —también jefe negociador del oficialismo en procesos de diálogo—, anunció que se efectuaría la excarcelación de un “número importante de personas venezolanas y extranjeras como un acto unilateral”.
Aseguró que se trataba de “un gesto” del Gobierno para la búsqueda de la paz. No dijo cuántos saldrían de prisión ni cuándo, ni tampoco bajo qué condiciones.
Cientos de familiares acudieron de inmediato y con expectativa a distintas cárceles del país. El proceso comenzó lento y con poca información pública, sin listados oficiales ni cronogramas.
A varios privados de libertad los sacaron de los centros de reclusión en vehículos con vidrios oscuros, de madrugada, y los dejaron en otras zonas, sin notificación previa a parientes o abogados.
De acuerdo con la más reciente cifra ofrecida por el Gobierno, en casi un mes se produjeron más de 800 excarcelaciones. No se ha publicado una lista oficial, pero dijeron que la entregarán al alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para su revisión.
Muchos familiares siguen a la espera de nuevas liberaciones. Para el 2 de febrero, el Foro Penal —organización no gubernamental que documenta detenciones políticas— precisó que permanecen 687 presos políticos en Venezuela, 182 militares, 87 mujeres y un adolescente.
La mayoría de los excarcelados tiene medidas como prohibición de salida del país y de declarar a medios —restricciones judiciales posteriores a la liberación—.
Petróleo exprés
Pocos días después de la incursión militar, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) anunció la primera venta directa de crudo a refinerías de EE. UU. en años, tras un largo período de sanciones. Concretado ese envío, se propuso y aprobó de forma exprés una reforma de la Ley de Hidrocarburos —norma que regula la explotación petrolera— para dar base legal a este nuevo esquema.
El principal cambio incluido en la reforma es que ahora las empresas extranjeras pueden tener control total de sus proyectos y operar pozos petroleros sin depender de Pdvsa —sin obligación de empresa mixta estatal—, algo que antes estaba prohibido.
Esta venta, supervisada por EE. UU. —con monitoreo financiero y operativo—, aportó los primeros dólares frescos al país después de la operación militar.
“El petróleo que está sancionado… vamos a dejar que vaya al mercado… A cambio, los fondos se van a depositar en una cuenta que vamos a monitorear nosotros y ellos van a gastar ese dinero para el beneficio del pueblo venezolano”, dijo Marco Rubio el 28 de enero al comparecer frente al Senado.
Se reactiva el movimiento estudiantil
Casas de estudio como la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se pronunciaron a través de comunicados contundentes y reafirmaron su compromiso con la reconstrucción del país.
Coincidieron en que el Estado de Conmoción no debe servir de excusa para anular la autonomía ni los derechos ciudadanos, y también pidieron la liberación de todos los presos políticos.
En paralelo, el movimiento estudiantil, actor histórico de protesta en Venezuela, se ha reactivado, en especial con el acompañamiento a familiares de privados de libertad durante la espera, con apoyo logístico y moral.
También ha realizado pronunciamientos públicos y manifestaciones en favor de la libertad, el cese de la persecución a la disidencia y el respeto a los derechos humanos.
Regreso por lo alto
Uno de los cambios más llamativos del mes fue el anuncio de la aerolínea American Airlines, una de las mayores compañías aéreas de EE. UU., el jueves 29 de enero, sobre el restablecimiento de vuelos sin escalas entre Venezuela y EE. UU., con lo que cesará una suspensión de operaciones de siete año, por sanciones y riesgos operativos.
“La aerolínea mantiene un estrecho contacto con las autoridades federales y está lista para comenzar los vuelos a Venezuela, una vez que obtenga la aprobación del gobierno y se completen las evaluaciones de seguridad”, dijeron en un comunicado.
Amnistía y anuncio del cierre de El Helicoide
El 30 de enero, Delcy Rodríguez anunció un proyecto de Ley de Amnistía general —perdón penal colectivo— para “delitos políticos”, que abarcaría desde 1999 hasta el presente.
Aseguró que era una decisión de Nicolás Maduro y Cilia Flores, con quien dijo estaban teniendo intercambios, aunque ambos permanecen en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico, entre otros delitos.
La presidenta encargada también anunció que El Helicoide —sede del servicio de inteligencia Sebin—, catalogado por organismos nacionales e internacionales como centro de tortura, se transformará “en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”.
Pese al anuncio, las organizaciones de derechos humanos mantienen la cautela. Advierten que es necesario investigar los crímenes denunciados en esa locación y que alrededor de la Ley de Amnistía, es necesario reconocer que cientos de presos nunca debieron estarlo.
De encargada a encargada
La encargada de negocios de EE. UU. para Venezuela, Laura Dogu —una conocida diplomática de carrera—, llegó a Caracas el sábado 31 de enero. Señaló que su prioridad es “restablecer canales oficiales y trabajar por la estabilidad de la región”.
Su presencia pone fin a años de ruptura diplomática y marca el regreso físico de los delegados de Washington a su embajada ubicada en el sector Valle Arriba, en el municipio Baruta.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Dogu viene con la misión de coordinar las relaciones con el Gobierno, la oposición y la sociedad civil venezolana. Así como ayudará a gestionar el retorno de migrantes, y para vigilar la recuperación del sistema eléctrico tras la incursión.
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